El caos para aplicar la ley del aborto de Irene Montero: faltan personal y médicos que lo hagan

La norma, que será tramitada de urgencia, amplía la aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y acaba con los "obstáculos" a los que se enfrentaban las mujeres que querían interrumpir su embarazo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, explicó que la sanidad pública será "la red de referencia" para abortar, y que se creará un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. “No conozco a nadie que haga eso”, explica Rocío, una médico de ginecología, en conversación con este periódico.

Según los últimos datos publicados, en el país se externalizan unos 74.000 abortos a clínicas privadas. Si Montero pretende seguir adelante con su plan, todas estas intervenciones deberán de pasar a la pública y, para ello, reforzarse las plantillas. No sólo bastará con encontrar a personas que no sean objetoras de conciencia, también habrá que hacer un gasto en materiales.

A fin de cuentas, un aborto es una intervención que precisa de un servicio y un equipo alrededor del médico que lo realiza. En definitiva, para el plan de Igualdad la pública tendrá que incrementar su presupuesto en profesionales sanitarios activos, instrumentos quirúrgicos, horas de quirofáno y, en algunos casos, camas para ingresos.

La solución que existe ahora es que el aborto se realice en una clínica externa (en su mayoría concertadas). La paciente se dirige hasta allí y se lo realizan con coste cero. Ahora, Montero quiere eliminar esta derivación, pero como reiteran desde las comunidades, "no puedes obligar a ningún médico a ejecutar un aborto".

Desde la asociación Amyts apuntan a que “no es cuestión de presupuestar o de cuántos médicos harán falta sino de la objeción de conciencia. Es decir, es cuestión de cuántos médicos están dispuestos a llevar a cabo este procedimiento y cómo van a asumir la demanda si objeta la inmensa mayoría de los profesionales”, explica una portavoz.

A lo que añade: “Esta objeción se debe respetar, y a la vez las intervenciones se deben hacer con todas las garantías, por lo tanto, debe existir una dotación de plantillas adecuadas”.

Como España tiene ‘17 sanidades’, uno por cada comunidad autónoma, es imposible echar cuentas de cuánto costaría el plan de Montero. No es lo mismo contratar un médico en Cáceres que en Baleares o en Málaga que en Barcelona. Tampoco Sanidad tiene un listado de cuántos médicos harían falta, aunque EL ESPAÑOL ya publicó que antes de la pandemia el Gobierno era sabedor de que faltaban médicos.

Fuentes del sector confirman el miedo de las autonomías a no encontrar médicos dispuestos a realizar un aborto, aunque ponen de relieve una situación cada vez más latente en el sistema de salud público: "Existen muchos médicos que se declaran objetores en la pública pero que, cuando ejercen en la sanidad privada, sí hacen abortos".

Es por ello por lo que Montero ha intentado capar la doble moral del profesional sanitario, haciendo que el listado de médicos objetores sea único para el profesional que trabaja en la pública y el que lo hace en la privada. Así, si un médico no practica abortos en su centro de salud de referencia, no podrá hacerlo en su consulta privada o en una clínica externa en la que ejerza algunas horas al mes.

Es con esa herramienta con la que la ministra intentará evitar que haya centros públicos que no realicen abortos. Pero ¿y si el centro no tiene ningún profesional que practique abortos? Ni en la pública ni en la privada. 

Ahí entra en acción la segunda opción (la que el Ministerio no se ha atrevido a proponer): derivación de profesionales. La sombra de esta posibilidad planea sobre el sector sanitario, aunque reiteran que "supondría una vulneración de derechos e, incluso, discriminación positiva".

Presupuesto

Montero cifró este martes en 104 millones de euros el coste de las nuevas medidas del anteproyecto de la ley del aborto aprobado por el Consejo de Ministros, como el permiso preparto en la semana 39 (57 millones de euros) y las bajas por reglas incapacitantes (unos 24).

Son cifras de las que ha informado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo sobre esta ley que, entre otras cosas, acaba con el consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad que quieran abortar, al tiempo que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

En este sentido, Montero se ha mostrado convencida de que la gran mayoría de los jóvenes y mujeres con discapacidad confiarán en sus padres y madres, familiares o amigas cuando den este paso, pero ha insistido en que la decisión será suya.

La píldora y anticonceptivos

El anteproyecto, trabajado codo con codo con el Ministerio de Sanidad, amplía el acceso gratuito de la píldora del día después de los hospitales y centros de salud a los centros de nueva creación de salud sexual y reproductiva. Además, se creará una línea telefónica para informar de todos los derechos incluidos en la norma.

La anticoncepción ocupa un capítulo especial del anteproyecto, que establece que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social, después de que la sanidad pública dejara de financiar varias de ellas en 2013 tras años incluidas en el catálogo.

La ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España y prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas. 

Además de apostar la red de centros públicos, la ley también la ley hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cercano posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico).

Se eliminan también los tres días de reflexión: "Las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten, y el Estado no duda de la decisión de las mujeres cuando esté tomada", aseguró Irene Montero. La ley contempla la atención durante el proceso de posparto y también que haya acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.

Rebaja del IVA

Uno de los fracasos de Irene Montero ha sido no poder incluir en la ley la retirada del IVA a los productos de higiene femenina relacionados con la regla como los tampones y las compresas. La conocida como ‘tasa rosa’ es uno de los caballos de batalla del feminismo y por ende de Unidas Podemos.

Pero la pela es la pela y por ahora Hacienda se ha impuesto y mantendrá el tipo impositivo de estos productos en el 10%. Sin embargo, en los últimos días, la ministra del ramo, María Jesús Montero, se ha abierto a negociar la rebaja del IVA de los productos higiénicos para la menstruación en el proyecto de presupuestos y ha destacado que si se incluye la medida en esa ley entrará en vigor antes que si se hubiera recogido en la ley del aborto.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso después de que este martes se aprobara el anteproyecto de reforma de ley del aborto sin incluir esa recorte del IVA, Montero ha señalado que no era ese el lugar para hacer una rebaja fiscal.

El lugar indicado para estudiar esas medidas con seguridad jurídica es el proyecto de presupuestos, ha dicho la ministra, quien confiado en comenzar pronto las negociaciones para cumplir no solo con el programa electoral, sino también con el acuerdo del gobierno de coalición, donde se incluyó la reducción del IVA para los productos de higiene femenina.

Además, ha añadido, si se aborda la medida en la ley de presupuestos entrará antes en vigor, ya que la reforma del aborto es todavía un anteproyecto que debe pasar por los órganos consultivos, volver a la mesa del Consejo de Ministros e iniciar luego la tramitación parlamentaria.