• La Xunta estudia un posible recurso tras el fallo que anula el acuerdo sobre la Vía Ártabra

A CORUÑA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) –

Los servicios jurídicos autonómicos estudian la presentación de un posible recurso tras las resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre el proyecto de la Vía Ártabra y la anulación del acuerdo del Consello de la Xunta.

En un comunicado, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
ha avanzado "un importante retraso en la ejecución de las obras de conexión de la Vía Ártabra con la AP-9 como consecuencia de unas sentencias que cuestionan el procedimiento sucesivo para la aprobación del proyecto de las obras, pero no la decisión técnica sobre el trazado de la infraestructura".

La Consellería lamenta "el perjuicio para la seguridad viaria, para la competitividad y para la vertebración de la comarca de A Coruña causado por la ofensiva judicial emprendida por el Ayuntamiento de Cambre sobre cada uno de los trámites realizados para el desarrollo de esta infraestructura fundamental".

"A pesar de dificultar el desarrollo de las obras, el Ayuntamiento de Cambre no consigue el objetivo perseguido con sus acciones judiciales, lograr que el punto de entronque entre la Vía Ártabra y la AP-9 se sitúe en Cuatro Caminos".

A este respecto, descarta que sea posible conseguir respaldo técnico a esa propuesta del Ayuntamiento de Cambre "por ser más perjudicial para la seguridad viaria, por ser físicamente inviable y por ser completamente contrario al criterio del Ministerio de Transportes, que debe autorizarlo".

"Los proyectos de trazado sobre los que se sustenta el proyecto constructivo de la Vía Ártabra fueron aprobados por el Gobierno bipartito en el año 2009, fecha en que se fijó el punto de entronque en A Gándara", apunta el departamento autonómico.

Además, añade que las sentencias dictadas ahora por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia "son consecuencia de las decisiones adoptadas por aquel gobierno en relación con el procedimiento para la aprobación del trazado, por considerar que debería haber sido elevado al Consello da Xunta y no limitarse a una resolución del director general".

Ahora los servicios jurídicos de la Administración autonómica están analizando el alcance concreto de las sentencias dictadas por el TSXG sobre las obras que está ejecutando la Xunta, con una inversión de 40 millones de euros, y valoran la posible presentación de un recurso.