Dodero, la jueza que no contentó ni a los padres de Gabriel ni a Ana Julia: así pudo inducir al jurado

La sala de vistas se quedó vacía cuando los nueve miembros del jurado se encerraron a deliberar. Era su turno tras ocho sesiones de juicio oral en las que permanecieron atentos a cada detalle. Pero justo después de aislarse en una sala, en los pasillos de la Audiencia Provincial de Almería los abogados de Ana Julia Quezada y los letrados de los padres de Gabriel Cruz mostraron cierto desconcierto ante los periodistas que se les acercaron para saber qué les habían parecido las instrucciones de la magistrada Alejandra Dodero a los componentes del jurado para alcanzar un veredicto justo.

Ninguna de las partes salió convencida con los ejemplos que había usado la jueza para diferenciar entre los posibles delitos cometidos por la acusada. Dejaron entrever que se había posicionado en favor de la tesis planteada por la Fiscalía.  Ahora, dos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendrá que decidir si repite el juicio, como se le ha solicitado hasta en dos ocasiones.

Para la defensa de la asesina la jueza prácticamente dio por descartado el homicidio, delito que consideraban que Quezada había cometido. En cambio, para la acusación particular la magistrada incidió en la tesis de la Fiscalía con sus ejemplos sobre qué era el asesinato con alevosía, petición, precisamente, que hacía la representante del ministerio público Elena Fernández Lora.

Esa sensación de extrañeza no sólo la tuvieron los abogados de ambas partes justo después de que el jurado iniciara su deliberación. También algunos de los periodistas que cubrían el juicio. Dodero había instruido al jurado sobre todos los tipos penales entre los que debían distinguir: homicidio doloso (defensa), asesinato con alevosía (fiscal) y asesinato con alevosía y ensañamiento (acusación particular). Sin embargo, pareció incidir mucho más en sus ejemplos a la hora de explicar situaciones análogas a la tesis que mantenía la Fiscalía.

La magistrada Alejandra Dodero empezó, precisamente, por el asesinato con alevosía. Dijo que es “efectuar un ataque inesperado cuando la persona está en el círculo íntimo, familiar y por tanto tiene confianza” (Ana Julia Quezada era pareja del padre de Gabriel, mantenía contacto fluido con el menor y lo llevó hasta una finca familiar).

La jueza fue cruda con la ejemplificación del ensañamiento: “Clavar un cuchillo a una persona en el muslo, y luego en las piernas y otros órganos no vitales, cortarle un dedo y enseñárselo y finalmente matarle hundiéndole el cuchillo en el corazón”. Es recrearse en el dolor de la víctima, “es un plus", aseguró. Era este el delito que le atribuía la acusación particular a Quezada. 

La magistrada se detuvo también, y especialmente, en el punto en el que durante el juicio hubo una clara confrontación entre las partes: cómo ocurrió la muerte de Gabriel. Alejandra Dodero explicó al jurado las discrepancias. La autopsia había concluido que el niño murió por asfixia casi de inmediato al ataque de Ana Julia y como tal se pronunciaron los forenses.

En cambio, un informe pericial de la acusación particular firmado por dos médicos, un intensivista y un internista, sostenía que el menor fue golpeado y que tardó en morir entre 45 y 90 minutos, un tiempo que “estuvo agonizando”, en palabras del abogado de sus padres.

Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres de Gabriel Cruz, tras conocer el veredicto del jurado.. EFE

Cuando se refirió a este punto, la jueza explicó a los miembros del jurado que los dos médicos que realizaron dicho informe de parte eran “expertos en salvar vidas”, mientras que los forenses de la autopsia practicaron el examen del cadáver del niño y estudiaron sus tejidos. Los otros médicos, dijo la jueza, no participaron en ella y dictaminaron sobre el informe de sus colegas.

Esas frases llevaron a pensar a la acusación particular que la magistrada restaba credibilidad a la pericia presentada por el abogado de los padres de la víctima con el fin de demostrar el ensañamiento de la acusada. Ahora es posible que el TSJA ordene la repetición del juicio.

Instrucciones parciales

La figura de la jueza Alejandra Dodero ha generado controversia recientemente. Tanto los abogados de Ana Julia Quezada como los de los padres de Gabriel Cruz consideran que la presidenta de la sala dio instrucciones inadecuadas y parciales a los nueve miembros del jurado popular para orientar su veredicto hacia la alevosía, posición que mantenía la Fiscalía.

Los últimos en solicitar la repetición del juicio "muy a su pesar" han sido los padres de Gabriel Cruz, Ángel Cruz y Patricia Ramírez. Su abogado, Francisco Torres, impugnó el recurso de la defensa de Ana Julia Quezada con el fin de que se desestime y se confirme la condena a prisión permanente revisable que se le impuso, pero el letrado de los progenitores de la víctima también solicitaba la celebración de un nuevo proceso judicial. 

“Creemos que las instrucciones dadas a los miembros del jurado fueron parciales y consecuentemente se sugirió al tribunal qué era lo más adecuado; esto es, la propia opinión que, seguramente, tenía la magistrada. De este modo, entendemos que se sugirió o se indujo el veredicto”, sostiene el escrito de Francisco Torres. “Es claro que las instrucciones al jurado son necesarias pero tampoco han de ser tan pormenorizadas, como ocurrió en el presente caso (...)". El abogado de los padres de Gabriel Cruz admite que la actuación de la magistrada se debió a un error -“nunca deliberadamente”, dice en su escrito-.

La fiscal Elena Fernández Lora y Francisco Torres, abogado de los padres de Gabriel Cruz (c). EFE

La acusación particular cree que "sobran razones" para repetir el juicio ya que la magistrada Alejandra Dodero "entró a dar opinión" cuando instruyó al jurado popular sobre la agravante de ensañamiento y restó credibilidad a la prueba pericial que avalaba su existencia.

En el recurso presentado ante el TSJA, el letrado Francisco Torres indica que ha decidido recurrir la sentencia si bien optaron "en un primer momento y muy a nuestro pesar" por no hacerlo, aunque tanto él como los padres del menor asesinado están "convencidos de que contiene un clamoroso error al negar los informes médicos" que ellos aportaron para acreditar un supuesto ensañamiento.