Un estudio europeo reafirma que el sistema de reciclaje de Podemos perjudicaría a la economía

España es el quinto país de Europa que más envases de plástico genera, con todo el impacto ambiental que conlleva. Es evidente que se pueden hacer mejor las cosas, pero los cambios, si no se tratan con cuidado, se pueden volver incluso más perjudiciales que las situaciones originales. Simple y llanamente: variar los modelos de reciclaje sin tener en cuenta sus consecuencias colaterales podría ser un error. Y Europa lo ha advertido.

Es el caso del llamado Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), el modelo de gestión de residuos favorito de Podemos al que tanto supermercados como pequeños comercios se han opuesto frontalmente. El sistema ha empezado a ganar sus adeptos en países como Alemania, Holanda o Estonia, que ya lo usan como un complemento al SCRAP típico en España, basado en recoger residuos, clasificarlos y reciclarlos mediante el trabajo de fabricantes, envasadores y distribuidores, además de entidades gestoras. Con él, el consumidor puede seguir tranquilo con que el reciclaje siga su curso sin que le repercuta económicamente. Con el SDDR, todo lo contrario.

Así lo ha advertido esta semana la European Concept for Accessibility Network (ECA), la red encargada de armonizar a la comunidad europea sin exclusiones de ningún tipo; esto es, conseguir que los entornos, productos y servicios respeten la diversidad humana y promuevan la igualdad de oportunidades. En este contexto, su último estudio sobre el impacto ambiental en España no deja en el mejor de los lugares al SDDR, un sistema también conocido por sus prácticas de lobbismo con ecologistas españoles por medio de empresas extranjeras, como ya adelantó EL ESPAÑOL.

Penalizar a los ciudadanos

El estudio, al que ha tenido acceso este periódico, evidencia que el SDDR tendría un impacto negativo sobre el ciudadano, sobre todo el más vulnerable, y le haría perder dinero. También sobre los comercios implicados, que se encontrarían con severas limitaciones a la hora de instalar las máquinas necesarias para el sistema. En este caso, los locales se verían obligados por ley a invertir entre 3.000 y 20.000 euros por aparato, según los cálculos de la ECA, y disponer de unos 20 metros cuadrados para instalarLOS, un espacio que no todos los comercios tienen.. 

En total, España dispone de 383.974 contenedores amarillos, 217.170 contenedores azules y más de 230.000 contenedores verdes para facilitar que los ciudadanos puedan depositar sus envases, según datos de Ecoembes y Ecovidrio. Su gestión depende de los ayuntamientos, esto es, la cosa pública, y no supone costes añadidos para el consumidor. Implantar el SDDR, obligar a hacerlo, podría dar al traste con todo esto, cargando al ciudadano con las responsabilidades colectivas y encima cargando el sobrecoste en su bolsillo.

Sobre esto, el informe es taxativo en sus conclusiones sobre el SDDR y su implantación en España de forma obligatoria: "Teniendo en cuenta los factores específicos de España [...] implementar medidas como aplicar un sobrecoste al producto envasado, como ocurre en los países en los que junto al SCRAP se ha incorporado el SDDR, no solo no contribuiría a mejorar las tasas de reciclaje, sino que penalizaría a los sectores más frágiles de la población”, reza el documento.

Para mejorar las tasas de retorno y reciclaje, el estudio recalca la necesidad de que los gestores de los residuos incrementen sus esfuerzos en adecuar la gestión a la diversidad demográfica, social y funcional de la población. Para ello, ECA elabora una serie de recomendaciones a empresas, administraciones y ciudadanía como la puesta en marcha de campañas de sensibilización tales como Viernes Sin Envases, una distribución de papeleras y contenedores más adecuada a las necesidades, la implicación de las entidades administrativas, sociales y ambientales, así como el establecimiento de incentivos, pero también de sanciones. 

Lobby noruego en España

Además de las carencias del SDDR en España, el origen de su campaña en territorio nacional no está tampoco exenta de polémica. Sus redes parten de la multinacional noruega Tomra Systems, una compañía cotizada que se dedica a pagar a ecologistas españoles para que hagan lobby a favor de este sistema. La razón: obligar a los comercios a implantar las máquinas que ellos mismos fabrican.

Así lo revela una investigación publicada en EL ESPAÑOL sobre la financiación de Tomra en los socios de Greenpeace. Según ha podido comprobar este periódico, la empresa noruega ha efectuado un total de 21 operaciones para financiar a diferentes entidades ecologistas españolas desde el año 2015 hasta 2019, varias de ellas pertenecientes a la Alianza Residuo Cero que aboga por el SDDR obligatorio. 

De ellas, el grupo Retorna ha sido el máximo beneficiado con ayudas de 1.390.000 euros desde ese año. En total, la sociedad habría recibido 830.000 directamente, mientras que el resto del dinero habría ido a las cuentas de Miguel Roset, director, y César Sánchez, director de comunicación, con 420.000 y 140.000 euros, respectivamente; además de otros 570.000 euros enviados indirectamente por otras entidades. En la ecuación se encuentra también Recircula, que no pertenece a la Alianza, pero que se agenció 852.000 euros en el mismo lapso de tiempo.