— Los han absuelto a todos. Sólo me queda rendirme, estoy solo. No tengo más opciones.
Pedro B. tiene 48 años y desde hace diez reside en el madrileño barrio de Puente de Vallecas. En 2010, se mudó allí para cumplir un sueño: vivir en un ático con terraza. Pero poco después todo se convertiría en una pesadilla de la que todavía no ha logrado despertarse.
En 2013, en plena crisis económica, la empresa que había construido el inmueble quebró y los problemas para este madrileño comenzaron a multiplicarse. Pedro era el único que había comprado una vivienda en el edificio. Y, de pronto, en lo que la propiedad pasó al banco y dejó de haber cierto control, los vecinos con alquileres dejaron de pagar y el resto de las viviendas fueron okupándose. La vorágine de caos daba comienzo. Y ni el banco, ni la inmobiliaria se harían cargo de nada con el paso del tiempo.
Hoy, la realidad es que Pedro vive asediado por los okupas en su propia casa. Desde los bajos a la última planta, todas las viviendas han sido usurpadas. Y aunque suene disparatado no es el mayor de sus problemas. Sino lo que ha conllevado que estos indeseados inquilinos decidiesen instalarse en la comunidad: prostíbulos, narcopisos, palizas, disparos escenas de sangre en el portal y amenazas constantes. Todas contra la misma persona: Pedro.
El edificio se ha convertido en una auténtico campo de batalla. Una guerra en la que, para más inri, el perdedor es el único propietario legal de la finca. O eso es al menos lo que ha dictaminado la justicia. Con el confinamiento, la situación fue a peor y Pedro decidió denunciar ante la Policía Nacional a varios de sus vecinos por un delito de amenazas. No puede hacerlo por otra falta, pues la propiedad del inmueble pertenece a Serbihábitat. Aportó vídeos, grabaciones, imágenes... En definitiva, las pruebas suficientes —incluido su informe psiquiátrico— para demostrar que su vida es un absoluto infierno.
El juicio
Meses después, se celebró el juicio y esta semana el tribunal ha dictado sentencia. El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha absuelto a todos los okupas. En el fallo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los magistrados dan probado que Pedro "convive con varios vecinos que estarían okupando distintos pisos" y que esta circunstancia ha desencadenado "una alta conflictividad vecinal". No obstante, subrayan que ese no es el objeto del proceso judicial. Y, dicho esto, absuelven a los cuatro acusados tras "no haber quedado acreditados hechos constitutivos de infracción penal".
En otras palabras, para los jueces las discusiones protagonizadas entre los okupas y el denunciante no constituyen un delito de amenazas. No habrá ningún tipo de pena para los usurpadores y a Pedro no le quedará otro remedio que seguir conviviendo con ellos como si no ocurriese nada. "Llevo un año luchando a muerte para que esto se acabe. Vivo con miedo cada día y no ha servido de nada", cuenta este afectado en una entrevista con este periódico.
Aunque este madrileño llevaba siete años haciendo frente a los okupas, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, el 15 de marzo, la situación se volvió todavía más insostenible. Los usurpadores aprovecharon para tomarse la ley por su mano y llevar al límite a este vecino. "El mismo día que empezó la pandemia, unos vecinos que vivían en el 1B intentaron entrar al 1A. Llamé a la Policía y les pararon. Al día siguiente intentan de nuevo y lo consiguen. Los agentes vuelven a venir pero dan crédito de que vivían ahi. ¿Cómo es posible si el día anterior lo habían impedido? Además, había una puerta antiokupas", relata Pedro.
La cuestión no quedó ahí. Un mes después, estos okupas intentar reokupar otra vivienda porque, según explican, "les están cobrando mucho" en el bajo en el que viven. "No pagan nada. Lo que querían era venderlo. Lo peor es que se creen que una vez que okupan, tienen derecho a venderlo", cuenta este madrileño. Antes de proceder a ello, avisan a Pedro y le piden que no llame a la Policía. A lo que él se opone y es cuando empiezan a producirse las amenazas más graves. "Me dijeron que estuviese preparado para las consecuencias", añade.
Sin miedo, Pedro volvió a denunciarles. Y a las pocas horas, se presentó en el inmueble un apoderado de los propietarios (un fondo buitre) y la Policía Nacional. "Tardaron horas en convencerlos para que saliesen. Y aceptaron finalmente con la condición de que no les iban a denunciar". Para evitar una nueva okupación, los dueños decidieron poner a un guardia de seguridad, pero de nada sirvió. Cuando volvió de hacer un descanso para comprar agua, los okupas habían cambiado la cerradura. Estaban otra vez dentro. "Puede que sea verdad o no. Lo cierto es que si él estaba solo y de pronto llegan veinte personas, no tiene nada que hacer", relata este afectado.
"Te rompo la cabeza"
Cuando volvió a ver a los okupas dentro, el 2 de mayo, Pedro volvió a la comisaría para denunciarlos, esta vez por amenazas. Algunos de ellos han cumplido penas de prisión por delitos más graves. Sin embargo, en esa ocasión, la Policía también le advirtió a él. "Fue un despropósito, me dijeron que si volvía a ir me pondrían la denuncia a mí por saltarme la cuarentena", cuenta.
Después de aquel capítulo, los desencuentros entre los okupas y este vecino han ido a más. "Me han amenazado con romperme la cabeza y con mandarme a otras personas para no marchase las manos de sangre, me insultan... es un sinvivir. De verdad, necesito ayuda. He ido al Ayuntamiento, a la Asamblea de Madrid, a diversas asociaciones contra la okupación... nadie ha podido hacer nada", denuncia este afectado, entre lágrimas.
Su último varapalo ha sido perder el juicio frente a los okupas. Él mismo lo admite: "Tal vez no tenía suficientes pruebas, pero es que estoy solo aquí, no tengo testigos. Solo me queda rendirme, no puedo más".
Hace un mes, consiguió que la inmobiliaria llevase a los tribunales a los okupas por los enganches de luz y agua, pero finalmente la causa se pospuso. "Todos se creían que había denunciado yo, pero luego vieron que no, solo iba de testigo. El problema es que la empresa no se presentó y no hubo nada que hacer. Hablé con el fiscal y me dijo que tenía pensado pedir el lanzamiento de todos los okupas a la vez, pero si no se presentaba la sociedad era difícil".
"Que me cambien la casa"
Las únicas medidas que ha tomado en estos ocho años la gestora del edificio se han basado en el lanzamiento judicial [desalojar el inmueble] y un simple cambio de cerradura. La inmobiliaria nunca ha llamado a la Policía y eso ha facilitado que los okupas volvieran a las casas en escasas horas. Una situación que se ha repetido durante siete años y que ha llevado a este madrileño a estar en continuo tratamiento psicológico y psiquiátrico, y con ello a solicitar la baja laboral.
Ante la inacción de la inmobiliaria, tras mandarles más de 300 correos pidiendo ayuda, ha solicitado la permuta de la vivienda en la que vive. Esto es, que se queden con la casa y que le ofrezcan otra. "Me da igual si tengo que pagar la cancelación de la hipoteca, pero quiero irme de aquí, no puedo más", subraya.
"Entiendo que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento debe dar respuesta habitacional a las personas que lo necesitan. Por eso soy yo ahora el que quiere irse de su casa. Las zonas comunes están llenas de suciedad y los problemas de convivencia son incontrolables", prosigue.
De este modo, ante tal vorágine de violencia, su última opción es que Servihábitat, gestora de todas las viviendas, le dé una permuta que le permita salir de su infierno. "Por favor, necesito ayuda, estoy atrapado en mi propia casa y mi integridad física está en peligro", concluye este afectado.
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