El polémico plan de Baleares para su Justicia: dará prioridad a los interinos por saber catalán

Después de la normalización lingüística de facto en la educación, de obligar a tener el catalán para ser funcionario y de exigir la lengua autóctona a los sanitarios, el Govern balear tiene un nuevo objetivo: la justicia. La dirección general de Política Lingüística, comandada por la militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Beatriu Defior, ha impulsado junto con el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) y otras entidades la campaña La Justicia, también en catalán. Según el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, el objetivo es que usar la lengua autóctona no sea “un acto heroico” y para conseguirlo propone, entre cosas, considerar el catalán como mérito en las bolsas de interinos, aumentar la presencia de la lengua autóctona en la Universidad o coordinarse con la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos para ‘juzgar’ las reclamaciones por motivos lingüísticos que se presenten en el ámbito de la justicia.

De momento, todo empieza a medio gas con un cartel, un folleto, una página web y la reedición del libro Vocabulario de derecho editado en 2009 por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia. Pero tal y como se detalló en el acto de presentación, celebrado en la sede del TSJIB el pasado día 30 de septiembre, la campaña prevé acelerar la marcha con otras muchas ideas “como punto de partida” y que tienen tres colectivos destinatarios: la Administración de Justicia, los operadores jurídicos y los ciudadanos.

Uno de los objetivos es que el personal de justicia hable catalán, así que la campaña propone “priorizar en la bolsa de interinos a las personas que acrediten el grado medio [de catalán] del ámbito jurídico” e incluso va más allá para reclamar que se modifique “el orden de interinos para que se valoren los conocimientos de catalán como mérito”. De este modo, una persona que acredite algún título de la lengua autóctona tendrá más puntos y por tanto mejorará su puesto en la lista de aspirantes a un puesto de trabajo en la administración de justicia.

Antes de llegar al funcionariado, la campaña pretende ir allanando el terreno en la universidad y por eso plantea “impulsar un plan de incremento de la presencia del catalán como una lengua de docencia en los estudios de grado” de Derecho o Relaciones Laborales, entre otros, en la Universitat de les Illes Balears (UIB). También quiere que haya más profesores que usen el catalán en el Máster de Abogacía y en las prácticas e informar a sus alumnos de que pueden escoger la lengua autóctona en las pruebas de acceso a la abogacía.

El uso del catalán en la UIB es uno de los caballos de batalla de otro de los impulsores de la campaña, la Obra Cultura Balear (OCB), homóloga de la catalana Òmnium Cultural. En las recientes elecciones a rector de la universidad balear, la OCB subrayó de nuevo su “inquietud" ante los datos que evidencian “un retroceso preocupante” del catalán en algunas titulaciones de la UIB.

Presentación de la Justicia también en catalán.

A La Justicia, también en catalán se han sumado igualmente la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, el Colegio de Graduados Sociales, el Decanato de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y el Colegio Notarial.

La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos tiene un papel muy relevante en las propuestas de esta iniciativa. Esta entidad es uno de los compromisos del pacto de gobierno formado por PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca. Creada en 2020 para paliar el “dolor” de no poder hablar en catalán, desarrollará una campaña específica para divulgar entre la ciudadanía el derecho a usar el catalán en el ámbito de la justicia. Además, se coordinará con el TSJIB para “hacer un seguimiento” de las reclamaciones que se hagan por motivos lingüísticos.

Oficina de denuncias

En teoría, esta Oficina se creó para defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos que hablan en catalán y en castellano, aunque en la práctica sólo se encarga de recoger las denuncias que presentan catalanoparlantes respecto de trabajadores públicos y privados. Nada sorprendente porque la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, la ex diputada de ERC Agustina Vilaret, ya dejó claro en el día de su presentación que es un organismo más para promover el uso del catalán. “Tenemos que tomar conciencia de que los derechos que son más probables que sean vulnerados son los de las personas que eligen utilizar el catalán”, aseguró Vilaret, para quien es esta realidad “la que provoca la misma necesidad de que haya una oficina, porque el catalán es la lengua que está situada en una posición más débil”.

El plan de actuación propuesto pretende asegurar la atención telefónica en catalán, rotular cualquier cartel en la lengua autóctona e impulsar el uso del catalán entre “los abogados y los representantes legales de las administraciones públicas en sus actuaciones de carácter procesal delante de los órganos judiciales radicados en las Islas Baleares”. Todos los contenidos disponibles en las páginas web institucionales deberán estar también en catalán, junto con las sentencias “más significativas” del TSJIB y “los modelos de los sistemas de gestión procesal y los instrumentos de inteligencia artificial”.

Una concentración independentista en Palma de Mallorca

También habrá cursos de catalán para el personal del servicio de justicia, de los colegios oficiales y las oficinas de los operadores jurídicos. Los talleres de la Escuela judicial promoverán “formación lingüística especializada” para, por ejemplo, redactar sentencias en catalán. A todo esto se le unirá una larga nómina de recursos en papel y en línea para dudas, consultas y aprendizaje del catalán, además de una sarta de campañas informativas para los trabajadores de Justicia, la ciudadanía, los colegios oficiales, las redes sociales y los medios de comunicación.

Durante el acto de presentación del pasado día 30 de septiembre, el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, el socialista Miquel Company, indicó que independientemente de las causas que han convertido el catalán en residual la Administración de justicia, "hay que garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua propia de Baleares ante cualquier administración". El conseller calificó la presentación de la campaña como un "momento histórico" por el hecho de que las principales entidades e instituciones vinculadas al mundo del derecho y la justicia y el fomento del catalán se hayan unido en esta causa. "Es imprescindible el compromiso de todos los sectores implicados para que la campaña tenga éxito", afirmó.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià, resaltó que el objetivo de la campaña es, entre otros, informar tanto a ciudadanos como a operadores de justicia que emplear el catalán es un derecho que se puede ejercer y que, además, no tiene que suponer una sobrecarga.

No es la primera vez que el Govern de la socialista Francina Armengol pretende obligar a los funcionarios de justicia a hablar catalán aunque no tenga competencias sobre ellos. En diciembre de 2018, aprobó el decreto 49/2018 para regular el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de Baleares, en cuyo artículo 9 del capítulo VI dice que “las comunicaciones dirigidas a la Administración de Justicia se realizarán en catalán cuando se trate de órganos judiciales radicados en las Islas Baleares o en el ámbito lingüístico catalán [Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana)]”.

Asimismo, la normativa establece que “los abogados y los representantes legales de la Administración utilizarán normalmente el catalán en sus actuaciones de carácter procesal ante los órganos judiciales radicados en las Islas Baleares o dentro del ámbito lingüístico catalán”.