El empresario Cristóbal demuestra su inocencia: la coca escondida en piñas no era suya, sino de narcos

El 30 de marzo de 2019 suena al mediodía el móvil de Cristóbal Sánchez Fornieles mientras está en su casa del municipio almeriense de Dalías. La llamada procede de un número desconocido, correspondiente, según averiguará después, a una cabina situada en la vecina comunidad de Murcia.

—¿Dígame?... Sí, dígame…

Transcurren unos segundos de silencio. Luego escucha una voz de hombre, distorsionada electrónicamente para evitar su identificación, que le dice:

—Como sigas investigando, tú y tu familia estáis muertos. Sé dónde vives. En Celín.

—¡Sois unos hijos de puta!

Han pasado más de diez meses y a la vista está que Cristóbal Sánchez, empresario agrícola de 57 años, antiguo brigada del Ejército español, no ha obedecido aquella amenaza de muerte que grabó en el móvil y que acaba de reproducirle al periodista: todo el muro principal de este despacho improvisado de su casa está cubierto por un gran y creciente diagrama en el que sigue apuntando los resultados de su investigación particular para descubrir, dice, a los verdaderos responsables del alijo que lo llevó 93 días a la cárcel. La maldita tonelada de cocaína por la que aún permanece imputado.

Unos tres meses después de esa llamada intimidatoria para que dejara sus pesquisas, se encontró con que en Leganés (Madrid) le habían escrito en el polvo de la luna trasera del coche una cruz y un “te vamos a matar”. Tampoco ese mensaje ha detenido a este hombre cuya obsesión por demostrar su inocencia, descubrir a los auténticos culpables y destapar las posibles negligencias o incluso actos corruptos de algún o algunos investigadores policiales lo está manteniendo cuerdo y activo en lugar de hundirlo en una depresión: “La ira controlada me mantiene vivo”.

Su combustible emocional es la sed indignada de justicia, que lo ha empujado a buscar y entrevistarse en Madrid, Málaga o Alicante con agentes de la DEA (la agencia policial estadounidense antidrogas), de la DAVA española (Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera), de la brigada central de estupefacientes de la Udyco (la Unidad de Droga y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía), de la propia unidad policial del Greco-Costa del Sol que lo detuvo (Grupo de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado) y hasta con Asuntos Internos de la Policía. El acusado de narcotráfico se ha convertido así, para limpiar su nombre, en el insospechado héroe de una lucha personal que parece “un guion de Tarantino”.

Piña con cocaína

Su película real comienza el 9 de noviembre de 2017, cuando la Policía interceptó en el puerto de Algeciras, gracias a una información previa de la Policía de Ecuador y reiterada por la DEA, dos contenedores de piñas procedentes de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil e importados por la empresa española Ramafrut, en cuyo interior se escondía un alijo de 993,7 kilos de cocaína. Casi una tonelada de droga que habría valido en el mercado 35 millones de euros.

Investigadores del Grupo I del Greco-Costa del Sol detuvieron a diez integrantes de una “organización criminal”: el elenco lo formaban el supuesto líder, el español de Melilla y origen marroquí Abdelkader Benali Mohamedi, alias Laca, de 73 años; su yerno Brahim Mohamed, policía nacional de la comisaría de Estepona; la esposa, el hijo varón y tres de las cuatro hijas de Benali, y los empresarios agrícolas Juan Carlos Cervera Ramada (copropietario de Ramafrut SL, la empresa importadora de las piñas, con sede en Benaguasil, Valencia) y Francisco y Cristóbal Sánchez Fornieles, de Almería. Todos los detenidos están hoy en libertad con cargos a la espera de juicio o de sobreseimiento del caso.

La interpretación policial, que adelantó EL ESPAÑOL, aseguraba que Benali, Mohamed, Cervera y los hermanos Sánchez Fornieles habían montado un turbio negocio agrícola en África como tapadera para camuflar envíos de droga a España desde América del Sur y lavar sus beneficios. Pero, una vez que quedó en libertad provisional, el testimonio de Cristóbal Sánchez Fornieles dando la cara en este mismo periódico, el 18 de julio de 2018, desmontaba la versión policial.

Tras aclarar que él viajó desde Guinea-Bisáu a Málaga en cuanto conoció las primeras detenciones para ponerse voluntariamente a disposición de la juez del Juzgado de Instrucción 5 de Torremolinos, Ruth Jiménez Peñalver, el empresario agrícola almeriense explicaba en ese reportaje que las conversaciones telefónicas entre los socios no estaban “encriptadas” ni en clave para ocultar un envío de cocaína, como interpretaban los investigadores, sino que correspondían literalmente a la importación real a España a través de Algeciras de los primeros contenedores de cacahuetes que habían cultivado y cosechado con su empresa local Frutas e Legumes GB en la antigua colonia portuguesa de Guinea-Bisáu, conversaciones en las que hablaban por ejemplo del problema del hongo de la aflatoxina.

Detallaba que de este proyecto dependían 3.000 habitantes locales y que el Banco Mundial y la Unión Europea habían aprobado financiarlo por su importancia para la modernización de la economía local guineana, pero lamentaba que su detención, acusado injustamente de narcotráfico, lo había arruinado todo.

Como ejemplo palmario de los fallos que denunciaba en la investigación policial, el acusado señalaba la transcripción oficial de una llamada telefónica decisiva para las detenciones, en la que el agente registraba que dos interlocutores se referían a la llegada de un contenedor de “piñas”, en alusión al que se interceptó con cocaína, cuando lo cierto es que en el audio no se escucha esa palabra, y en realidad se estaban refiriendo a la recogida del primer envío de cacahuetes.

A la luz de la información y alegaciones de Sánchez, a quien defiende el despacho de Pablo Luna y Asociados de Granada, la juez lo dejó en libertad pero manteniéndolo imputado con cargos mientras proseguía la instrucción por la tonelada de cocaína.

Tras pasar 93 días en la cárcel, primero en la de Alhaurín (Málaga) y después en la de Estremera (Madrid), adonde lo enviaron por su antigua condición de militar, Sánchez no se conformó con esperar en casa el día del juicio o del sobreseimiento.

Con su patrimonio embargado, del que sólo le permiten disponer de 500 euros al mes, y el proyecto africano de su vida parado porque le retiraron el pasaporte y no puede viajar a Guinea-Bisáu, el empresario agrícola se ha dedicado en cuerpo y alma a investigar por su cuenta y riesgo quiénes son los verdaderos narcotraficantes de esta historia.

El resultado de su aventura lo revela hoy a EL ESPAÑOL junto a las fotos, flechas e interrogantes del puzle mural que ha ido construyendo en la pared de su despacho con la ayuda de tres amigos íntimos y en el que desmonta y reorienta la investigación oficial.

El complejo croquis parece el esquema argumental de una serie de televisión en la pizarra de un equipo de guionistas. El acusado se redime en él. No sólo deja clara su inocencia sino que señala a los presuntos culpables para que la Policía, la juez y el fiscal antidroga de Málaga, a los que ya ha entregado sus averiguaciones, actúen contra ellos.

El hermano equivocado

El supuesto “grupo criminal” de los diez detenidos de 2017 no existe y no tiene nada que ver con la cocaína de las piñas, rebate el acusado metido a detective. A su juicio, el fallo, tan sencillo como monumental, de los policías antidroga españoles reside en que se confundieron de persona, si es que fue sólo una equivocación involuntaria y no, como él teme, una manipulación más o menos consciente para colgar la culpa a otros: cuenta que la conexión del alijo de cocaína en piñas con la empresa importadora Ramafrut no era el copropietario de ésta, Juan Carlos Cervera, socio con los otros detenidos en el cultivo de cacahuetes en África, sino su hermano Manuel Cervera, también copropietario de esa empresa y encargado dentro de ella de las importaciones de piña desde Ecuador. Es decir, los agentes se habían centrado en el hermano equivocado.

Pero lo sorprendente, según continúa razonando Sánchez, es que los investigadores dejaron de lado por completo a Manuel y no registraron su empresa, ni lo detuvieron ni imputaron siquiera, pese a ser él quien había tramitado la importación de esos contenedores de piña. Sostiene que la Policía tenía ya prejuzgado que había que incriminar al supuesto grupo criminal de Benali (a quien consideraban líder del narcotráfico en el norte de África con el hachís y luego con la cocaína, aunque nunca lo han condenado) y que con ese objetivo forzaron las diligencias a fin de que encajara con su hipótesis, lo que Sánchez considera como mínimo una mala praxis profesional.

Se pregunta por qué los agentes, en vez de inmovilizar los contenedores de piñas con cocaína en Algeciras, no los dejaron seguir hasta su destino final para así detener con las manos en la masa a quienes fueran a recogerlos. Se pregunta también por qué excluyeron de la investigación a Manuel Cervera si era él el organizador comercial de la expedición de piñas, y plantea el interrogante de si esa omisión se ha debido a un despiste, a una negligencia o, muchísimo peor aún, a que alguien dentro del Cuerpo quisiera proteger y tapar adrede, por dinero u otra razón, a ese lógico sospechoso. “Mi padre era policía, tengo familiares policías, y amigos policías que se llevan las manos a la cabeza cuando les cuento que no registraron ni imputaron a quien era el responsable de importar las piñas de Ecuador. No tiene sentido”, denuncia.

En su investigación particular averiguó que, antes de la operación de Algeciras, la Unidad IV de la Udyco en Madrid, la brigada central de estupefacientes, ya había investigado en 2016 como sospechosos de narcotráfico al español Manuel Cervera y a un cliente suyo, un colombiano asentado en Madrid llamado Ramón Orozco Loaiza, alias El Pompas, administrador de la importadora de frutas María Gutiérrez Pompas SL, aunque habían cerrado la pesquisa por falta de pruebas contra ellos.

La unidad del Greco-Costa del Sol que investigaba el alijo de Algeciras conocía esta investigación previa de sus compañeros de la Udyco central de Madrid sobre Cervera y Orozco, pero cuando interceptaron la cocaína no actuaron también contra éstos, pese a su relación evidente con Ramafrut, y los dejaron fuera de la operación. En el sumario judicial, se menciona en un auto de registro que la brigada central de estupefacientes ya había investigado en mayo de 2016 a “Juan Carlos Cervera” por narcotráfico en contenedores marítimos, una afirmación errónea ya que en realidad el investigado no había sido él sino su hermano Manuel Cervera.

Gracias a los servicios del detective privado Francisco Marco Fernández, de Marco & Co., contratado por Juan Carlos Cervera para averiguar el papel de su hermano Manuel, Cristóbal Sánchez sumó a su investigación un testimonio fundamental: un intermediario agrícola valenciano que reconocía que Manuel Cervera lo había contratado para una extraña acción que parece revelar el modus operandi del traslado de cocaína desde la costa española hasta su destino final. Funcionaba así, según se deduce de la declaración al detective del intermediario Manuel Domingo Puertes, administrador único de la empresa Productos La Iglesuela SL: en ocho días llegaban a Algeciras dos remesas de contenedores con piñas de Ecuador importadas por Ramafrut; una venía limpia el 31 de octubre de 2017, y otra, con la cocaína, el 7 de noviembre.

Según el intermediario frutícola, Manuel Cervera le pagó para que acudiera a la empresa Málaga Natural, destinataria del primer contenedor de piñas del 31 de octubre que el propio Cervera había importado, comprara un palet con cajas de estas frutas y lo llevara en una furgoneta alquilada ante la ITV de Valdemoro (Madrid) el 7 de noviembre de 2017 a las 17 horas.

La misión, para la que le dio dos móviles prepago, consistía en dejar la furgoneta con las llaves puestas y la mercancía cargada. Alguien vendría a recogerla. El objeto de esta extraña operación era, explica Cristóbal Sánchez, conseguir una partida limpia de cajas de piñas, con idéntico logotipo, para que posteriormente, cuando llegara días después la segunda partida contaminada, dar el cambiazo, sacar las cajas con piñas rellenas de cocaína y sustituirlas por las compradas días antes, de forma que el destinatario final no notara la merma. Cambiazo que la incautación de la droga en el puerto de Algeciras frustró.

La investigación privada ha aportado a la juez más información incriminatoria, como que el transportista del viaje a Valdemoro dijo que Ramón Orozco El Pompas le había reconocido que Manuel Cervera “había realizado operaciones con dos bandas de colombianos diferentes”. El proveedor de Manuel Cervera en Ecuador, el hombre que le envió las piñas en las que iba oculta la cocaína, es José Nahín Cañas Trejo, representante de la Asociación de Agricultores Autónomos Comuna Santo Domingo, a quien Cristóbal Sánchez pide que se investigue.

Detención de Denis

Además, Manuel Cervera también había contratado un envío de piñas desde Costa Rica al proveedor costarricense Denis Alfaro, de Inversiones Shalom de San Carlos SRL, envío que iba destinado a la empresa de El Pompas y en la que justo en esos mismos días de noviembre de 2017 la Policía halló ocultos 33 kilos de cocaína. Esta última operación condujo a la detención de Denis Alfaro en Costa Rica, pero no a las de Manuel Cervera y Ramón Orozco El Pompas en España.

El empresario almeriense, metido noche y día en los últimos dos años a investigador de narcotráfico, enseña las extensas presentaciones en Powerpoint, de una exhaustividad y detalle impresionantes, que ha elaborado con ayuda de sus tres amigos. Estos archivos integran sus propias averiguaciones, el informe del detective privado, el dossier de la criminóloga de Madrid María García Sánchez y el análisis del perito Ángel Bahamondes Gómez, fundador de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, que concluyó que en el audio que sirvió para detenerlos no se menciona en absoluto la palabra “piñas” y por tanto la transcripción policial que lo aseguraba es como mínimo errónea.

En varias entregas a través de su abogado, la última el pasado octubre, Cristóbal Sánchez ha aportado a la juez y al fiscal antidroga, para que se lo hagan llegar a la Policía y a las partes, toda esta información sobre los que consideran los auténticos responsables de la tonelada de cocaína de Algeciras, aunque lamenta que hasta ahora ha servido de poco más que para imputar a Manuel Cervera. Señala Cristóbal Sánchez que el exceso de trabajo en el Juzgado de Torremolinos explica en parte pero no justifica lo que él critica como falta de acción policial y judicial.

Ha pedido al fiscal que intervenga para que la investigación policial aún abierta se encargue a una nueva unidad. También ha solicitado a Asuntos Internos de la Policía que estudie por qué no se investigó y detuvo desde el principio a Manuel Cervera y si hubo en ello no sólo un error de enfoque, sino una conducta policial corrupta por parte de alguno de los investigadores.

Él insiste en que no va a cejar hasta que lo exculpen en el caso y condenen a los genuinos autores. Como muestra de su calvario, relata que le acaba de pedir a su abogado que solicite a la juez su reingreso en prisión, para poder así al menos recuperar los 45.000 euros de la fianza y mantener a su familia, porque ahora, en libertad con cargos, sólo le permiten disponer de 500 euros al mes. “Yo he tenido suerte, porque tengo un buen abogado y la ira controlada que siento me da energías para investigar. Pero me pregunto cuántos inocentes como yo hay en las cárceles porque no pueden defenderse”.

El empresario agrícola confía en que, mientras dura la espera de su absolución, le devuelvan al menos su pasaporte para ir a Guinea-Bisáu a resucitar su proyecto con los cacahuetes. Cuando vuelva a ver a los pobres agricultores locales cuyas vidas iba a mejorar modernizando y exportando su producción a España, tendrá que sentarse con ellos y explicarles su larga ausencia. Para aliviar su desesperación, su obsesión, Cristóbal Sánchez se permite por un segundo bromear sobre su suerte y esbozar una sonrisa: “A ver cómo les cuento este guion de Tarantino…”.