El vía crucis de policías y guardias civiles en pueblos catalanes en 5 escraches

Los acontecimientos que se vivieron en Cataluña el 1 de octubre han abierto una brecha social que, hoy por hoy, desencadenan episodios de tensión contra los diferentes cuerpos policiales desplegados en la región. “¡Fuera las fuerzas de ocupación!”, es el cántico que se repite a las puertas de los hoteles y dependencias policiales. La presión es, si cabe, más ahogada en los municipios pequeños, en los que duermen los agentes. Muchos de sus Ayuntamientos y vecinos ya les han declarado personas 'non gratas' y han decretado su expulsión.

El municipio barcelonés de Calella, en la comarca del Maresme, representa el epicentro de esta tensión. 500 agentes, entre policías y guardias civiles, fueron desahuciados de sus hoteles. A partir de aquí, la misma reacción se ha repetido en diferentes escenarios de Cataluña. Por un lado, los agentes cargan contra las “presiones municipales”; por otro, lamentan el “abandono del Gobierno”; y tampoco se olvidan de los Mossos d'Esquadra, a los que apuntan en casos puntuales por “no hacer todo lo que podrían” para protegerles.

Las organizaciones sindicales de la Policía Nacional hablan de los “ataques, acoso, persecución y señalamiento que los sectores independentistas radicales están llevando a cabo en diversas localidades”. Las asociaciones profesionales representativas en el Consejo de la Guardia Civil lamentan que sus agentes hayan sido “vilipendiados y agredidos” y arremeten contra la “asombrosa e inaceptable pasividad” de los Mossos, a los que acusan de atender “consignas políticas en vez de las órdenes judiciales”.

Arrancamos la ruta por varios municipios en los que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son bienvenidos; en los que, siguiendo las mismas consignas, se presiona -con más o menos éxito- para decretar su expulsión.

Calella

Hotel Vila, hotel Palmeras y hotel Catalonia; los tres establecimientos han cerrado sus puertas y dejado en la calle a 500 agentes de la Policía y de la Guardia Civil. Todo arrancó en el Vila en la noche del 1-0, cuando un grupo de ciudadanos, unos 200, se agolparon frente al establecimiento para pedir la expulsión de los agentes. Era ya de noche cuando “cuatro o cinco” guardias bajaron a las puertas del hotel y se encararon con ellos. Los vecinos apuntan que iban de paisano y equipados con porras extensibles. La tensión se disparó y se vivieron altercados en las calles de la localidad que requirieron la atención médica de cuatro personas.

La alcaldesa, Montserrat Candini i Puig, acudió al hotel para pedir explicaciones sobre lo que ocurrió. Las asociaciones de guardias civiles apuntan a presiones municipales para que los propietarios de los hoteles decretasen la expulsión de los agentes. Uno de los efectivos, en conversación con EL ESPAÑOL, arremetía contra las presiones de los independentistas a los dueños de los establecimientos: “Empezaron a amenazarles, primero refiriéndose a sus hijos y sus padres, y después diciéndoles que les iban a quemar el hotel”.

“La cosa se pone más jodida todavía. Hemos intentado entrar al hotel, lo tienen rodeado más de 1.000 personas. Ha habido agresiones ya e incluso han tirado algo parecido a ácido. Hemos tenido que refugiarnos en unos hangares que hay en el polígono porque no se puede entrar. A los manifestantes se han añadido los Bomberos y los Mossos d'Esquadra no hacen nada, se ríen de nosotros”, detalla un agente en un audio que difundió por WhatsApp.

Finalmente, los 500 efectivos abandonaron la localidad y se instalaron en otros municipios de Cataluña. Su salida de Calella no fue sencilla, como demuestran estos vídeos:

Pineda de Mar

“Debido a una reunión que hemos tenido con responsables del ayuntamiento de Pineda de Mar nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante 5 años, a desalojar el contingente de Policías Nacionales de los dos hoteles, Checkin Mont-Palau y Checkin Pineda mañana día 3/10/2017 antes de las 16.00h”.

La carta firmada por la gerencia de los dos hoteles refleja que en Pineda de Mar, municipio costero de 26.000 habitantes, se ha extendido la misma iniciativa que en Calella. Los vecinos presionaron en la noche del 2 al 3 de octubre a los agentes con proclamas a favor de la independencia y cantando Els Segadors.

La edil del PSC Carme Aragonés se desplazó hasta el hotel y, tras hablar con la gerencia, se dirigió a los allí congregados y aseguró que los agentes se marcharían de forma inminente: “Esta situación pone las calles en riesgo y no merece la pena”.

Reus

En Reus, más de 4.000 personas se manifestaron frente a la comisaría de la Policía Nacional. Los Mossos d'Esquadra cercaron el perímetro con vallas y decenas de furgones policiales se instalaron en las inmediaciones.

“¡Las calles siempre serán nuestras!”, gritaban los manifestantes, en una comitiva encabezada por bomberos, los más ovacionados. Frente al Hotel Gaudí, donde se alojaban los agentes, los vecinos insistieron en sus proclamas contra la presencia policial en el pueblo.

San Carlos de la Rápita

14.700 habitantes en San Carlos de la Rápita, uno de los enclaves en los que estos días se vive el desafío independentista con mayor fuerza social. El mismo día del referéndum, el 1 de octubre, los agentes se vieron acorralados -y apedreados- por sectores radicales. Abandonaron el escenario en una maniobra rápida.

El Ministerio del Interior difundió el vídeo a través de las redes sociales: “Continúa la violencia contra los agentes”, denunció la institución encabezada por Juan Ignacio Zoido.

Puigcerdá, Figueres, Seu…

A través de las redes sociales han corrido mensajes como este, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que ya ha sido eliminado por la propietaria de la cuenta. En él se pide no ir a los hoteles que alojen a “polis matones”, y facilita una relación de los mismos. 

Montserrat

Ya durante el mediodía del martes, cincuenta agentes de la Guardia Civil alojados en el Hotel Bruc Restaurant ubicado junto a la autovía A2 y el macizo de Montserrat, han abandonado el establecimiento conminados por la dirección, que les ha reprochado la actuación de las fuerzas de seguridad el 1-O.

La responsable del establecimiento, Dolors Vives, ha señalado al periódico Regió7 que les habían dicho que "se tenían que marchar por todo lo que ha pasado" y ha añadido: "Pensamos que no debían estar más aquí".