"¿Qué quieren? ¿Condenar a esos niños [los que menos recursos tienen] a un fracaso escolar seguro?". Gloria Lago, presidenta de la Asociación Hablamos Español, no da crédito a lo que está pasando en Cataluña. Un auto del Tribunal Supremo obliga a la Consejería de Educación a que, al menos, el 25% de las clases sean en castellano. Pero el consejero Josep González Cambray asegura que no lo cumplirán, porque la ministra de Educación, Pilar Alegría, no pedirá la ejecución de la sentencia. Ada Colau, por su parte, ha abierto las puertas de la privada a quien no le guste el modelo catalán.
A la mencionada asociación no paran de llegar padres pidiendo ayuda, asegura Lago. La presidenta se enciende por momentos durante la conversación que mantiene con EL ESPAÑOL. Expone que "la inmersión obligatoria a quien más afecta es a las familias con menos recursos, a las que no pueden pagarse un profesor particular que compensen las carencias por tener otra lengua materna".
Cuando escuchó a Ada Colau, no se lo podía creer. "Les está negando el derecho a la educación por tener menos recursos", dice sobre las palabras de la regidora.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La primera edil de la ciudad condal ha dejado boquiabiertos a propios y extraños con su reacción a la Sentencia del Tribunal Supremo. "No se debe convertir en un problema lo que no lo es", ha asegurado Colau en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE.
Colau entiende que el modelo catalán es un "éxito" y se debería "blindar". "Para muchas opciones distintas existe efectivamente la educación privada. Yo creo que el sistema público debe defender un sistema igual para todo el mundo, que insisto, incluye la garantía del pleno dominio de los dos idiomas, del catalán y del castellano".
"Me parece incalificable, el colmo", se queja Gloria Lago.
Educación contra Justicia
"Tengo las garantías de la ministra [Pilar Alegría] de que esta sentencia no es válida", aseguró en Rac 1 el conseller catalán Josep González Cambray. "La sentencia no es válida porque el Gobierno no la ejecutará", ha dicho equivocadamente el político catalán.
Las sentencias son de obligado cumplimiento. Incumplirlas es motivo de sanción, se haya pedido o no la ejecución de la misma. Además, aunque el Gobierno de España no reclame la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, las asociaciones de padres sí que lo harán.
Esto lo ha dejado claro la ministra de Justicia, Pilar Llop. "El fallo es firme y hay que ejecutarlo", ha dicho la titular de la cartera. "Veremos cuál es la respuesta de la Generalitat".
La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la entrevista con EL ESPAÑOL.
"Los procedimientos de ejecución tienen sus fases, hay que esperar a ver cómo se van resolviendo; la resolución del Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora hay que ejecutar esa sentencia, porque es firme, y corresponde al propio órgano sentenciador darle el impulso", decía Llop en una entrevista de Antena 3.
Si la Generalitat decide incumplir lo estimado en la resolución, la siguiente herramienta a aplicar será la petición de ejecución de sentencia. Desde la Asociación Hablamos Español recuerdan que incluso los padres podrán reclamar la ejecución de la sentencia, ya que esta solictud la pueden llevar a cabo los afectados, aunque no sean parte en el proceso judicial.
Para ayudar al cumplimiento, desde la Asociación Hablamos Español se han ofrecido a coordinar a todos aquellos que les pidan ayuda en caso de que el Govern no acate lo que le exponen los tribunales.
La aplicación del 155
Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada cree que hay muchas herramientas para aplicar. La primera debe ser, como se ha mencionado, la ejecución de sentencia. Posteriormente, existen otros mecanismos.
"Pero debe pedir el Gobierno la ejecución de la sentencia", dice Losada. "Tiene eso entre sus obligaciones. Va siendo hora de que el Gobierno haga algo para que se cumpla la ley en España".
Cree Losada que debe utilizar el Ejecutivo todas las herramientas a su disposición, en última instancia, si fuera necesario, la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, tal y como han pedido desde el Partido Popular y Ciudadanos.
El líder de la oposición, Pablo Casado, ha puesto a disposición de Pedro Sánchez a todos sus senadores para aplicar el mencionado artículo de la Carta Magna.
Por su parte, Inés Arrimadas ha mostrado su hastío, "hasta las narices del pisoteo nacionalista en las escuelas de Cataluña". Por ello, actuarán contra la Generalitat si incumplen.
"Existe la Alta Inspección educativa, existen las competencias en materia de educación del Gobierno de España y existen mecanismos constitucionales; apoyaremos el mecanismo que sea para hacer cumplir la ley en Cataluña", expuso la líder naranja.
Otro representante de Ciudadanos, en este caso Edmundo Bal, ha sido quien ha pedido la comparecencia urgente de la ministra Pilar Alegría en el Congreso.
Arrimadas ha denunciado también el "abandono" al que han sometido PP y PSOE a quienes pedían una educación igual en castellano y catalán.
En este sentido, Gloria Lago no se ha mordido la lengua y ha mandado un recado a Pablo Casado por la petición de la aplicación del 155. "Nos parece bien que reclamen, pero tiene que recordar que en Galicia gobiernan ellos y hacen lo mismo. Además, el tema parece vetado".