La mina de San Finx, en Lousame (A Coruña).
Acusan a los dueños australianos de la mina de San Finx de Lousame (A Coruña) de "fugarse"
La Cofradía de Noia denuncia que la empresa australiana Pivotal Metals llevó a cabo una "trama opaca" para evitar los daños multimillonarios de una liberación de los vertidos de la mina sobre la ría
1 agosto, 2023 13:52La Cofradía de Pescadores de Noia y los colectivos integrados en la Plataforma comarcal contra los vertidos de la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña) han acusado a la empresa australiana Pivotal Metal de "desfacerse das súas responsabilidades" sobre la polémica extracción minera al simular la venta de su filial Tungsten San Linx a una empresa de recién creación y con un capital de solo 3.600 euros.
Las entidades denuncian que se trata de un intento de "evasión" de los "daños multimillonarios" que ocasionarían la liberación de aguas contaminadas sobre la ría de Muros-Noia. En respuesta a esta situación la Cofradía y el resto de organizaciones han anunciado que ampliarán la causa penal por delitos ambientales que está siendo instruida en los Juzgados de Noia para incluir a los nuevos administradores y titulares.
La Plataforma denuncia que Pivotal Metals llevó a cabo una "trama opaca" en la que se creó una nueva empresa matriz hace dos meses para realizar urgentemente una venta por unos 150.000 euros. Al frente de esta nueva firma estaría el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca y el pasado 21 de julio cambió de nombre a Metais Estratéxicos SL. "Denominación aparentemente galega para unha empresa con sede
nun despacho de avogados de Madrid, onde tamén residen os administradores da australiana Pivotal Metals", denuncia la Cofradía.
Mientras tanto las obras en la infraestructura de vertidos de la mina continúan avanzando después de completar las instalaciones necesarias para llevar a acabo la liberación de aguas, que los colectivos advierten están contaminadas con metales pesados "tóxicos e canceríxenos".
Desde la Cofradía de Noia continúan reclamando a la Xunta de Galicia los avales ambientales de por lo menos 60 millones de euros, ya que el cierre de los bancos de marisqueo de la ría supondría unas pérdidas anuales de 20 millones. Igualmente reclaman al gobierno autonómico que cobre el canon de control de vertidos.
