Irene Montero -la portavoz de Podemos en el Congreso- denunció a través de su perfil de Twitter el desahucio de Livia y Juan, una familia de Barcelona. El matrimonio se iba a quedar en la calle tras 12 años residiendo en un piso con sus tres hijos en el barrio de Gracia de la ciudad condal. "Durante todo este tiempo han pagado un alquiler de 1.000€ y, ahora, se les impone una subida abusiva de 300€ que no pueden pagar y pueden ser desahuciados", rezaba el vídeo que compartió la política. Además, en sus palabras señalaba a la culpable: Esther Algerich, funcionaria de profesión y propietaria de la vivienda.
Ahora, la mujer ha querido defenderse de las palabras vertidas por Irene Montero y se ha mostrado muy contundente: "No quiero subir el alquiler un 30% porque no quiero alquilar el piso". Además, también ha criticado duramente a Montero: "Es lamentable que una persona con un cargo político envíe un mensaje de estas características". En una entrevista a Idealista/news se ha mostrado muy clara: "Animo a Irene Montero a que sea ella quien les busque un piso por 1.000€".
1.000€ por un piso en el centro de Barcelona
A finales del verano de 2018, el contrato de Juan y Livia -dos peruanos que llevan viviendo toda su vida en Barcelona- finalizó. La pareja residía junto a sus tres hijos en un piso de 140 metros cuadrados y llevaban pagando desde hace once años un alquiler de 1.100€, que en 2018 descendió a 1.000€. "Está por debajo del precio máximo que establece el Ayuntamiento", apunta Esther, la propietaria de la vivienda. La mujer lleva viviendo desde hace meses una pesadilla; escraches en la puerta de su trabajo, amenazas por parte de sindicatos y ha visto como su nombre y su dirección de casa han sido repartidos por todo su barrio e incluso ha salido en medios de comunicación. La última en hacerse eco, Irene Montero.
"Me siento desamparada y he visto cómo se está utilizando mi caso para hacer política", ha apuntado a Idealista/news. Porque Esther lo está pasando mal. "Esta polémica no tiene ni pies ni cabeza; el piso es mío y lo quiero de vuelta", ha afirmado al citado medio. El contrato de Livia y Juan finalizó en octubre del año pasado, momento en el que se puso en contacto la inmobiliaria encargada para informarles que debían desalojar la casa. Tras esto, comenzaron las "amenazas" por parte de Sindicat de Llogaters, una plataforma en defensa del alquiler justo.
"No aceptaron la subida del precio y no se querían ir"
"Han vivido durante 12 años en un piso en un barrio de clase alta, pagando un precio de ganga", explica Esther. Y añade: "Les llegamos a ofrecer otra vivienda más pequeña y económica que tenemos en otra zona, pero se cerraron en banda". Con el paso de los años, decidieron revalorar el piso y desde una inmobiliaria le comentaron a Esther y a su marido que dadas las características del piso este podría estar en unos 1.500€ al mes. Algo que decidieron comentar a sus inquilinos, quienes se negaron a pagar más: "No aceptaban la subida y que tampoco se iban a ir del piso".
Una de las manifestaciones contra el desahucio de la familia.
En el mismo mes de octubre, el Sindicat de Llogaters se puso manos a la obra. Envió una primera carta a Esther y su familia para reunirse para una negociación. Luego, se presentaron en la puerta de la inmobiliaria que gestionaba el alquiler del piso. "El día 14 de noviembre volvieron a la puerta de la inmobiliaria y les avisaron que si querían dejar de recibir amenazas tenían que dejar la administración de mi piso", afirma la propietaria.
"Decían que el trato a mis inquilinos era inhumano"
Pasados unos meses y cansados de la situación que estaban viviendo, Esther y su marido decidieron que no querían alquilar más el piso; iban a hacer unas reformas. "Fue en ese momento cuando el acoso del sindicato comenzó a ser constante", apunta la mujer. Desde el sindicato, repartieron panfletos con un mensaje claro: "Afirmaban que el trato que les estaba dando a mis inquilinos era inhumano". En marzo, un grupo de personas se postró ante la puerta del trabajo de Esther -funcionaria de la Diputació- con el mismo objetivo: la señalaban a ella como culpable de un desahucio.
Uno de los panfletos que repartieron en el trabajo de Esther.
En abril, la fecha prevista para que la familia abandonara la casa, el abogado comunicó a los propietarios que los inquilinos habían apelado y que se paralizaba el desahucio. Además, pagaron la renta hasta marzo de 2019. Pero después de ese mes, los inquilinos dejaron de ingresar la cuota, por lo que la apelación “quedaba resuelta”.
Ahora, ha sido Irene Montero quien ha sacado el tema a la palestra: "Ella no tenía que haber tomado parte de la forma que lo ha hecho". Y Esther afirma al Idealista/news: "Yo no soy la mala de la película, y me gustaría decirle que tiene mucha cara y lo que ha hecho es ilegal, y obviamente tendrá consecuencias". Además, Esther se muestra muy contundente ante su postura y anima a Montero "a que les busque ella un pisito de 1.000 euros de otro propietario que esté de acuerdo con su política".