Este lunes por la mañana, recuerda una madre, “la profesora Elena ha llorado al ver su silla vacía” en su clase de Primero de Infantil. La silla y el pupitre de su alumno muerto la semana pasada. A. había nacido en 2015 y cumplía ahora cuatro años. El sábado por la mañana, el niño viajó con su padre José Antonio y su abuelo materno, aficionado a la caza, hasta la finca La Lapa, en el término municipal de Guillena. Iba a pasar un festivo sábado de montería en el bello paisaje de la Sierra Norte, como se llama en Sevilla esta parte de sierra Morena, y a ver al lado de su abuelo Miguel cómo su padre cazaba jabalíes con los demás tiradores. A. estaba sentado en una sillita de campo cuando un proyectil disparado desde otro puesto a su izquierda le atravesó la cabeza.
Mientras en el colegio público Miguel de Cervantes, en el municipio sevillano de Écija, alumnos y profesores guardaban el lunes un minuto de silencio por su compañero, el cazador que lo mató sin querer, un arquitecto de unos 60 años identificado como L.A.G., declara ante el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investigado por un posible delito de homicidio imprudente.
Desde que se conoció la noticia, la muerte accidental de un niño pequeño en una cacería ha servido a muchos detractores de la caza como munición gruesa en las redes sociales para atacar a sus enemigos políticos, en un momento en que el sector de los cazadores, y en particular a los andaluces, se identifica genéricamente con las posiciones nacionalistas españolas del PP y Vox.
La realidad, sin embargo, es que también el gobierno socialista saliente en la Junta de Andalucía de Susana Díaz ha apoyado a este colectivo, como el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, recordó el 17 de enero en un mensaje de agradecimiento en Facebook a la ya ex presidenta. La FAC lanzó para las elecciones autonómicas andaluzas la campaña #LaCazaTambiénVota, “para llevar la caza al debate electoral y conocer la postura de todos los partidos respecto a la actividad cinegética”.
En su perfil social en internet, el padre de A. posa orgulloso con su hijo pero ni una sola vez con armas ni en cacerías; tampoco hace campaña por ningún partido. Sólo adorna alguna foto con la bandera española, o con el pescadito que simbolizó la desaparición del niño Gabriel en Almería en 2018.
A José Antonio, de poco más de 30 años, le gusta hacerse responsable de proteger a los demás. Trabaja como vigilante de seguridad desde al menos 2014, en la actualidad como jefe de servicios de la empresa HispanoSegur, con la mayor responsabilidad después del dueño, y es voluntario de Protección Civil de Écija, municipio de 40.000 habitantes. Con el uniforme de vigilante, lo ven a menudo en el centro comercial N4, el mayor del pueblo. Antes de consagrarse al sector de la seguridad ciudadana, trabajó poniendo copas en el pub El Recinto, en el barrio de La Alcarrachela, junto al recinto ferial de Écija. En este bar aclaran que él era un camarero empleado por cuenta ajena y no el dueño, como se difundió al principio por error.
No sabían que el padre cazaba
Lleva con discreción su afición a la caza, sin alardes. Un antiguo amigo de esa época de camarero señala al periodista que ni siquiera sabía que José Antonio cazaba. Como hacen con licencia 850.000 personas en España, 300.000 de ellas en Andalucía. Si se acepta como deporte, la caza es el tercero con más practicantes federados en España tras el fútbol y el baloncesto.
José Antonio y su mujer, Alba, son padres de dos niños de dos y cuatro años. Este último sábado, 19 de enero, el padre y el abuelo materno, camionero de profesión, fueron a una cacería de jabalíes y se llevaron con ellos al primogénito. Cada puesto de caza en esta montería en la finca La Lapa de Guillena costaba unos 300 euros, según una fuente consultada por El ESPAÑOL cercana a la propiedad de la finca. Las monterías allí no las convoca el dueño del coto privado sino el “orgánico” (en el argot de los cazadores) que le compra los animales y organiza las batidas.
En enero de 2017, en una cacería similar de jabalíes en esta misma finca, costaba 250 euros y en ella había entre 25 y 30 puestos, según anunciaba entonces el hombre que también ha organizado la montería del sábado que acabó en tragedia, Enrique Ballesteros Jiménez. En la montería de este sábado había cinco puestos, según han informado fuentes del caso a Europa Press tras la declaración este lunes del cazador investigado.
Las monterías de caza mayor comienzan temprano con un desayuno campero y un rezo colectivo a la Virgen para pedirle protección en la jornada. A las ceremonias previas (y al posterior recuento de los animales abatidos) asisten tanto los cazadores que van a disparar como los acompañantes que acuden de espectadores, incluidos niños menores de 14 años. La cuestión de la edad se complica legalmente respecto a quién puede estar en la zona de tiro y disparar. La ley andaluza permite cazar a los menores de entre 14 a 18 años con autorización de su representante legal, y a los menores de 14 les deja participar como acompañantes pero sólo “en modalidades sin armas de fuego”, lo que no es el caso de una montería de caza mayor.
El Decreto 126/2017, de 25 de julio, aprobó el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, que en su artículo 93.h) establece que “Los menores de catorce años podrán acompañar a personas cazadoras en modalidades sin armas de fuego, bajo la responsabilidad de éstos, desarrollando todas las acciones inherentes al ejercicio de la caza”; dicho de otra manera e implícitamente, se deduce que los niños menores de 14 no pueden estar en los puestos de tiro de caza mayor.
Sin embargo, como la norma no lo prohíbe expresamente, la Federación Andaluza de Caza considera en un artículo de 2017 que la interpretación correcta es que los menores de 14 sí pueden acompañar a cazadores en cualquier tipo de cacería con o sin armas, incluida la caza mayor, y que, además, podrán ser sus ayudantes en las modalidades sin armas de fuego. El caso de A. revela la necesidad de aclarar la norma andaluza para no dejar margen a interpretaciones opuestas. La presencia de un niño chico en el campo de tiro es legal o ilegal según una lectura u otra.
A., de cuatro años, estaba con su abuelo materno viendo la cacería dentro de la zona de caza y en el puesto de tiro (o aledaños) adjudicado por sorteo a su padre, según se desprende de la declaración judicial del cazador investigado por homicidio imprudente y corrobora la fuente cercana a la propiedad de la finca consultada por EL ESPAÑOL. Unos minutos antes de las 11.30 de la mañana, A. recibió un tiro en la sien que le atravesó el cerebro.
“¡Mi hijo, que me lo han matado!”
En ese momento estaba sentado junto a su abuelo materno; su padre, que se encontraba cerca, llegó gritando “¡Mi hijo, que me lo han matado!”, y fue él quien le aplicó los primeros auxilios y le practicó el boca a boca para reanimarlo, explica el jefe de Protección Civil de Écija, compañero del padre del niño, a EL ESPAÑOL, basándose en el testimonio de otro cazador que estaba con él.
El servicio de emergencias del 112 recibió el aviso de un testigo poco antes de las 11.30 y envió un helicóptero, aunque al niño lo llevaron antes en una ambulancia de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias hasta el centro de salud del pueblo de Burguillos, el más cercano a la finca, situado a 12 kilómetros. Iba con un hilo de vida. Los médicos intentaron reanimarlo durante dos horas hasta que expiró. Le practicaron la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla y el domingo por la tarde lo enterraron en el cementerio de Écija.
La Guardia Civil de la Policía Judicial de La Rinconada inició la investigación y en la misma finca detuvo por un posible delito de homicidio imprudente al cazador de cuyo rifle se comprobó que había salido el proyectil de caza mayor que mató al niño. Se trata de un veterano cazador de nacionalidad argentina y arquitecto de oficio, afincado desde hace años en España y vecino de El Puerto de Santa María (Cádiz). El juez declaró secreto el sumario.
Este lunes, dos días después, el detenido le ha contado al juez instructor que estaba en su puesto con otro amigo venido con él desde El Puerto y que, al escuchar ruido y observar movimientos en la maleza, salió de su puesto adelantándose unos metros, se giró 90 grados a la derecha y disparó creyendo que era un jabalí. En esa trayectoria estaba el niño al que impactó su disparo. El hombre, según las fuentes del caso que cita Europa Press, dijo que no sabía que había un niño en la montería y que no conocía ni al pequeño ni a su padre. Añadió que tampoco sabía dónde estaban los otros cuatro puestos de tiro (cinco en total contando el suyo). De la declaración se entiende que el puesto de este cazador y el sitio donde el niño estaba con su abuelo (posiblemente el puesto de tiro asignado a su padre, José Antonio, que estaba allí o en las cercanías) eran contiguos y que no le habían avisado.
El detenido ha quedado en libertad provisional tras declarar como investigado por un delito de homicidio imprudente, castigado con entre uno y cuatro años de cárcel. El juez le ha ordenado entregar sus armas a la Intervención de Armas de la Guardia Civil, le ha retirado las licencias y le prohibido participar en actividades cinegéticas y usar armas de fuego mientras dure el proceso judicial.
Un cazador consultado por este periódico y cercano a la finca La Lapa explica que en las monterías está prohibido, por seguridad, salirse del puesto para “mejorar la posición” de tiro, como el investigado admite que hizo; pero matiza que a su vez el “orgánico” u organizador de una cacería, o sus postores (los encargados de revisar los puestos de tiro), debe avisar a los cazadores de aquellos puestos en los que estén a la vista unos de otros, precisamente para que estén aún más precavidos, sepan dónde está cada uno y eviten así disparos peligrosos. Entre puesto y puesto suele haber más de cien o incluso doscientos metros de distancia, agrega.
En este sentido, el reglamento andaluz de caza ordena en su artículo 93.b: “Antes del inicio de la jornada de caza, cada postor deberá indicar a todas las personas cazadoras que coloque el campo de tiro permitido. No se permitirá disparar fuera de él y especialmente en dirección a los demás puestos que estén a la vista. A estos efectos, cada persona cazadora está obligada a establecer acuerdo visual y verbal con los más próximos para señalar su posición”.
Doce personas, llamadas a declarar
El juez ha llamado a declarar el 8 de febrero a todos los testigos presentes en los cinco puestos de la cacería, incluido el padre del niño y el organizador, en total una decena de personas. Sus testimonios podrán aclarar su ubicación, si recibieron información sobre sus posiciones o por qué había dos personas por puesto –o incluso tres, si A. estaba con su abuelo y su padre en el puesto de éste– pese a que en esta montería no estaba permitido ese número. El instructor tendrá que dirimir igualmente si es legal o ilegal que el niño estuviera dentro del radio de alcance de las escopetas.
Según las declaraciones de los testigos y dependiendo de la interpretación del reglamento que haga el juez, la petición de responsabilidades podría ampliarse también al padre de A., por llevarlo al sitio, y al organizador de la cacería, por permitirlo y no avisar al autor del disparo mortal de que a su derecha había un niño.
El organizador de la cacería, Enrique Ballesteros Jiménez, no quiso hacer declaraciones a EL ESPAÑOL sobre las circunstancias en que se produzco el accidente.“En virtud de los acontecimientos ocurridos, en señal de luto y como gesto de solidaridad y cariño a la familia y amigos, se anulan las monterías de los días 25 y 26 de enero al igual que se ha hecho con la del día 20”, escribió en un mensaje.
Mientras en el colegio sus compañeros y profesores guardaban este lunes un minuto de silencio en su recuerdo y en los juzgados declaraba el cazador que lo mató por una funesta confusión, los padres de A. guardaban su pena en la casa de los abuelos maternos, junto al recinto ferial del pueblo, y recibían el pésame de familiares, amigos y vecinos.
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