El boom de las alarmas antiokupa: se dispara la facturación y hasta las contratan los delincuentes

— ¿Al final, os decidisteís con la alarma? 

— Sí, la primera en ponerla fue la vecina porque habían okupado varias casas cerca y, desde entonces, toda la urbanización se la ha puesto. Mi madre dice que prefiere pagar 45 euros al mes y estar tranquila mientras no estamos en la casa de la playa. 

Esta conversación se producía hace apenas unas semanas entre dos amigas en una cafetería asturiana. Lo sorprendente, sin embargo, es que no eran las únicas que hablaban sobre el tema en dicho establecimiento. Otras dos parejas, a escasos metros, también debatían sobre si poner o no seguridad en su segunda residencia en la montaña. "Tenemos que ponerla antes de que acabe el verano", zanjaba uno de ellos. 

La cosa no quedaba ahí. Pocos días después, el debate también tenía lugar en una calle alicantina. Una señora, de unos 60 años, aconsejaba encarecidamente a su amiga, de similar edad, que pusiese alarma en su apartamento, en Altea. "Carmen, póntela, así os quitáis de problemas; yo ahora me siento mucho más segura", le decía mientras ambas caminaban. 

El auge de la okupación de viviendas —y la indefensión de sus propietarios ante tal fenómeno— en España a raíz del confinamiento por la crisis sanitaria de la COVID-19, tal y como ha reflejado EL ESPAÑOL en varios reportajes, ha convertido a esta lacra en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Un hecho que no solo se refleja en las conversaciones que usted ha podido leer al comienzo de este texto. Sino también en las medidas que los españoles están tomando para evitar —o volver a— encontrarse con este problema: la instalación de una alarma de seguridad. 

Un 13% más

Lo cierto es que hasta el momento —la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional anunciaron la semana pasada el endurecimiento de los protocolos de actuación— es la herramienta más efectiva para hacer frente a estos intrusos. El dispositivo está conectado a las fuerzas de seguridad y si los okupas entran, los agentes pueden desalojarlos de inmediato. Por el contrario, si los indeseados inquilinos se asientan y pasan desapercibidos el suficiente tiempo, expulsarlos será costoso y sobre todo lento por la duración del procedimiento judicial.  

Ante tales opciones, los españoles lo han tenido claro: se han lanzado a por la primera opción. Es el boom de las alarmas antiokupas. Darse cuenta, entre tanto, no es tarea complicada. Pues en consonancia con esto, las empresas de seguridad han enfocado sus campañas de publicidad en radio y televisión sobre todo en el problema okupa. Ya no es un "protéjase frente a un posible robo", sino "evite que alguien entre a su casa". 

Los datos, entre tanto, hablan por si solos. En Securitas Direct (facturó 400 millones en 2019), la mayor empresa de seguridad en nuestro país, el interés por contratar una alarma para evitar la okupación ha ido creciendo con los años. Según desgranan a este diario, el 16% de los clientes que han decidido darse de alta en estos servicios de protección este año lo ha hecho por este motivo. En otras palabras, dos de cada diez usuarios la solicitan para evitar una posible usurpación. 

En el Grupo INV, otra de las mayores empresas de seguridad de España —el último ejercicio facturó 150 millones de euros—, también han notado un aumento en la demanda de estos dispositivos de seguridad, en concreto de un 12,7% más con respecto al año pasado. "Se ha percibido para domicilios y sobre todo para segundas residencias no solo en zonas de playa o cercanía a las grandes ciudades, sino viviendas que se tienen disponibles para el alquiler o para el futuro de los familiares o hijos, dentro de una misma población", explica a este periódico Carlos Juanes, director de Seguridad del GRUPO INV.  

Cinco alarmas al día 

Sin embargo, esta empresa no trabaja al mismo ritmo por todo el país. Tienen lo que ellos denominan como zonas calientes, es decir, allí donde más se requiere de sus servicios por el problema okupa. Se trata de Cataluña y, sobre todo, Barcelona; Madrid, País Vasco (Guipúzcoa y Vizcaya) y la zona de Levante. "En esta última es donde hay mayores movimientos de okupación activos y donde se producen las mayores actuaciones ilícitas en relacion con las propiedades", apunta Juanes. Además de estas regiones, en los últimos meses también han puesto el foco sobre Andalucia, donde están advirtiendo un aumento de usurpaciones. 

Si hay alguien que sabe de alarmas antiokupas, no obstante, es Saúl Ligero. Este malagueño, de 33 años, lleva casi media vida instalando estos dispositivos en la capital española y, al mismo tiempo, viviendo situaciones que muy pocos podrían imaginar. "La gente tiene el miedo metido en el cuerpo más que nunca. La mayoría de las alarmas se instalan porque el vecino de arriba o de algun bloque, o algún familiar da la voz de alarma porque le han intentado entrar en la vivienda", detalla este experto. 

Para que se hagan una idea, si el año pasado Saúl instalaba una media de dos alarmas al día, ahora, según dice, "tiene atacadas de hasta cinco al día". "Después del confinamiento, en cuanto se ha podido salir a la calle, la gente ha empezado a contratarlas", apunta.

El kit básico de alarma, cuyo coste medio suele ser de 45 euros al mes, consta de tres videodetectores, una central de aviso, sirena y teclado. El cliente tiene una aplicación en el móvil para ver al instante si alguien ha entrado en su casa. Y ahora, además, también cuentan con un servicio especializado de urgencia. Es decir, en menos de cuatro horas pueden estar en cualquier punto del país configurando un sistema de alarma conectada a la Policía y una puerta antiokupa. 

Aunque la instalación no es siempre tarea fácil. Saúl recuerda una ocasión en la que intentaron okupar la vivienda en la que estaba colocando la alarma. "Iba con la Policía y vigilantes de seguridad y, aún así, tuvimos que irnos. Al final, trabajando de esto también asumes muchos riesgos; se creen que están en su casa y van a por ti", sentencia este técnico del Grupo INV. 

Los pasos de Delgado

Tal vez ahora Saúl no corra tanto peligro conectando alarmas. Todo dependerá de si la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior cumplen las nuevas medidas que han anunciado para agilizar las expulsiones de los okupas. En el primer caso, su titular, Dolores Delgado, reclamó a los fiscales reforzar su intervención en defensa de los derechos de las víctimas por los delitos de allanamiento y usurpación de bienes inmuebles y recurrir con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico. 

Con este último, Delgado quiere evitar que se retrase la salida de los delicuentes de las casas okupadas y poder restablecer el légitimo dereho del denunciante que, mientras se tramita su procedimiento judicial, se ve desprovisto de su vivienda. Hasta el momento, se han dado casos en los que las víctimas no han recuperado su casa hasta uno o dos años después, mientras que los okupas han disfrutado de la propiedad todo ese tiempo.

En este sentido, la fiscal general ha dado la orden a los fiscales de solicitar como medida cautelar el desalojo de la vivienda en cualquier momento de la causa. Y si no se ha producido al principio, que se haga en el juicio oral para que el okupa sea expulsado del domicilio mientras se dicte sentencia.

En cualquier caso, los pasos a seguir que ha dado la Fiscalía a los afectados son los siguientes: poner la denuncia ante la Policía, a la mayor brevedad, y solicitar medidas cautelares a la Fiscalía. A la denuncia, piden que se incorpore la máxima documentación posible, como la información que acredite la propiedad, además de las circunstancias espacio-temporales en las que se haya producido la okupación del inmueble, y todos los datos de los autores del delito. 

Expulsión inmediata

En consonancia con la Fiscalía, el Ministerio del Interior también ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas. La novedad es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los okupas de la vivienda por parte de los agentes. Solo ocurrirá, sin embargo, si el delito es reciente. Da igual el tipo de vivienda que sea, tanto primera como segunda residencia. Si por el contrario, el delito no es flagrante, la víctima tendrá que solitiar el desalojo al juez. 

Si esto se cumple y las fuerzas de seguridad pueden desalojar la vivienda de manera inmediata y detener a los okupas. Saúl Ligero tendrán menos probabilidad de encontrarse con ellos cuando vaya a instalar una alarma. Pero para eso todavía hay que esperar.

Frente a quienes defienden la seguridad de las alarmas, también están, no obstante, los que denuncian un cierto contrasentido en estas empresas. Pues, efectivamente, este dispositivo te permite dar aviso a la Policía rápidamente y reaccionar más rápido. Pero en ocasiones puede generar un problema más a las víctimas de la okupación.

Se han dado casos, según revelan extrabajadores de estas empresas a este periódico, en los que ciertas compañías han instalado alarmas de seguridad contratadas por los propios okupas, sin comprobar que estos últimos no eran los propietarios de la vivienda. "Yo me fui de allí por este motivo. No lo comprueban porque no les interesa. La alarma es muy útil, te puede defender de un problema muy gordo, pero hay mucha presión comercial por vender y la ley no exige preguntar de quién es la casa", concluye un exempleado. 

Tal vez no solo haya que exigir más contudencia en el cumplimiento de la ley para actuar contra los okupas, sino también revisar todas las herramientas que estos criminales utilizan y acabar de una vez por todas con esta lacra social.