A CORUÑA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) –

Este miércoles ha comenzado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio al administrador de un grupo de empresas, entre las que se encontraba una compañía encargada de labores relacionadas con el alumbrado público de A Coruña, así como a personas jurídicas, por un delito concursal y blanqueo de capitales. En la sesión de esta mañana han comparecido varios peritos en calidad de testigos, que coinciden en señalar como presunto culpable al administrador, además de apuntar a actitudes "fraudulentas" como la "sucesión de actividad" entre las empresas — "una empresa asume la actividad de otra del grupo cuando esta no está al corriente de los pagos"–.

La Fiscalía pedía en su escrito de calificación más de 20 años de prisión, además de multas monetarias e indemnizaciones en calidad de responsabilidad civil, si bien este miércoles han modificado los delitos argumentados, cinco, para acusar de tan sólo uno a lo largo de varios años. Este cambio tendrá un impacto en las penas y en la responsabilidad civil que se especificará en el nuevo informe, según han señalado.

El Ministerio Público explicaba que el encausado fue el administrador del grupo de empresas que conforman las personas jurídicas, siendo una la financiera, mientras que otra se constituía para labores relacionadas con el alumbrado público de diversos ayuntamientos de la provincia coruñesa. Señalan que, desde mediados de 2011, el empresario era conocedor de su situación de insolvencia y, pese a ello, siguió aumentando las deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, sin tener libros legalizados desde abril de 2004.

"El listado de bienes de la empresa es incompleto, no reflejando un préstamo de 901.132,17 euros de la empresa al administrador único en 2010, el cual lo extrajo en metálico con la finalidad, según dijo, de pagar el bautizo de su hijo, no siendo una finalidad empresarial, no estando acreditado y no habiéndose adoptado garantías de retorno", cita, entre otros ejemplos, el Ministerio Público.

"La concursada -añade sobre una de las empresas- ha realizado préstamos a otras dos del mismo administrador por valor de 601.133, 33 euros y 500.950,06 euros, no teniendo ninguna finalidad empresarial real más allá de descapitalizarse para no atender a los legítimos acreedores". También apunta a impagos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por más de 600.000 euros en algún caso.

Además, la empresa principal dejó de ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio de 2013 la cantidad de 86.615,11 euros. Por otra parte, acusan también a la financiera de delitos contra la Seguridad Social, puesto que dejó de abonar la cantidad total de 673.092’95 euros en diferentes ejercicios.

Declaraciones de los testigos

El administrador concursal, en cuyo proceso entró una de las empresas en 2014, se ha ratificado en la "presunta culpabilidad del administrador", como ya había solicitado en el informe remitido en el momento del peritaje. Ha indicado también, respecto a los dos millones de euros "prestados" a tres empresas del conjunto, que "no fueron atendidos los requerimientos de información por parte del administrador".

Por otra parte, ha abordado "una serie de traspasos" por valor de cuatro millones de euros a algunas de estas empresas vinculadas al acusado, que en su momento justificó como "proyectos en cartera" –algunos en curso, otros futuros y otros realizados"– pero que, según ha indicado el perito, "no parecían responder a flujos de dinero reales".

Además, ha argumentado que existía un cese de actividad desde 2012, puesto que no constaban facturas emitidas, pero la empresa "sí tenía relaciones laborales en vigor". "Una de esas sociedades relacionadas era la que estaba pagando las nóminas, por lo que se podía estar produciendo una suerte de desvío de capital", ha señalado el testigo.

Otro de los testigos se ha expresado en la misma línea, que ve en el acusado una "actitud fraudulenta" al faltar la suficiente información respecto de los "préstamos" entre empresas y de las desviaciones de actividad entre compañías. Coincide con el otro testigo en apuntar a "necesidades personales" del administrador los traspasos de dinero, así como en "financiación de actividad" de otras empresas; conceptos que no fueron aclarados.

La última testigo, encargada de un informe de peritaje técnico sobre la posible existencia del conglomerado de empresas, ha sido la que ha apuntado hacia una supuesta "sucesión de actividad", "cuando una empresa asume la actividad de otra del grupo que no está al corriente de los pagos, para no perder la actividad".

La testigo ha argumentado, entre otras razones, que tras la visita al lugar de trabajo de una de las compañías (localizado en Oroso), pudo comprobar como allí se reunían trabajadores de las diferentes compañías pero que presentaban el mismo horario de entrada y salida, la misma jornada y hasta colaboraban en el mismo proyecto.

A este respecto, la perito recoge en el informe que el administrador lo achaca a una "experiencia laboral previa" y no a una relación formal, aunque la perito lo califica de "funcionamiento unitario" de las empresas. Según ha indicado, algunos de los trabajadores estaban incluso dados de alta en dos de las empresas.

Concluye la testigo que se trata de "crear nuevas empresas que se intentan desvincular de las otras con la finalidad de que no tengan vinculación formal con las compañías deudoras y puedan concurrir a concursos y otros para facturar".

Argumentos de la defensa

Por su parte, la defensa ha remarcado que en alguno de los informes presentados, los propios peritos se refieren a "una inexactitud grave" en los documentos presentados, por lo que "la falta de información no puede suponer un delito". Ha insistido además en que parte de la información no presentada se perdió al dejar de utilizar las empresas un programa informático de gestión de información –software que no se usó por falta de pago–, aunque sobre esto, uno de los peritos ha asegurado que "no es excusa para que no haya información".

Respecto a los préstamos de cuatro millones de euros entre empresas, ha asegurado que eran "previsiones", proyectos cuya realización estaba prevista, tal y como aparecía nombrado en el documento –proyectos en cartera–.

Por último, y respecto a la sucesión de actividad, el abogado del acusado ha señalado hacia una colaboración en un proyecto de parques eólicos como justificación de la vinculación entre dos de las empresas por un periodo determinado. El juicio continuará este jueves en la Audiencia coruñesa con la presentación de informes y las conclusiones de las partes.