Sentencia judicial contra la DGT: se podrían anular más de 7.000 multas por un fallo en un radar
Un conductor se dio cuenta de que el radar había hecho solo una fotografía cuando las normas técnicas exigen dos.
19 octubre, 2022 10:32Noticias relacionadas
Si los radares que están instaurados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en las carreteras funcionan mal, están mal ubicados o no se atajan a las normas técnicas, se pueden reclamar las multas. En 2019, el gijonés Samuel Morán fue la primera persona en darse cuenta de que un cinemómetro de Oviedo, a la salida del túnel de la Bolgachina, estaba mal colocado,-a 52 metros antes de lo que tenía que estar oficialmente-, y la DGT tuvo que anular casi 16.000 multas. Ahora, ha vuelto a pasar: una sentencia declara ilegal el funcionamiento de uno de los radares de la A-66.
Todo empezó cuando el 24 de febrero de 2021, el aparato ubicado en el kilómetro 13,66 de la A-66 en dirección Gijón-Avilés, fotografió al conductor cuando supuestamente circulaba a 133 kilómetros por hora, es decir, 13 más de lo permitido. Aunque la multa era de 100 euros, -50 euros a pronto pago-, el abogado del conductor miró las normas técnicas y se percató de que el radar solo había hecho una foto cuando la norma oficial exige dos.
La orden de 2010 que regula el control metrológico de estos aparatos especifica que si el radar no es capaz de seguir al sospechoso "se le exigirá al menos dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes: uno de ellos mostrará una visión panorámica del vehículo; el otro su placa de identificación", dice el precepto.
Por tanto, fueron a juicio y la DGT trató de salvar la omisión de esa segunda foto presentando una imagen ampliada de la misma pero, el magistrado no la dio por buena: "La imagen no es sino un recorte o detalle de la otra". Así, concluye en una sentencia que no se ha cumplido las normas técnicas y deja sin efecto la sanción.
El radar es un modelo multanova 6F-MR que había puesto un total de 7.074 sanciones por un importe global de 737.600 euros en todo el curso. Se trata de uno de los radares que más recaudan en toda la región y el abogado considera que "ahora la DGT debía iniciar un procedimiento y anular todas las multas".
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