El cirujano que operó a Sara tardó tres horas en llamar al 112 y no aportó ningún documento

Jueves 2 de diciembre. El reloj ronda las 14.30 horas cuando acaba la lipoescultura a la que Sara Gómez se ha sometido en una clínica privada de Cartagena. Durante la intervención practicada por un cirujano cardiovascular se han producido complicaciones. El centro carece de una Unidad de Cuidados Intensivos, a pesar de ello, el cirujano mantiene a la paciente allí durante tres horas, recibiendo transfusiones de sangre, hasta que a las 17.45 se produce una llamada a Emergencias pidiendo una ambulancia para trasladarla de urgencia al Hospital Santa Lucía de la ciudad portuaria.

En la ambulancia, equipada con soporte vital básico y sanitarios, no se sube ningún miembro de la clínica de Cartagena donde se ha llevado a cabo la intervención para acompañar a la paciente durante su traslado que se ejecuta en ocho minutos. "Cuando Sara entra a Urgencias en el Hospital Santa Lucía se pensaban que venía derivada del Hospital del Perpetuo Socorro porque llegó sin ningún informe médico", tal y como ha denunciado Ezequiel Nicolás, portavoz de la familia de Sara, una madre de dos hijos, fallecida el 1 de enero por las lesiones que le causó aquella lipoescultura.

La citada cronología de los hechos ha sido desvelada durante la rueda de prensa que ha ofrecido la familia de Sara Gómez, este miércoles, en el Hotel Agalia de la capital del Segura, a la que han asistido decenas de periodistas. Para hacerse una idea de la expectación que existía por conocer el estado de la instrucción judicial del caso de la lipoescultura mortal, en la sala había más medios que en el debate de la moción de censura que PSOE y Ciudadanos presentaron contra el PP en Murcia.

La puesta en escena de la comparecencia ha estado marcada por el vídeo que se ha proyectado, con fotos de la bellísima agente inmobiliara, fallecida con solo 39 años. En la sala de prensa del Hotel Agalia, se encontraba Damián, el padre de la difunta, y sus hijos, Rubén y Nora, junto al letrado Evaristo Llanos que asume una de las tres acusaciones particulares contra el cirujano y el anestesista. También ha intervenido Ezequiel Nicolás, que ejerce acciones en representación del hijo que tuvo con Sara, menor de edad, y que ha contratado a la abogada Mercedes Murcia.

El último en discordia ha sido Juan José Gómez Conesa, secretario de la Unión de Consumidores de la Región de Murcia: un colectivo que se ha sumado como acusación a la causa abierta por la negligencia médica que más polémica ha generado en los últimos años en España, tanto a nivel social como entre los profesionales de la estética.

"La prueba más importante será el informe médico-forense para aclarar la gravedad de las lesiones que sufrió Sara y determinar el grado de responsabilidad penal de los facultativos", tal y como ha subrayado el experimentado penalista murciano, Evaristo Llanos. De momento no se ha culminado el informe de la autopsia que, en teoría, debería determinar el número de perforaciones que el cirujano cardiovascular supuestamente causó en los órganos de la paciente con las cánulas que empleó en la lipoescultura.

No responde a la providencia

El abogado ha confirmado que el médico todavía no ha respondido a las cuestiones planteadas en una providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, con el objetivo de aclarar asuntos clave en la investigación. Uno de ellos, es conocer qué tipo de cánulas utilizó en la intervención y si eran suyas, o de la clínica cartagenera que puso el quirófano y al personal sanitario que le asistió. Tampoco se ha aclarado si contaba con algún seguro de responsabilidad civil para llevar a cabo lipoesculturas, a la vista de que es cirujano cardiovascular, sin la especialidad de cinco años en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

El facultativo tampoco ha respondido cuántas intervenciones de estética llevó a cabo antes de la lipoescultura que le costó la vida a esta vecina de Alcantarilla. "Estamos ante una causa de enorme gravedad y con una dificultad procesal importante", según ha remarcado el penalista, a la vista de que 55 días después de aquella intervención de estética, todavía no se sabe cuántas personas estaban dentro del quirófano de la clínica de Cartagena ese fatídico jueves 2 de diciembre de 2021.

De hecho, la titular del juzgado ha solicitado al centro cartagenero el listado de profesionales que pasaron por el quirófano: número de sanitarios, datos personales y cualificación profesional -enfermeros, auxiliares de clínica...-. "A partir de ahí, se les citará a declarar para conocer si su participación es relevante a nivel penal", según ha avanzado el abogado Evaristo Llanos.

De momento, las primeras citaciones que ha realizado la juez afectan a la directora médica y a la cirujana del Hospital Santa Lucía. Previsiblemente, les preguntará por los pormenores y circunstancias en los que ingresó Sara en el Servicio de Urgencias, el alcance de sus lesiones, así como las intervenciones que desarrollaron durante los 29 días en los que esta madre peleó por su vida como una jabata en la UCI. Las testificales de mayor calado comenzarán el 4 de febrero, cuando declaren una ATS de la clínica de Cartagena y la novia del cirujano, auxiliar de clínica, cuya presencia en el quirófano siempre ha estado en la diana de la familia de Sara. 

El 21 de febrero será el turno de la pareja sentimental de Sara, un policía nacional que la acompañó a la clínica el día de la lipoescultura, y que sostiene que dispone de información relevante que podría afectar a la calificación judicial de los hechos. El día clave de la instrucción será el 16 de marzo, cuando testifiquen los dos denunciados: el cirujano cardiovascular y el anestesista. Por ahora, la denuncia se formula por homicidio por imprudencia profesional, que conlleva penas de prisión de 1 a 4 años, pero del contenido de las declaraciones se podría desprender dolo, lo que supone un incremento de la condena de 10 a 15 años.

Decenas de periodistas de medios autonómicos y nacional han asistido a la rueda de prensa de la familia de Sara. Badía

Concentración el sábado en Murcia

"La responsabilidad penal está delimitada", según ha remarcado la abogada oriolana, Mercedes Murcia, en relación a que tales citaciones, en teoría, no deben saldarse con nuevos implicados en la causa, sino esclarecer lo que ocurrió en la sala de operaciones. "El anestesista es el que controla las constantes vitales y el cirujano el responsable de la intervención". Prueba de ello es que sobre su figura se ciernen unas diligencias, que también afectan a la clínica de Murcia donde Sara pagó por la lipoescultura y la clínica de Cartagena que puso el quirófano.

"Para nuestra línea de investigación es determinante conocer lo que pasó en la lipoescultura, los conocimientos que tenía el cirujano y los protocolos que se siguieron durante la intervención", tal y como ha explicado Mercedes Murcia, letrada que representa al pequeño Izan, de 10 años. "Está desolado, hace poco estuvo malo, creo que es su forma de exteriorizar la pérdida de su madre", según ha explicado su padre, Ezequiel, en la antesala de la rueda de prensa donde la familia ha hecho un llamamiento a la sociedad murciana a sumarse a la concentración que tendrá lugar el sábado, a las 12 horas, en el Ayuntamiento de Murcia.

"Vamos a concentrarnos de manera pacífica, en memoria de Sara, para pedir Justicia y mandar un mensaje al poder legislativo para que se regulen las intervenciones de estética", ha remarcado Rubén Gómez, hermano de la fallecida, y guardia civil. Tal frase evidencia los dos frentes que ha abierto la familia: de un lado, el judicial, y de otro, una campaña de recogida de firmas en Change.org para reclamar al Gobierno que elabore una ley reguladora para acabar con el intrusismo profesional en las operaciones de cirugía estética.

Blanqueamiento en redes

Este guardia civil ha justificado la creación de una ley recordando cómo su hermana contactó con el médico que la operó de una lipoescultura, siendo especialista en cirugía cardiovascular: "Sara acudió a ese cirujano por sus perfiles en redes sociales, pero ahora ha hecho un blanqueamiento de sus redes, eliminando todo rastro de las fotos de intervenciones de estética invasivas, como la que le hizo a mi hermana, para publicar imágenes de intervenciones mini-invasivas".

Ezequiel Nicolás, portavoz de la familia, también ha apuntado en esa línea: "Exigimos un cambio en el paradigma legal [sobre las operaciones de estética] porque la situación actual ha provocado que hablemos en pasado de Sara". Precisamente, en su intervención, Juan José Gómez Conesa, secretario de la Unión de Consumidores de la Región de Murcia, ha justificado la personación de su organización en la causa, como tercera acusación particular, porque "los poderes públicos y las autoridades políticas deben perseguir el intrusismo profesional y meter cambios legislativos para regular las intervenciones en clínicas privadas".

Conesa también ha hecho un llamamiento a los colegios profesionales para que "apliquen sus códigos deontológicos para evitar el intrusismo profesional", incluso ha lamentado que algunas sociedades médicas se pronunciaron tarde con el caso de Sara. "Los colegios profesionales han mirado para otro lado hasta que se ha producido esta desgracia". 

Periodistas esperando, este miércoles, el inicio de la comparecencia de los abogados y los familiares de Sara. Badía

La clínica se desmarca del cirujano

Tan solo unas horas después de la rueda de prensa de los familiares de Sara, la clínica de Cartagena ha emitido un comunicado para indicar que han aportado "toda la información requerida" al Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena y a la Consejería de Salud de Murcia.

"De esta manera, expresamos nuestra absoluta disposición a colaborar en el esclarecimiento de estos hechos que se han generado en uno de los quirófanos alquilados", según ha subrayado el portavoz del centro, Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche.

La clínica, según la nota de prensa, ha cumplimentado la información solicitada por la Consejería y la ha ampliado voluntariamente. Además, también ha remitido la información solicitada por el juzgado. "La participación del centro médico se limita a la cesión, por arrendamiento de servicio, de las instalaciones y equipos del quirófano donde Sara Gómez fue intervenida el 2 de diciembre". De forma que en el comunicado, se desmarcan de facto de la labor del cirujano denunciado, pero no hacen ni una apreciación del papel que jugó el anestesista que también está investigado y que pertenece a su plantilla.

Tan solo defienden de forma genérica la labor que desarrolló el personal que asistió al cirujano aquel jueves: "La dirección confirma que las atenciones en el postoperatorio realizadas en el centro se ajustaron a los protocolos médicos en estos casos, que consiste en estabilizar y dar traslado a través de los servicios de una UVI móvil medicalizada de la Consejería de Sanidad, con el personal médico-sanitario que corresponde a estos servicios, que consiste en un conductor, médico, enfermero y un técnico. Además, se asegura que los protocolos de transfusión de sangre fueron los ajustados a las necesidades de la paciente".