¿Cambiaría a su perro por un piso? La sevillana que eligió a su mascota

¿El perro o el piso? Esta es la disyuntiva a la que se ha tenido que enfrentar Ana María Camacho, una joven sevillana que ha renunciado a una vivienda social porque la Junta de Andalucía, titular del inmueble, le prohíbe vivir allí con su mascota. Cuarenta metros cuadrados en un edificio bien situado de la ciudad y por solo 178,83 euros al mes o vivir con su perra. Ana María eligió a Nía.

La historia de Ana María y Nía se remonta a hace siete años, cuando recogió a la entonces cachorro, mestizo de mastín y labrador, de un campo de unos conocidos de Córdoba. Desde entonces no se han separado. Un año después, la joven se registra como demandante de vivienda protegida en Sevilla. En este tiempo, además de finalizar su carrera de magisterio, pasar por las oposiciones y trabajar de maestra interina en varios colegios de la geografía andaluza, Nía y Ana María han sido una pareja indisoluble. Ya fuese en La Rambla, Puente Genil, Utrera, Camas o Sevilla. De forma paralela, la ya docente continuaba actualizando su situación laboral en el registro municipal de vivienda con la aspiración de conseguir un piso con el que poder ahorrar hasta comprarse una vivienda.

Sus planes se truncaron el pasado 4 de mayo de 2015, cuando Emvisesa, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, le comunica que ha sido seleccionada como demandante principal en uno de los alojamientos de un bloque de nueva construcción que la Junta de Andalucía tiene en la calle Juan Mata de Carriazo de la barriada de San Bernardo. Una zona relativamente céntrica, cerca de la casa de sus padres y bien comunicado por tren, líneas de autobuses y metro. El piso perfecto.

La alegría del momento contrasta con la decepción que sintió cuando tras formalizar la reserva y presentar la documentación pertinente, en el momento de hacer frente a la fianza, lee en uno de los escritos una cláusula en la que se informa a los inquilinos sobre la “prohibición sobre tenencia de perros que convivan en el alojamiento o en sus zonas correspondientes en los espacio comunes”.

“En ese momento firmé porque el hecho de no hacerlo podría implicar la renuncia al piso”, recuerda Ana María. “Días después me pongo en contacto con el partido animalista PACMA para que me asesoraran, pero ellos estaban igual de perdidos que yo. Era la primera vez que veían esta situación”, narra. Los días sucesivos sigue buscando una base legal desde la que defender el caso y el 5 de mayo de 2016, un año después de la primera adjudicación, se confirma la prohibición.

“En la firma del contrato definitivo, el personal administrativo nos explica que la cláusula seguía vigente, y no firmé, porque no iba a abandonar a mi perra”, afirma Ana María. “Vive conmigo, la he criado yo”, subraya. En ese momento, la joven firma una renuncia “cautelar” mientras seguía buscando información y esperando a que revocaran la norma. Algo que nunca sucedió.

La respuesta de la Junta

En un escrito remitido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda se informa a Ana María Camacho de que la “limitación de uso se fijó desde un principio para todos los pre adjudicatarios, no siendo admisible alterar a posteriori, cuando cada cual ha prestado su conformidad ateniendo a dichas reglas, lo que podrá haber dado lugar a que unos usuarios hayan aceptado ser adjudicatarios precisamente por dicha prohibición y otros hayan renunciado a consecuencia de la misma”. En la misma se explica que la Junta entiende dada por firme la renuncia a la adjudicación del alojamiento protegido.

Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han explicado a EL ESPAÑOL que la ley de arrendamiento urbano da la posibilidad al titular del inmueble a establecer unas normas básicas de uso y, en este caso, una de las previstas es la no tenencia de perros. La Junta explica que valoradas “las características arquitectónicas del edificio, su reducida superficie no es propicia para la convivencia con animales”. Para la Administración pesa el hecho de que “los alojamientos se encuentran amueblados, lo que pudiera acarrear un deterioro mayor por la presencia de perros”. Sin embargo, las mismas fuentes han confirmado que sí se permite la posesión de gatos, pájaros y otros animales.

“Se consideró que el perro es el animal de compañía que más interfiere en la convivencia”, explican las citadas fuentes. “Los perros ladran y ocasionan problemas a los inquilinos en las zonas comunes”, detallan, al mismo tiempo que aseguran que todos los adjudicatarios tuvieron conocimiento de la cláusula al inicio del proceso de adjudicación.

Para la Consejería, las viviendas están concedidas en régimen de alojamiento provisional y renovable anualmente, una fórmula que dista de las concesiones de viviendas protegidas al uso, donde sí se permite la tenencia de perros. Según han explicado, este tipo de residencias, de tamaño reducido, están ideadas para familias determinados perfiles, muchos de ellos familias monoparentales.

Las 139 viviendas disponibles se reparten en inquilinos menores de 35 años, mayores de 65, personas de movilidad reducida u otras en exclusión social. Y, para la Consejería, esta “heterogeneidad obliga a articular cauces que faciliten la convivencia adecuada, eliminando las circunstancias que pudieran dificultarla”.

Adaptada a la convivencia

La tesis de la Junta choca con la visión de Ana María, que denuncia que la norma “está incitando al abandono de perros”. No niega que su Nía ladre, “poco, como todos los perros”; pero asegura que su perra se adapta bien y no genera problemas de convivencia. “Y he estado en sitios muy pequeños”, puntualiza. “Es una perra muy tranquila, independiente, en la calle adora a las personas, le gusta que la acaricien. En casa está todo el día durmiendo y no es obsesiva con los objetos porque la adiestramos desde pequeña”, explica. “Es obediente, entra conmigo en las tiendas y nunca ha causado ningún problema”, confirma.

No comprende los argumentos que han llevado a la Consejería a adoptar esta medida. “Entiendo que alguien privado imponga sus normas, pero ¿una administración pública? No sé si es algo normal el hecho de que te impongan con quien tienes que vivir”, esgrime. “Mi perro es mi familia y me hacen escoger entre una vivienda o mi perro”, subraya la joven, que también posee dos gatos.

“Las excusas que ofrecen no se mantienen”, insiste. “La responsabilidad es de la persona, no del animal. Si se rompe algo, yo lo pago. Ya lo rompa una persona mayor, un perro o un niño”, argumenta, Ana María, que ya piensa en llevar el caso al Defensor del Pueblo Andaluz. “O a donde haga falta porque me parece injusto e indignante que a estas alturas, en la época en las que estamos, nos encontremos con estos casos”, subraya.

Recurrirán a la justicia

En su litigio contra la administración andaluza, Ana María cuenta con la ayuda del partido animalista PACMA, que se plantea recurrir incluso a la justicia ordinaria para dirimir esta cuestión que, según entienden, “es escandalosa”. “Los han castigado siendo inocentes, ni siquiera le han dado un voto de confianza, aquí no hay presunción de inocencia”, denuncia Javier Sanabria, coordinador de PACMA en Sevilla.

A su juicio, los argumentos que ofrece la Junta para defender su postura “son bastante peregrinos”. Sanabria entiende que el tamaño del piso o el hecho “improbable” de que pueda deteriorar el mobiliario no justifica que la Consejería “ponga a una joven en la tesitura de elegir entre su piso o su perra”, sobre todo “cuando el piso es para familias monoparentales, donde la compañía de un animal puede ser vital por lo solos que se puedan encontrar sus dueños”. El coordinador de PACMA valora que este tipo de medidas “van en sentido contrario a las políticas que desde todas las administraciones, incluida la autonómica, se están dando para evitar el abandono de las mascotas”.

La idea de dejar a Nía con sus padres nunca se le pasó por la cabeza. Ahora busca piso. Pero los precios distan mucho de los 178,83 euros al mes del alquiler social, a los que había que añadir 50 euros de comunidad y otros 50 por una plaza de aparcamiento. “Era piso perfecto para ahorrar y en el futuro poder tener una vivienda, ya sea de alquiler o en propiedad. Los alquileres en Sevilla están caros y dudas entre si alquilar o comprar. En cualquier barrio, los 500 euros no te los quita nadie”, razona.

Pero Ana María seguirá buscando, con Nía, “por supuesto”. “Mi perro es mi familia”, inisite. “Me hacen escoger entre una vivienda o mi perro, y yo –concluye– tengo clara la respuesta”.