El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes el recurso del Gobierno contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley gallega de acompañamiento a los presupuestos para 2023 (Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas) y suspende estos preceptos relacionados con la normativa de costas.

El Consejo de Ministros aprobó el 25 de septiembre presentar recurso de inconstitucionalidad contra estos artículos al no alcanzarse acuerdo en la Comisión Bilateral con la Xunta, que ahora admite a trámite el TC. Paralelamente, está pendiente que el Constitucional se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la ley gallega de litoral de julio de 2023.

En concreto, los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley de acompañamiento limitan a un plazo de 15 años el plazo de obligación de restitución de obras ilegales en zona de dominio público marítimo-terrestre y abre la puerta a su regularización tras ese periodo, lo que choca con la legislación estatal. Por su parte, el Gobierno alega que los citados artículos podrían vulnerar las competencias del Estado para la determinación del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre (artículo 132.2 de la Constitución) y la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral (art. 149.1.23ª).

En los preceptos suspendidos se recoge el "ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia para la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre" y la "prescripción de la obligación de restitución o reposición de la legalidad por infracciones reguladas en la normativa en materia de costas cometidas" en dicha zona.

Asimismo, los magistrados también han acordado, a petición del Ejecutivo, suspender la aplicación de los preceptos recurridos, desde la fecha de interposición del recurso (28 de septiembre de 2023) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.

El PPdeG pide que el Gobierno reconsidere su decisión y negocie con la Xunta

La portavoz del Mar del Grupo Popular, Teresa Egerique, demandó hoy en el Pleno del Parlamento gallego que el Gobierno central reconsidere su decisión sobre la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia y que se siente a negociar con la Xunta una norma que se fundamenta en las legítimas competencias exclusivas que le reconoce el Estatuto de Autonomía a la Comunidad gallega.

También pidió que el Gobierno de Pedro Sánchez despeje todas las dudas respeto de los Planes de ordenación de los espacios marítimos (POEM), fomentando estudios sobre las aficiones de la eólica a los medios marinos y los impactos socioeconómicos. Egerique puso de manifiesto "la contradicción del BNG respeto de la eólica marina: por un lado, se erigen en defienda del sector industrial gallego; y, por otro, fagocitan o boicotean todo tipo de alternativa energética, necesaria y fundamental para cumplir con la normativa europea y para aprovechar nuestros recursos naturales".

"Tras el cierre de las centrales térmicas en la Comunidad gallega y el cambio a un mix energético con predominancia de renovables, Galicia debe hacer frente a una pérdida de cerca de 2.000 megavatios", concretó. En este contexto, destacó que "Galicia aspira a ser un referente en el desarrollo de la eólica marina, porque consideramos que es una oportunidad con más de 1.200 millones de euros de inversión previsto en fabricación de aerogeneradores y la creación de 8.000 puestos de trabajo", indicó la portavoz popular.

En este contexto, Egerique destacó "la importancia que cobra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral, que el mismo Gobierno que ignoró a Galicia para aprobar los POEM recurrió ante el Constitucional el pasado 10 de octubre". "Lamentamos que el Gobierno de Pedro Sánchez había presentado este recurso directamente sin iniciar antes un proceso de diálogo con la convocatoria de una comisión bilateral, al tiempo que se basan en un supuesto informe del Consejo de Estado del que el Gobierno gallego carece de información alguna", indicó.

Egerique subrayó que "Galicia tiene plenas competencias para ordenar su litoral, como lo reconoce el artículo 27 de su Estatuto de Autonomía y como avaló el Consello Consultivo de Galicia y antes el propio Tribunal Constitucional".