Los caminos del Procés son inescrutables. Pero, para los que los transitan, casi siempre llevan a buen puerto. Al menos en lo laboral y económico. Contratos millonarios, puestos de asesores repartidos casi a peso, concesiones sospechosas, dedazos, programa de televisión deficitarios o cargos en embajadas ficticias. Son algunas de las jugosas salidas que esperan al 'procesista profesional' y a sus esposas, hijos, maridos, cuñados...
Con el dinero público se han montado referendos ilegales, embajadas fake y unos 340 puestos de asesores en torno a la Generalitat de Cataluña. Cuando se impuso el 155, muchos de estos puestos saltaron por los aires. Pero la vuelta a la normalidad supuso la recuperación de esos cargos y el regreso de muchos de los expulsados del paraíso. Porque el Procés ha funcionado, desde sus inicios, como una gigantesca agencia de colocación. Y desde 2017 trabaja a marchas forzadas.
EL ESPAÑOL inicia aquí un repaso de las puertas giratorias del independentismo, uno de los negocios mejor remunerados de Cataluña en los últimos años. Justo la semana en la que se han hecho efectivos los indultos, que no son más que "un primer paso" (en palabra das de Pedro Sánchez) para reactivar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Unas reuniones en las que el ejecutivo catalán exigirá un nuevo modelo de financiación y más competencias en infraestructuras. Esto es, más dinero.
Dedazo por la República
Hay un puesto comodín para colocar a amigos en la Generalitat. Se conoce como 'asesor transversal', porque no podía llamarse 'coladero de amigos'. Viene a ser un cargo de confianza elegido a dedo y sobre el que el ejecutivo no tiene que dar demasiadas explicaciones. Porque al tratarse de un puesto eventual, sus titulares no están obligados a rendir cuentas de su agenda o de sus cometidos ante el Parlament
Hay auténticas expertas en obtener cargos a dedo. Es el caso de Cesca Doménech. Es la mujer de Miquel Buch, exconseller d'Interior. Un hombre que antes que político fue portero de discoteca y al que ahora la Fiscalía le pide 6 años de cárcel y otros 15 de inhabilitación por presunta malversación y prevaricación, al contratar al mosso d'esquadra escolta de Carles Puigdemont.
Cesca Domenech, esposa de Miquel Buch, ha sido colocada a dedo... otra vez
Su esposa, Cesca Doménech, acaba de ser nombrada directora general de Acción Cívica y Comunitaria. Un cargo que depende de la conselleria de Derechos Sociales (JxCat) y por el que se embolsará un total de 87.456 euros brutos en 14 pagas. Más de 6.000 euros al mes. Más que el presidente del Gobierno, que percibe en torno a 83.000 euros. Más que la presidenta Carmen Calvo, cuya salario no llega a los 80.000.
Doménech cuenta con una dilatada experiencia en acceder a este tipo de puestos en general. Porque ya los ocupaba en la época de Jordi Pujol. También en el área de Acción Cívica, entre 1999 y 2001. Con Puigdemont fue nombrada responsable de la oficina del delegado territorial en Barcelona de la Vicepresidencia económica, cargo por el que cobraba 64.791 euros al año. En 2017, acabó siendo cesada con la aplicación del 155. Pero la repescó Elsa Artadi para su Departamento de Presidencia, donde la contrataron como personal eventual. ¿Su cometido?: asesorar.
Otra que ha tenido una trayectoria similar, casi paralela, ha sido Mónica Osácar, la hija de Daniel Osàcar (extesorero de Convergència condenado a más de cuatro años de prisión por el caso Palau). Ella también tuvo cargos con Jordi Pujol y con Artur Mas. También cayó con el 155. Y también fue repescada por Artadi para su gabinete de comunicación. Entre sueldo y complemento, salió a 81.000 euros anuales.
Girar al mismo sitio
En ocasiones, la puerta giratoria lleva al mismo sitio del que se partió. Es el caso de Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern condenada por la organización de la consulta del 9N. Saltó del gobierno porque fue inhabilitada, pero volvió colándose por el recoveco de la asesora transversal. El TSJC la denunció por ello.
Se incorporó al departamento de Empresa en mayo de 2019. Sus funciones, difusas: “estructurar proyectos transversales” y “fomentar la economía productiva”. Entre sus cometidos también estaba la “preparación de documentación en materia de proyectos transversales” y la “elaboración de informes”, según indicaba el decreto que anunció su fichaje. Su sueldo, de ministro: 70.000 euros entre bases y complementos. En 2020 la nombraron secretaria general en la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) con un salario de 97.300 euros al año.
La exvicepresidenta Joana Ortega
Está Cesca Doménech, Joana Ortega y Mónica Osácar, pero también hay otros nombres conocidos del independentismo, como el de Anna Figueras, esposa de Miquel Àngel Escobar (secretario de Administración Local). Ella también entró de asesora en el gabinete de Elsa Artadi, en el mismo dedazo que Cesca, y su sueldo era de 75.123 euros al año. Un poco más cobra Maria Rosa Pons, la mujer de Ramón Tremosa (actual conseller de Empresa), que en 2019 fue contratada como directora de su gabinete por su amiga personal Laura Borràs. Su sueldo es de 79.917 euros anuales.
La noticia es que se presume un incremento de estos nombramientos a dedo: la Generalitat aprobó el pasado mes de marzo un decreto mediante el cual podrán empezar a nombrar a cargos a dedo en ámbitos donde hasta ahora no se podía: la conselleria d'Enseyament podrá adjudicar cargos como inspectores jefe territoriales adjuntos, coordinadores territoriales y coordinadores de los ámbitos de especialización. Los cargos a dedo le cuestan más de 26 millones de euros al año a las administraciones públicas catalanas.
Embajadas fake
Una de las ideas más locas del independentismo ha sido la de abrir embajadas en otros países. Pero más allá de lo hilarante que pueda resultar, estas oficinas de nula utilidad se han convertido en otro de los iconos de la cultura de la colocación del procesismo. Y cuestan mucho dinero. Solamente en pagar a los directores (sin contar inmueble, material ni el resto de personal), la Generalitat gasta más de 1.300.000 euros al año.
Anna Forn, hija de Joaquim Forn
Por allí han pasado otros personajes del entorno independentista. Por ejemplo, la hija de Joaquim Forn, uno de los recién indultados. Anna Forn fue contratada en noviembre de 2018 por la delegación del Govern en Londres, ciudad en la que ella, politóloga, residía desde el año anterior. Entró en calidad de técnica junior y dependía directamente de la conselleria d'Acció Exterior, enfocada a difundir propaganda independentista en el extranjero.
Esa delegación estaba directamente subordinada, por tanto, al entonces conseller Ernest Maragall, histórico dirigente socialista que se borró del PSC en 2012 para subirse al carro indepe y acabó como conseller en ERC, tras haber intentado aventuras políticas en un par de partidos. No encontraba la salida de su puerta giratoria hasta que Quim Torra se la abrió y lo incorporó a su equipo.
Francesca Guardiola
Pero si hay un nombre propio en estas embajadas fake es el de Francesca Guardiola, la hermana de Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. Puigdemont la nombró en 2016 directora de Relaciones Exteriores y le encargó abrir las 15 delegaciones que la Generalitat tenía que inaugurar por todo el mundo. Algunas en lugares tan insólitos como Túnez. Después se estableció en la delegación 'Países Nórdicos", con sede en Copenhague. Allí dejó mal sabor de boca entre alguno de sus colaboradores, que la acusaba de "no dar palo al agua".
La acusación su excompañera Diana Corominas, que también estuvo contratada en la delegación de Copenhague y le dedicaba estas palabras a la hermana del entrenador en su blog personal: "Le hacía mucha ilusión vivir en los Países Nórdicos, pese a no hablar ni papa de danés, ni conocer en absoluto el carácter nórdico", pero que fue la propia Francesca la que pidió irse a vivir a Escandinavia porque le hacía ilusión". En otra entrada de 2018, Diana ya la atacaba abiertamente: "Se ve que para disfrutar de un buen sueldo, de buenas conversaciones en el Parlamento y noches en el Teatro de Copenhague sí que se podía contar, pero para el trabajo […] esto ya no".
Porque el sueldo de embajador catalán fake da para vivir muy bien. En total son 15 delegaciones repartidas por el mundo, donde hay otros viejos conocidos de la Generalitat. Como el de Estados Unidos, Isidre Sala, que ya fue director del Departamento de Acción Exterior. O el de la sede de Reino Unido e Irlanda, Sergi Marcén, uno de los hombres fuertes de la Generalitat en el ámbito de las telecomunicaciones y figura clave en la organización del World Mobile Congress. Todos ellos, desde el de Argentina hasta el de Túnez, cobran 87.456 euros al año.
Curiosamente, la antes mencionada Joana Ortega colocó en 2012 a su sobrina Mar Ortega en la delegación que puso la Generalitat en Berlín. Y su corta estancia refrendó la toería de Diana Corominas de que la Generalitat manda a esos puestos a personas sin preparación: Mar Ortega recibió feroces críticas de inmediato porque llegó a ese puesto con un desconocimiento absoluto del idioma alemán. No lo hablababa y se limitaba a leer sin soltura y con dificultad los textos que le preparaban para los actos.
Locos por la tele
Una de las plazas estratégicas de la colocación en el procesismo está en los medios de comunicación. Ya no por los escritores sobrevenidos que han engrosado sus cuentas corrientes con libros de propaganda (que también), ni siquiera por los periodistas españoles en horas bajas, como Ramón Cotarelo o Beatriz Talegón, que buscaron en el conflicto catalán su filón (que también). El punto está en el medio público. En TV3. Y el gran beneficiario es Toni Soler.
Polonia cuesta 3 millones de euros al año al erario público catalán
Icono independentista, gurú procesista, historiador y bufón oficial del régimen, hace programas cómicos como Polonia, un espacio de propaganda en clave humorística que cuesta 3 millones de euros al erario público cada año. Es el fundador de la productora estrella del canal, Minoria Absoluta. Según cifras que constan en los propios informes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, entre 2015 y 2020 se embolsó 34 millones de euros en contratos. A él le encargaron los polémicos documentales sesgados obre el 1 de octubre, que en algún caso se colaron en los informativos como reportaje neutral, provocando que un grupo de trabajadores de la cadena emitiese un duro comunicado al respecto.
Pero el conchabeo procesista no acaba en TV3. En Cataluña hay otras teles públicas de las que se pueden sacar pingües beneficios. Bien lo sabe la mujer de Carles Puigdemont. La actriz rumana Marcela Topor lleva desde abril de 2018 cobrando 36.000 euros por semestre. por dirigir y presentar Weekly Mag, un programa en inglés en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), una red de televisiones locales que está financiada por la Diputación de Barcelona, donde Junts Per Catalunya cuenta con dos vicepresidencias.
Marcela Topor presentando un programa
El coste total aproximado de su magazine 300.000 euros al año, que asume íntegramente la Diputación. Según datos internos, en el último trimestre, el programa de Topor tuvo una audiencia acumulada de 122.000 espectadores, con un total de 12.000 dispositivos únicos conectados, contaba El Confidencial. Es una cifra de audiencia pobre incluso para los estándares de la red catalana de televisiones locales. Y ella, en el último año, se embolsó 60.000 euros.
Son los enchufes y puertas giratorias más escandalosas del procesismo, pero no las únicas. Ahora, los presos ya están en la calle y ocupando horas en la tele pública catalana. Es el primer paso, según Pedro Sánchez. En breve, los siguientes: recuperar esa mesa de negociación con la que los independentistas, que ya han adelantado que "ho tornaràn a fer", pedirán mayor financiación al presidente del gobierno de España, el país del que se quieren separar. Ya lo cantaba Coque Malla en Los Ronaldos:
"Adiós papá, adiós papá. Consíguenos un poco de dinero más... Más dinero".
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