La frialdad de Ana Julia: escucha impávida ante el juez el relato de cómo asesinó al niño Gabriel Cruz

Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte violenta de Gabriel Cruz, se vio las caras este lunes por cuarta vez ante el juez que instruye el caso, el magistrado Rafael Soriano. Las otras tres fueron cuando tuvo que declarar y aún no había ingresado en prisión. En ese momento todavía se encontraba bajo custodia de la Guardia Civil. La de ayer fue la última ocasión antes del juicio que, de cerrarse la investigación a finales de año, como desea el instructor, podría celebrarse en la Audiencia Provincial de Almería en la primavera de 2019, según fuentes judiciales consultadas por EL ESPAÑOL.

La única acusada de matar al menor y enterrarlo después en una finca de Rodalquilar, pedanía de Níjar (Almería), se personó en la Ciudad de la Justicia de la capital almeriense a las doce del mediodía, cuando estaba citada. La trasladó un furgón de la Guardia Civil desde la prisión de El Acebuche, donde ingresó en marzo de este año tras su detención cuando portaba el cadáver del niño, de ocho años, en el maletero de un coche por las calles de La Puebla de Vícar.

Ana Julia Quezada no tuvo que declarar de nuevo ayer. Tan sólo se limitó a escuchar de boca del juez Soriano los delitos que se le imputan: el de asesinato y dos contra la integridad moral de los padres de Gabriel Cruz. Lo de este lunes fue un mero trámite que supone la conversión del caso en un procedimiento bajo la Ley del Jurado. Durante el relato de los hechos, la autora confesa del crimen se mantuvo “seria”, “altiva”, incluso por momentos en actitud “chulesca”, según pudo conocer este periódico.

Cuando se encara la recta final de la instrucción, el juez que maneja la causa dio un plazo de cinco días hábiles a las partes para presentar sus peticiones de nuevas diligencias de cara a ampliar una investigación que, a su juicio, ya está “prácticamente cerrada”. A falta de que se ponga fecha al proceso que sentará a Ana Julia Quezada en el banquillo de los acusados, estas son las ocho claves sobre las que se ha arrojado luz en las últimas horas.

Del homicidio al asesinato

El juez Rafael Soriano relató ante Ana Julia Quezada que ella tenía un plan orquestado para llevarse a Gabriel Cruz de la casa de su abuela en Las Hortichuelas cuando el menor se desplazaba a la vivienda de unos familiares, situada a 80 metros de distancia, por un camino de tierra.

Al llegar a una finca de la familia del padre del menor en una pedanía cercana, Rodalquilar, Ana Julia le pegó con un hacha en la cabeza y lo asfixió después. Es decir, a la muerte se le une premeditación.

Mientras escuchaba ese relato, la acusada negaba con la cabeza de vez en cuando. Ella, tras confesar que mató al niño una vez detenida, dijo que los hechos se desencadenaron por un discusión previa, que Gabriel la amenazó con el hacha y que ella se revolvió con violencia hasta quitarle la vida. De ser así, habría incurrido en un delito de homicidio, que conlleva una pena inferior al asesinato.

Sin embargo, el magistrado instructor le trasladó este lunes a Ana Julia Quezada que él le imputa el delito de asesinato y no el de homicidio.

Ana Julia Quezada acudió este lunes a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Almería a conocer los delitos que le imputa el juez instructor del caso de la muerte de Gabriel Cruz. EFE

Jurado popular contra profesional

Una vez se cierre la instrucción, que Rafael Soriano la prevé para “antes de finales de año”, será el momento en que las partes personadas en el caso presenten su escrito de acusación y se ponga fecha al juicio, que se celebrará en la Audiencia de Almería. Por el momento, está previsto que sea un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos anónimos los que juzguen a la procesada.

Sin embargo, este lunes, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería, el abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández, dijo que pretende solicitar que se revoque dicha decisión y sea un jurado “de jueces profesionales” los que se encarguen del veredicto.

El letrado de la única acusada cuestionó la “imparcialidad” del jurado debido a la “enorme repercusión mediática del caso”. "Entendemos que conculcaría su derecho a un proceso con todas las garantías”, añadió Esteban Hernández.

Se suman a la cadena perpetua revisable

Por su parte, el abogado de los padres de Gabriel Cruz, Francisco Torres, explicó ayer ante los medios que, además del delito de asesinato con alevosía y ensañamiento (art. 139.1 y 139.3 del Código Penal) solicitarán la aplicación del 140.1 sobre Ana Julia Quezada, lo que conlleva la condena de prisión permanente revisable.

El propio letrado recordó que uno de los supuestos del artículo 140 es que el fallecido sea menor de 16 años. Torres subrayó que en el caso de Gabriel se da tal circunstancia ya que tenía ocho años cuando Ana Julia Quezada, por ese momento pareja de su padre, le quitó la vida.

Aunque los padres del menor fallecido no comparten el uso de la imagen de su hijo en campañas políticas ni en las reivindicaciones de personajes de la cultura española, como los miembros del grupo Andy y Lucas, finalmente optan por el castigo más duro de la ley. El criterio coincide con el de la Fiscalía de Almería y con el de la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor.

Los padres del menor asesinado, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, el día del funeral de su hijo en la Catedral de Almería. EFE

Retirada de un delito

Ana Julia Quezada consiguió ayer librarse de ser juzgada por un tercer delito que se presumía sobre ella. En concreto, el de detención ilegal. Rafael Soriano no quiso explicar con mayor detalle su decisión, pero tampoco molestó a ninguna de las partes que ejerce la acusación.

Es más, el letrado de los padres del menor dijo que se entiende que la retención de Gabriel durante el traslado y su posterior llegada a la finca de Rodalquilar entra dentro de la “dinámica comisiva” del asesinato, por lo que, dijo, no le sorprende que el juez no le impute la detención ilegal.

'Tempo' de la instrucción: ¿exprés o lenta?

En la cuestión en la que sí hubo divergencias técnicas fue en la relativa al ‘tempo’ que se está tomando el juez para llevar a cabo la instrucción. A juicio del letrado de los padres del menor muerto, se va con retraso en al menos “tres meses”. “No se entiende” la tardanza, dijo, si a los pocos días de la detención de Ana Julia Quezada la Guardia Civil ya daba por concluida la investigación.

No obstante, el abogado de la defensa, Esteban Hernández, se mostró molesto con la postura de Francisco Torres y dijo que a él le había sorprendido la celeridad del magistrado instructor. “Sólo hay que comparar con los ritmos de otros casos”, señaló el letrado de la autora confesa del crimen.

Nuevas pruebas

Francisco Torres, abogado de la acusación particular, informó de que ha solicitado una nueva diligencia médica para "poner en cuestión la pericial de la autopsia de los médicos forenses" y avalar precisamente la tesis del ensañamiento.

La prueba, según dijo el letrado, podría estar lista en "una o dos semanas" y requerirá del DVD con el TAC que se le hizo al niño para analizarlo con "mucha más solvencia".

El juez instructor del caso, Rafael Soriano, a su llegada este lunes a los juzgados de Almería. EFE

Delito contra la integridad moral o lesiones psíquicas

A diferencia de la posición que mantienen el juez instructor, el letrado de los padres del menor y la abogada de la asociación Clara Campoamor, que ven en los hechos dos delitos contra la integridad moral de Patricia Ramírez y Ángel Cruz, la Fiscalía de Almería ve dos delitos de lesiones psíquicas.

"Es una mera cuestión técnica", dijo Francisco Torres, quien le restó importancia al asunto.