Una parte de Twitter arde porque la Princesa de Asturias se va a estudiar al extranjero. Y una magistrada avisa en esta red que ya verás cuando empiece “en las academias militares”. A raíz de las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias y del episodio ruso de Borrell, el espacio político se enzarza en si la democracia española es o no es. Y la juez -así lo prefiere ella-, Luisa María Gómez, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha -con sede en Albacete-, ‘sentencia’: “Que vivimos en una de las democracias más avanzadas del mundo es un hecho objetivo, no una opinión. Todos los índices de evaluación democrática nos colocan como una de las democracias más plenas y avanzadas del mundo”. Un par de zascas, ¿verdad?
Ahora, si se fijan bien en sus respuestas, nuestra juez no ha entrado en el cuerpo a cuerpo. Así responde Luisa María Gómez Garrido, por protocolo tercera autoridad judicial de Castilla-La Mancha, cuando le preguntamos si es de normalidad política y democrática que un vicepresidente pueda decir que no la hay en España: “Nunca responderé directamente a un miembro del gobierno español, que merece todo mi respeto institucional”.
Ni en esta entrevista, ni en Twitter, donde suele acceder vía móvil. Gómez, doctora en Filosofía del Derecho, fue una de las primeras juezas en aterrizar en esta red social. 2011, hace una década. A cara descubierta. Al principio se dedicó a otras cosas. Curioseaba y escribía haikus. “Luego la cabrá tiró al monte y terminé centrándome en hacer divulgación del Derecho, del sistema jurídico y del funcionamiento institucional, que es el campo en el que me muevo en redes sociales”.
Asegura que no es la juez más activa en Twitter. “Afortunadamente hay muchos más compañeros y compañeras acercando la Justicia a la gente, proporcionando buena información y explicando cosas”. Pero si ponen en un buscador jueza y Twitter, ahí la tienen: entre Lady Crocs que opera con pseudónimo y Victoria Rosell, que tiene más seguidores y cargo político. Gómez suma más de 28.500 y habla de ellos verdadero cariño. Como de su vocación por la judicatura. Fue “un flechazo intelectual”. Le llegó en cuanto empezó Derecho. Ya convertida en jueza pasó por Villena (Alicante), Barcelona y vuelta a su Albacete natal, donde fue decana delegada de la Jurisdicción Social. Repasamos la actualidad con ella:
La magistrada, con un máster en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, destaca dos puntos. Lo primero, su gran defensa de la misma. Lo argumenta con índices internacionales como el Democracy Index y el Rule Law Index... En su Twitter verán como coloca a cada uno en sitio: España, puesto 19; Rusia, 94.
Segundo: “Cualquier ciudadano, y por supuesto un político, tiene derecho a expresar sus opiniones sobre la democracia y sobre cualquier otro asunto”, señala. “Incluso cuestionar el propio sistema porque no somos una democracia militante como la alemana o la francesa”. ¿Democracia militante? Respuesta micro clase de Derecho comparado: en estos países no se permite un cuestionamiento del sistema desde dentro del sistema.
Pregunta: ¿España es un disparate?
Respuesta: No es muy distinta a otros países que se enfrentan a retos similares. Recomiendo entrar de vez en cuanto a echar un vistazo a la prensa extranjera. Desaparecen muchos prejuicios. Aunque no todo es de color de rosa. No puede negarse que en nuestro país se ha producido una especie de ‘tormenta perfecta’ al coincidir varios factores que pueden incidir en una potencial desestabilización, son muy ruidosos y dan mucho juego en los titulares.
Gómez Garrido habla de juego y de Bolsa: “No descubro nada si digo que, desde hace ya un tiempo, hay ciertos grupos que están realizando con España lo que en la especulación bursátil se llama invertir en corto”. Lo explica: “Están apostando con fuerza a que España vaya mal para ganar ellos; es decir, para conseguir sus objetivos, sean los que sean en cada caso”. Y ahí habla de “estrategias muy activas de ataque y desprestigio de la democracia española”. Por eso alerta: “El problema es que aquí no estamos hablando de valores en bolsa, sino de la libertad, la seguridad, la libertad de oportunidades y el trabajo de la gente, son cosas muy serias”.
La magistrada se pone seria, como en Sala, en el análisis: “Lo que es inadmisible es que, si no puedes obtener un cierto resultado porque no lo permite la voluntad mayoritaria expresada en la Ley y la Constitución, intentes cargarte ese sistema atacando a periodistas, a jueces, o a cualquier que en un momento determinado garantice con su trabajo la integridad del sistema”. Y añade: “Puedes proponer cambiar el sistema en cualquier de sus extremos, pero si la mayoría no está por esa labor, no puedes tomar el camino de en medio. Eso tiene un nombre muy feo”.
¿Y aquí quien pone orden en la sala?, le pregunto. Con severa elegancia -esa que tanto aprecian sus seguidores- contesta que no debería usar esa expresión en vano. “Es una frase muy expresiva, casi teatral…” Luego hablará no sólo de las autoridades: políticos, jueces… Nos gira el espejo. A los civiles. “No nos engañemos, el cimiento de la democracia es la ciudadanía, y cada uno de nosotros por humildes que seamos, tenemos el deber de ‘poner orden en la sala’.
Insiste la magistrada de Albacete: “No basta con decirse a sí mismo: ‘Yo soy un demócrata tolerante pero no quiero meterme en líos’”. Aquí “hay que rebelarse y eso significa no abandonarse sin más a los estímulos fáciles, informarse críticamente, no ceder a los prejuicios ni a la intolerancia, no ser perezosos con la injusticia. Si cada uno de nosotros adoptase esta posición de integridad cívica, quizás no se verían con tanta facilidad ciertas cosas”.
Para ese activismo ciudadano defiende la polémica asignatura que desapareció en 2016. “Quizás desperdiciamos una ocasión excelente de formar sobre estos aspectos cuando dejamos en el camino la Educación para la Ciudadanía. Sé que era un asunto muy controvertido, y merecía serlo porque corría el riesgo de utilizarse de manera indebida”. Pero cree que “enfocado adecuadamente, podría ser un instrumento excelente para transmitir un adecuado conocimiento sobre nuestro sistema”.
Y también en la red habla de que España sufre diferentes crisis. De la económica sabe lo que se viene: ““Los juzgados de lo social están ya desbordados. La sobrecarga de trabajo funciona aquí como las olas de la pandemia. Primero entra en los despachos profesionales, cuando la gente tiene problemas y va a consultar; luego entran las demandas en los juzgados; y finalmente llegan los recursos a las salas”. Las primeras señales ya están aquí: “Los juzgados ya han tenido una primera avanzadilla que nos llegará a las salas en breve. Y según me informan los abogados y graduados sociales, está empezando a entrar otra oleada de consultas por despidos y cierres”.
Inevitable estos días preguntarle por Pablo Hasél. Primero, repaso: “No fue condenado por sus opiniones políticas, sino por enaltecimiento del terrorismo. Reiteradamente se mostró partidario de ETA y el GRAPO, y, oiga, dijo que estaría muy bien utilizar amonal y pegar tiros a ciertas personas.” Recuerda que su pena “quedó en suspenso”. Pero entonces “salieron otras dos condenas por agresiones, una a un periodista y otra a un testigo en un proceso, y de manera automática se reactivó la primera condena”. Por eso, explica, “se ha reactivado la opción de la cárcel”. Y continúa: “Es verdad que además se condenó por injurias a la Corona, pero como en casos similares, esta conducta habría pasado completamente desapercibida si no fuera porque concurrió con los otros delitos, que son desde mi punto de vista más serios”.
La magistrada se muestra partidaria de rebajar determinadas penas: “Me parece legítimo discutir si algunos delitos, como el de injurias a la Corona, debe tener menor penalidad”. Pero aquí no ve fisuras: “Pretender que el enaltecimiento del terrorismo o las lesiones queden impunes me parece una locura, y sería una opción extraña en el ámbito de los países de nuestro entorno”. Es más, dice la magistrada, “sostener que el delito no se comete porque se haga rapeando o cantando, o relacionarlo con la libertad artística, es una extravagancia que no se sostiene en cuanto se le da dos vueltas con un mínimo de seriedad”.
P.- Y hablando de Libertad de expresión. Todo el día escuchando opiniones y discursos del Ejecutivo, del Legislativo… pero esperamos que el Judicial ¿opine poco?
R.- Tradicionalmente el juez era un señor, casi siempre varón, oculto en la soledad y el anonimato de su despacho, al que nadie conocía ni ponía voz, a ningún efecto, tampoco para realizar un escrutinio de su labor. Y esa situación era increíble, era como si la Justicia fuera impartida por máquinas expendedoras. No solo es que la Justicia fuera opaca y desconocida, sino que se desperdiciaba un capital humano increíble. Algunas de las personas que mejor conocen el sistema en este país están en la judicatura.
Ahora bien, no todo vale recuerda Gómez Garrido: “El juez que piense que puede hacer y decir lo que le dé la gana se ha equivocado de trabajo. Pero el que piense que un juez no puede ejercer su libertad de expresión con responsabilidad se ha equivocado de continente y de siglo”. Y es más, señala: “Los principios éticos de los jueces españoles, copiados en esto de los europeos, atribuyen a los jueces una función pedagógica específica, y de defensa en caso de ataques a la democracia y el Estado de Derecho”.
No oculta que se han producido “abusos políticos” en el Consejo, eso sí, asegura que no afectan al día a día de la Justicia. O lo hacen “rara vez”. Sí, dice, “hay jueces que nos han avergonzado a todos y personas que no han sabido poner pie en pared dentro del Consejo”. Todo pasa factura, porque “ayudan a quienes cuestionan el sistema jurídico constitucional”.
La magistrada aboga por una reflexión conjunta: “Quizás deberíamos reconocer que, en un poder Judicial como el español, completamente profesionalizado y con un sistema de acceso objetivo, el poder Legislativo tiene algo que decir en el nombramiento de miembros del Consejo”. A pesar de que el ambiente se emborrona cada día, considera que “son cuestiones muy bonitas para discutir”.
Ahora, Gómez Garrido no se olvida de quienes complican el asunto: “Está claro que la mayor fuente de politización de la Justicia está en los propios políticos y en la actitud colonizadora y displicente que han tenido históricamente con el Consejo”. ¿Veredicto? “Lo que estamos viviendo en estos momentos, con un bloqueo en su renovación y una reacción para una reforma exprés que impida al Consejo desempeñar sus funciones normales, es de lo más grave que ha pasado en un mucho tiempo. Una cosa y la otra”.
Vuelta a Twiter. Aviso a navegantes (o litigantes) desde su perfil: “Mis opiniones personales no tienen por qué coincidir con mis decisiones judiciales”. No olvida la magistrada, claro está, que Twitter es “un terreno abonado para la polémica”. Pero también un “instrumento estupendo” que da muchas satisfacciones. Si no fuera así, afirma, no estaría en la red. “Tengo nula vocación por el sufrimiento”. Pero claro, rifirrafes, haberlos haylos. “Intercambios poco gratos”, los llama.
P. Con la venia, señoría, ¿y ha mandado a alguien a hacer ‘puñetas’ en Twitter?
R. Jajaja. Sí, a unos cuantos, en el sentido figurado que se hace eso en Twitter: bloqueando. En ese sentido, no soy de gatillo fácil, pero lo cierto es que no veo por qué debemos tolerar en redes sociales lo que jamás toleraríamos en el cara a cara. Yo no me relaciono con gente grosera que insulta, amenaza, inventa o tiene actitudes poco cívicas, ni en la calle ni en Twitter.