Vivienda en alquiler, en una imagen de archivo
El alquiler se dispara en Galicia: 200.000 familias no pueden asumir el precio medio actual
La provincia de A Coruña con 78.000 unidades familiares y la provincia de Pontevedra con 57.000 focalizan este grave problema de acceso a vivienda
5 noviembre, 2022 10:47El último informe de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) revela que hasta 200.000 unidades familiares en Galicia no pueden asumir el precio medio actual de una vivienda en alquiler por su ratio de ingresos. Una situación, explica el informe, que se debe a una oferta de viviendas en alquiler en mínimos y unos precios en máximos, sobre todo, en las ciudades de A Coruña y Vigo.
El trabajo de Fegein establece que el 92% de las viviendas en alquiler en las dos principales urbes de Galicia tiene un precio es superior a los 500 euros. Y únicamente el 8% tiene un precio inferior a esa cifra. En concreto, el precio medio del metro cuadrado en Vigo en arrendamiento en del 9,3 euros. Mientras, en A Coruña es del 8,2 euros. Estos valores suponen el incremento del alquiler en Galicia en un 5,6% en la comparativa interanual.
Fegein establece que las causas de estos precios se deben a la falta de oferta, que atribuye a la "desconfianza absoluta de los propietarios hacia una ley estatal de vivienda que las deja en una situación de inseguridad jurídica". Otras razones que muestra el informe es que se está produciendo una importante "derivación de viviendas de alquiler tradicional hacia el alquiler de viviendas
vacacionales, por rentabilidad y seguridad".
En concreto, la vivienda vacacional puede cerrar el año con más de 17.000 viviendas registradas convirtiéndose así en una valor inmobiliario refugio de propietarios de viviendas ante la creciente incertidumbre económica. Además, según las previsiones de Fefein, Vigo será a final del cuarto trimestre la primera ciudad gallega con más de 1.000 viviendas turísticas registradas.
Así, Benito Iglesias, presidente de Fegein, reclama más incentivos y bonificaciones fiscales a los propietarios. Además, señala que "La inseguridad jurídica, la prohibición transitoria de repercusión del IPC en la renovación de contratos de alquiler, una ley de vivienda intervencionista, y el aviso de penalización a las viviendas vacías, o la limitación de precios, penalizan al pequeño propietario que busca una alternativa distinta al alquiler tradicional de su vivienda".
