Paula Zorrilla y los 12.000 contra Cruz Roja por pagarles menos de lo estipulado: le deben 3.600 €

Paula Zorrilla lleva desde noviembre de 2022 cobrando unos 400 euros menos al mes de lo que debería. Ella es educadora social en Puente Genil (Córdoba) y trabajadora de Cruz Roja, la mayor empresa de intervención social de España con unos 14.000 empleados. A pesar de que la ONG suscribiera el convenio sectorial hace un año y entrara en vigor hace más de siete meses, en Cruz Roja prefieren seguir haciendo las cosas como si la reforma laboral no hiciera prevalecer los convenios sectoriales por encima de cualquier otro acuerdo.

Es decir, quieren seguir negociado centro por centro las condiciones laborales de sus asalariadas. UGT y CC.OO. han demandado y ahora será la Audiencia Nacional quien dictamine qué es lo acorde a la legalidad.

Esta dinámica ha desembocado en la existencia de más de 50 acuerdos diferentes repartidos por toda España, lo que produce un agravio comparativo entre trabajadores que realizan las mismas funciones para la misma empresa. Zorrilla, que trabaja en un centro de migraciones de Cruz Roja desde hace seis años, no entiende cómo, si el pagador es la Administración Pública y la subvención es igual en todos los casos a nivel estatal, desde la ONG no les embolsan el dinero que les pertenece. "Y eso sin contar otras diferencias como horarios, porque ni siquiera son los mismos en la misma provincia", añade la afectada.

Paula Zorrilla, trabajadora de Cruz Roja. Cedida

"Todo esto genera mucho malestar, incluso llega a ser complicado trabajar. Yo tengo algunos turnos de tarde, pero mis compañeros de Córdoba capital no, así que las comunicaciones se ralentizan, y lo mismo sucede cuando nos tenemos que poner en contacto con entidades que solo abren por la mañana", se explaya la propia Zorrilla.

Las repetidas formaciones que Cruz Roja ofrece a su plantilla son el punto en el convergen las diferentes trabajadoras, pues más del 80% de la masa laboral son mujeres, pueden comparar sus condiciones. "Según el convenio yo tendría que cobrar unos 2.000 euros al mes, y ahora no llego ni a los 1.600. De alguna manera, me están robando", dice esta educadora social.

Por el momento, a Zorrilla no le queda otra que compartir piso a sus 34 años en Puente Genil para así ahorrar el gran gasto de gasolina que suponía desplazarse todos los días al municipio desde Córdoba capital. "Yo espero que ganemos en la Audiencia Nacional porque Cruz Roja nos tiene que pagar los salarios que vienen estipulados en el convenio. No entiendo la reticencia a no hacerlo si realmente su financiación procede de las arcas públicas", expresa la afectada.

Captador de Socios Cruz Roja. Facebook Cruz Roja Cádiz

Diferente salario 

Como ella, los sindicatos calculan que hay 12.000 trabajadoras más afectadas en Cruz Roja. "Ni siquiera estamos seguros de cuántos acuerdos tienen en España, pero sabemos que son entre 50 y 60", informa Rubén González, responsable federal para Cruz Roja de UGT–Servicios Públicos. Según sus cálculos, dependiendo de la localización, la diferencia económica para el mismo puesto de trabajo puede llegar a fluctuar en un 30%. "Nosotros solo pretendemos que se cumplan las condiciones estipuladas en el convenio, que unos mínimos estén garantizados en toda España", agrega este sindicalista.

A González no se le escapa que Cruz Roja, organización que ha declinado hacer cualquier declaración a EL ESPAÑOL, es la mayor entidad ligada a la intervención social del país. "Lo más llamativo es que ellos mismos firmaron este convenio que ahora se niegan a cumplir. Una organización que supuestamente se dedica a que no haya personas en condiciones precarias, sin embargo, hace que sus profesionales las sufran en muchas ocasiones", desarrolla antes de recalcar que también se dan numerosos casos en los que trabajadoras de Cruz Roja no alcanzan el SMI debido a sus jornadas parciales no deseadas.

No respetan sus propios mínimos

Antes de la firma del convenio, las dos grandes patronales de las cuatro que existen en el sector ya advertían a los sindicatos de que debían ser modestos a la hora de realizar sus peticiones: "Repetían que sería un convenio de mínimos porque tendrían que explicar a sus asociados más pequeños que tenían que cumplir las mismas condiciones. Ahora nos encontramos con que la mayor organización del sector en España tiene más de medio centenar de acuerdos de centro de trabajo con condiciones muy inferiores a las establecidas", explica el mismo González.

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En realidad, la preocupación de los sindicatos no está ligada a los acuerdos de los centros de trabajo de Cruz Roja, sino a que estos empeoren los mínimos que se deberían respetar. "Es uno de sus objetivos, la negociación individualizada. Divide y vencerás, porque es mucho más fácil negociar con un comité de empresa pequeño que con los sindicatos mayoritarios a nivel estatal", dice al respecto el ugetista.

Luis Prieto, secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Servicios de CC. OO. a nivel estatal, fue una de las personas que ha intentado llegar a un acuerdo con Cruz Roja antes de recurrir a los tribunales. Todos sus esfuerzos han sido el balde. "Se trata de un sector difícil porque Cruz Roja lleva a cabo una labor social encomiable, y se la reconocemos, pero eso no tiene nada que ver con que no pague a sus trabajadores lo que debe", expresa.

Tras más de un año de intentos, la ONG no ha querido negociar, por lo que los dos sindicatos mayoritarios han demandado a Cruz Roja ante la Audiencia Nacional. "Tras la reforma laboral la ley está muy clara: los convenios sectoriales marcan las garantías mínimas que cualquier empresa debe respetar, y Cruz Roja no lo está haciendo”, recalca Prieto. Además, los sindicatos cuentan con varias sentencias favorables en algunos tribunales provinciales, aunque recurridas por parte de la entidad.

Voluntarios de Cruz Roja colaborando.

Aceptar subidas, pelear por que sean mayores

Por otra parte, son muchos los comités de empresa de UGT y CC. OO. que firman acuerdos en los centros de trabajo que no respetan el convenio sectorial. El secretario de Negociación Colectiva justifica estos hechos ligándolos a la situación precaria de la plantilla: "Si alguien no llega a los 1.000 euros al mes para vivir y le ofrecen una subida del 8%, quizá ese dinero suponga poder poner la calefacción el próximo invierno, así que lo firman", en sus propios términos.

Es decir, la situación es tan complicada que cualquier avance, por pequeño que sea y alejado de lo señalado legalmente, es bien recibido. "Nosotros entendemos que acepten estas propuestas y es algo que no se contradice entre sí. Mientras mejoran un poco en los centros de trabajo, las estructuras federales de los sindicatos seguimos luchando para la equiparación a nivel nacional", incide González, de UGT.

Asimismo, este sindicalista destaca que no existe ningún motivo económico para que Cruz Roja se niegue a pagar según marca el convenio. "Tiene una situación económica envidiable por el resto de entidades del sector y un patrimonio ingente", ilustra.

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De esta forma, si la Audiencia Nacional se decantara a favor de las centrales sindicales, el abono del dinero no percibido por las aproximadamente 12.000 trabajadoras afectadas podría llegar a tener efectos retroactivos. "Los tribunales son nuestro último recurso después de que Cruz Roja dijera que seguiría negociando sin respetar el convenio. Estamos convencidos de tener la razón pero también seguimos abiertos a una solución negociada, que es lo que deseamos", concluye el mismo González.