La indemnización de 4.500 euros para cada diputado que se va al paro: la calle pide que renuncien a ella

"Pídele a los diputados del Congreso que por una vez piensen en los ciudadanos y no soliciten la llamada 'indemnización de transición'. Ya se han reído de nosotros suficiente". Así concluye Txema Pardinas su petición en la plataforma Change en la que pide que 213 diputados renuncien a la indemnización económica que se les tiene que abonar tras la disolución de las Cortes Generales. Se trata de una campaña que en la tarde de este viernes ya la han firmado más de 491.000 personas y que espera alcanzar las 500.000 firmas, cantidad mínima necesaria para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso. "Mi intención con esta propuesta es poner el foco en lo que a la gente de verdad le está quemando", explica Pardinas a EL ESPAÑOL durante una conversación telefónica. 

"La repercusión que está teniendo la campaña es directamente proporcional al cabreo de los ciudadanos", cuenta el hombre a este periódico. Los parlamentarios que no formen parte de la Diputación Permanente de cada Cámara dejarán de percibir su sueldo mensual, pero tendrán derecho a la llamada 'indemnización de transición', que debe ser solicitarse expresamente y que es incompatible con cualquier otro ingreso.

Su cuantía depende del tiempo que estén sin percibir otros ingresos, hasta un máximo de los 46 días que dura el periodo entre legislaturas. Se calcula proporcionalmente en función del sueldo base que vienen percibiendo —2.972,94 euros— más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en la Cámara. El máximo supone alrededor de 4.500 euros.

Entre los beneficiarios de esta cuantía destacan Isabel García Tejerina (PP) una de las diputadas del Congreso con mayor patrimonio. Lourdes Méndez Monasterio (VOX), María Mar Blanco Garrido, (PP) Juan Antonio López de Uralde Garmendia (Podemos) y José Antonio Bartolomé Cachón (Ciudadanos) también aparecen en la lista que podrá percibir la indemnización a partir del próxima martes, fecha prevista para la disolución del Congreso y el Senado con motivo de las elecciones del 10 de noviembre.

Los 137 restantes seguirán cobrando su sueldo como miembros titulares o suplentes de la Diputación Permanente. Este órgano está constituido por políticos con los cargos más altos como Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (VOX), Ines Arrimadas (Ciudadanos) o Pablo Iglesias (Podemos).

Pardinas en la campaña se cuestiona que los diputados vayan a ser indemnizados "por los dos meses en los que (otra vez) van a estar sin trabajar", tras una breve legislatura de menos de cinco meses, dos de ellos de verano, y teniendo en cuenta que en cuatro años habrá habido cuatro citas electores.

En la anterior disolución sólo renunciaron cinco

El pasado marzo, al disolverse las Cortes tras la convocatoria del 28-A, 216 diputados pidieron su indemnización y la cobraron, y solo cinco de los posibles beneficiarios renunciaron a percibirla. Tres del PP y dos del PSOE: los socialistas María Dolores Galovart Carrera y José Enrique Serrano, diputados por Pontevedra y Madrid, respectivamente, y del PP: Celso Delgado (Ourense), José Vicente Marí Bosó (Baleares) y Javier Ruano García (Murcia).

En el Senado, solo nueve de los 194 senadores que perdieron su condición de parlamentarios renunciaron a cobrar los 8.822,52 euros fijados entonces en la Cámara Alta.

"Europa está entrando en recesión y tus políticos han decidido que todavía es pronto para madrugar por las mañanas", argumenta Pardinas en la campaña.