Sandra López, arruinada después de que su abogado le pida más dinero del que ganó en el juicio

Sandra López tiene dos hijos, es víctima de violencia de género, es familia monoparental, y en 2020 fue despedida injustamente de su trabajo. Consiguió un abogado de oficio, recuperó su trabajo en los tribunales y recibió una prima de 2.435 euros por el tiempo que había estado fuera de la empresa. Sin embargo, la historia no tuvo final feliz.

Sandra se enfrenta al abogado de oficio que la defendió del despido improcedente que sufrió en 2020. El abogado le reclama 5.470,70 euros por los servicios prestados, ya que defiende que por ley le corresponde recibir el 33% del beneficio del juicio equivalente a la prima que recibió y el salario anual de Sandra. 

Sandra gana el juicio

El 27 de agosto de 2020 notifican a Sandra López que su contrato había terminado y no continuaba en la empresa. A su vez, López descubre que en su contrato tenía incluida unas funciones para unas labores y una sección de la empresa mientras que ella estaba destinada en otra completamente diferente. Por si fuera poco, la mujer descubre que estaba embarazada desde julio. Por ello, Sandra no dudó y llevó el caso a los tribunales.

Dado que no podía permitirse un abogado, hizo una petición por un abogado de oficio, que se le concedió y del que se acabó beneficiando. "En enero de 2021 sale la sentencia donde se declara el despido nulo y la empresa me readmite en febrero", cuenta Sandra. Además, Sandra recibió 2.435 euros por el salario de los meses que había estado despedida después de descontar lo que había recibido por desempleo.

"En 2020 le gané el juicio. Fue un juicio muy complicado en el que nos enfrentamos a una empresa bastante potente y con unos abogados muy bien preparados", afirma Antonio, el abogado de oficio a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, a las semanas, el abogado de oficio volvió a citar a Sandra a su despacho. "En un principio pensaba que sería para contarme algo nuevo del caso, pero entonces se puso a hacer los cálculos y me dice que le tengo que abonar 5.450 euros. Más del doble de lo que había recibido por el despido", apunta López.

Jura de cuentas

Sandra decide ignorar la 'factura' del abogado de oficio y se pone en contacto con el Colegio de Abogados, donde le afirman que según la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, un abogado de oficio le puede cobrar como máximo el 33% de lo recibido.

"El beneficio que ella obtuvo no es sólo de 2.500 euros, son los 2.500 junto con la reincorporación al puesto de trabajo que yo le conseguí y que sigue en ese puesto cuatro años después", declara Antonio. El letrado asegura que el caso de Sandra no es un caso aislado y que la minuta se calcula en relación al salario anual del puesto que consiguió recuperar después del juicio. "La cliente conocía perfectamente el sistema de pago. Se lo expliqué: si recibía un beneficio tenía que pagarlo. Y ella estaba conforme con esto", apunta el abogado.

Sandra no duda en pedir un segundo abogado de oficio para que le defienda de la deuda que le impone el primer abogado de oficio. El 14 de octubre de 2022 el Juzgado número 7 de Valencia presenta un decreto que le da la razón a Sandra, afirmando que la cantidad que demanda Antonio, el primer abogado de oficio, es excesiva y en su lugar debe pagar solo 811,99 euros por sus servicios, el 33% de lo que recibió por parte de la empresa.

Pero a las semanas, el mismo juez, ante el recurso de su primer abogado de oficio, le quita la razón. En su lugar, el Juzgado informa que el cobro de 5.450,70 euros es justo y Antonio está en lo correcto. "La cuantificación del trabajo de un abogado de oficio no se hace solo al beneficio neto, sino a todo el beneficio", apunta el letrado.

El caso, ahora

Ante esta situación, Sandra afirma estar desesperada, especialmente después de que en abril le notificasen que debía otros 705 euros adicionales de intereses por el retraso de su pago. "Si el abogado me hubiese pedido que le pagase esos 2.435 euros, yo le daba el cheque en ese momento", apuntaba la mujer.

De hecho, López se encuentra actualmente de baja de su empresa y su salario es inferior a los 1.000 euros. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, a pesar del embargo, la mujer puede cobrar al menos el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que imposibilita que su deuda se cobre de su nómina. De todo lo que supere el SMI, se le embargará el 30%. "En el momento en el que en mi cuenta haya un euro de más, me lo van a quitar", cuenta Sandra.

Por esa razón, el Juzgado ha tomado la decisión de embargarle el único bien que posee, su coche. "En julio fui a entregar fotos del coche que quieren embargarme, pero yo necesito ese coche para poder ir al polígono en el que trabajo. No tiene sentido que acabe embargada o perdiendo un trabajo que el abogado me consiguió", apunta la demandada.