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El número tres de la calle Castillo de Benquerencia, enclavado en la urbanización Guadiana de Badajoz, fue testigo mudo de uno de los crímenes más inhóspitos que ha azotado a la provincia pacense en los últimos años. No sólo las inclemencias invernales han teñido la zona de una estela negra en los últimos días, sino el profundo dolor que arrastran los vecinos tras la muerte de Belén.

Educadora social de profesión, Cortés fue asesinada a manos de tres de sus menores tutelados, de 14, 15 y 17 años. Utilizaron sus propias manos y un cinturón para estrangular a esta mujer de 35 años. Cuando concluyeron su atrocidad, condujeron dirección Mérida, la capital extremeña, hasta que la Guardia Civil frustró su huida.

Sin embargo, los ataques a los trabajadores del sector no son hechos puntuales. Educadores, profesores y asistentes se exponen a agresiones verbales -en el mejor de los casos- y a físicas, si la situación se enturbia. EL ESPAÑOL ha accedido al testimonio de varios profesionales que han atravesado escenarios desagradables en el desarrollo de sus competencias, bajo la premisa de reinsertar a los menores y no criminalizarlos.

Alberto trabajó como profesor en un centro de Lucena, al sur de Córdoba. Acudía regularmente a un centro donde había internadas hasta 12 adolescentes. Todas chicas, de entre 14 y 18 años. Allí, él impartía sus conocimientos con el objetivo de formar culturalmente a las jóvenes. "Todos los días había episodios de peleas entre las niñas e intentaban mediar las educadoras. Los que pasamos por ese lugar duramos poco tiempo. Duré un año escolar y salí en cuanto pude. Me sentía desprotegido, a pesar de que aquello estaba con cámaras, pero no había seguridad como tal. Había educadores, psicólogos…", relata el docente a este diario.

Acudía a una hora temprana a dar sus clases y más tarde se marchaba: "A mí se me han enfrentado, no llegando a las manos, pero sí a gritos. Tenían que reducir a las niñas en el suelo. Es un trabajo intenso. Yo iba a que ellas aprendieran y era como un alivio para los educadores tener una personas allí un par de horas por la mañana que se hicieran cargo de ellas. Cuando yo me iba a las 14:00, las educadoras se quedaban ahí. Hubiera tenido respeto de pasar una noche ahí".

"Brutal paliza" a una trabajadora

Peor suerte corrió Jimena, auxiliar educativa en Huelva. Desempeña su trabajo en un centro de régimen semicerrado y narra el viacrucis probado en primera persona. "Donde estaba Belén, pues no había ni cámaras ni seguridad. En el mío sí. Y aun así, tenemos miedo y hay problemas. A Belén la mataron el domingo, pues el lunes, una menor le propinó una brutal paliza a una compañera mía".

"¿Son menores infractores? Por supuesto. Pero es un eufemismo: son menores delincuentes, condenados por un juez al haber cometido delitos", agrega esta mujer. La testigo asegura que el ratio es de un monitor por cuatro menores. Esta mujer tenía dos a su cargo. Se encontraba sola. "La otra (menor) fue la que dio la voz de alarma y llamó al de seguridad. Si no llega a hacerlo, la mata de la paliza", destaca.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores de la Comunidad Valenciana, Mª José Navarro Vercher, deja claro a este periódico que lo sucedido con Belén en Badajoz "no es un hecho aislado": "Trabajamos en contextos donde hay conflictos. Hay mucha tensión. El estrés y la ansiedad son compañeras de viaje".

En este sentido, sostiene que no hay un perfil concreto del agresor, "pero los menores con un historial de violencia, menores muy dañados, con consumo de sustancias o trastornos de conducta no tratados suelen ser perfiles más complejos". Navarro considera que la falta de medios, escasez de personal y ausencia de protocolos de seguridad eficaces son el cóctel perfecto para dejarles desnudos: "Nos dejan en una situación de vulnerabilidad".

Sobre la Ley del Menor, la L. O. 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor, la profesional insiste en que su fin es la reinserción:"Dotar a la ley de recursos para trabajar el conocimiento de esta ley en los centros educativos, para que ellos conozcan el alcance de sus acciones es importante. No se puede criminalizar una ley sin dejar que su desarrollo sea real".

José Luis Real Efe

"A veces entran en brote. Hace poco, le tiraron un extintor al pie a una compañera. En otras ocasiones te amenazan con cristales, también hay insultos, que es lo de menos...". Este es el testimonio de Sonia, trabajadora de la Región de Murcia. Relata que las personas internas en su residencia llegaban a "coger del pelo a otras compañeras y les arrancaban mechones". "Tengo compañeros que van a hostia por día", apostilla con gran pesar.

Esta mujer lleva trabajando ocho años "de forma precaria" en el sector social y desde hace dos "la situación se ha vuelto más personal", dado que realizan contenciones mecánicas "cuando las infraestructuras no están preparadas para ellas": "Hay chicos que te pueden llegar a matar".

Opina que su salario es "bajo para las horas que trabajamos", pero, especialmente, pone el grito en el cielo porque su lugar de trabajo es para personas con discapacidad: "Aquí vienen chicos con medidas judiciales. Estamos solos y la Administración no nos hace caso. No hay derecho. Llega un punto que no te gusta tu trabajo, te deshumaniza. Llegas a cara con picor en la cabeza del estrés, tembleques en la cara, ojos, labios...".

El desgarrador relato de Alba, trabajadora de La Rioja, agita cualquier hervidero. Desempeña sus labores desde hace siete años en pisos tutelados. Cuenta su calvario sobre el confinamiento: "Llegó el Covid y estábamos solas con siete menores. La situación fue insostenible, tuvimos fugas, nos contagiaron la enfermedad, la agresividad iba en aumento".

Pero lo peor llegó con su operación de ingle: "Sabían que yo me estaba recuperando y me fueron a dar ahí. Fue una niña de 10 años. No sabes la fuerza que tienen y tampoco sé de dónde la sacan". Confirma la presencia policial en pisos de otras compañeras, donde tienen que pernoctar solas y sin videovigilancia.

Atajar el problema

"En general, todo lo relacionado con lo social tiene el sello de la precariedad: se externalizan recursos, con empresas low cost, que reducen en personal y servicios, lo que significa una reducción en la calidad y seguridad que se ofrecen en algunas ocasiones. No olvidemos que también hemos de ofrecer espacios seguros a los niños, niñas y adolescentes que viven en estos centros", mantiene Navarro, la lideresa de los educadores valencianos. 

En este sentido, desliza que un pilar fundamental para cesar esta problemática es "que ningún trabajador esté sólo" y reciban las formación especializada y se les dote de las herramientas necesarias para desarrollar correctamente y sin riesgo su profesión. "Se deben atender las agresiones dentro de los centros dando una respuesta socioeducativa, y no simplemente cambios de destino o medidas reeducativas insuficientes", concluye la profesional. 

EL ESPAÑOL ha tratado de contactar con numerosos colegios profesionales autonómicos, quienes derivaron al Consejo General y ratifican que la tragedia de Belén en Badajoz podría haberse evitado. Asimismo, varios trabajadores de este campo han declinado a hablar a este periódico "por miedo".