APE Galicia solicita a la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, la flexibilización de los trámites burocráticos que faciliten la distribución de los 70 millones del fondo estatal de apoyo a la solvencia empresarial transferidos a la comunidad autónoma gallega que se encuentran bloqueados y sin posibilidad de llegar a las empresas.

"Estamos convencidos de que la excesiva burocracia y los requisitos demasiado rígidos exigidos para el reparto de las ayudas provocaron que el 30% de esos fondos permanezcan sin ejecutar a día de hoy", señalan en su escrito.

La carta, firmada también por los presidentes de ATA y UPTA-Agtamar, entidades que representan a 218.000 autónomos en Galicia y que forman parte todas ellas de la Mesa de Emprego Autónomo de Galicia, traslada a la ministra la preocupación de los tres colectivos por el hecho de que del total de 234 millones transferidos a Galicia, 70 millones tengan que ser devueltos a las arcas del Estado en lugar de destinarse a los autónomos y pequeñas empresas afectados por la pandemia.

En su escrito recuerdan a Nadia Calviño que la crisis provocada por la Covid-19 continúa golpeando a miles de autónomos gallegos, que en estos dos últimos años han visto drásticamente mermados sus ingresos y multiplicados de manera exponencial los gastos debido a los costes de la energía, el incremento de las materias primas o el alza de la inflación.

Insisten en que "es imprescindible liberar los fondos sobrantes con la urgencia que la situación actual requiere y reasignarlos de nuevo a la comunidad autónoma para poder llevar a cabo un nuevo plan de rescate que permita que hasta el último euro previsto llegue al tejido empresarial con un procedimiento más simplificado y ágil. No perdamos de vista que el objetivo final del Real Decreto 5/2021, tal y como plasma su denominación, consiste en poner en marcha medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial".

APE Galicia considera que sería un "contrasentido difícil de entender" que los aproximadamente 70 millones de euros que a día de hoy permanecen sin ejecutar tengan que ser devueltos a las arcas del Estado en lugar de destinarse a los autónomos y pequeñas empresas afectados por la pandemia.