El instituto no protegió como debía a la niña que se suicidó en Murcia, según la juez

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte Villar, ha ordenado reabrir el caso del suicidio de Lucía García Menárguez después de que se sobreseyera provisionalmente. En un auto fechado el 8 de febrero de 2017, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la magistrada ordena al Grupo de Menores de la Policía Nacional (GRUME) seguir investigando las circunstancias de la muerte de la niña, de 13 años. En su escrito censura la actuación del instituto Ingeniero de la Cierva, en el que estudió la menor y donde, presuntamente, sufrió acoso escolar por parte de dos compañeros de clase.

La juez relata que la Policía, en su labor de tratar de determinar si Lucía sufrió acoso escolar antes de quitarse la vida, requirió al centro educativo toda la documentación relativa al protocolo seguido después de que los padres denunciaran ante el instituto el maltrato que estaba viviendo su hija.

Los padres de Lucía, Joaquín y María Peligros, durante la cena de la pasada Nochevieja. Cedida por la familia

La magistrada asegura que “en algunos” documentos aportados por el instituto “no consta ni la fecha” en la que se redactaron y le reprocha al centro que sólo entregase las actuaciones llevadas a cabo con uno de los dos presuntos acosadores (D.B.) y no de ambos.

La magistrada subraya también que el instituto “en ningún momento” hizo mención al informe que la jefatura de estudios, en función del protocolo establecido por la Consejería de Educación de Murcia, estaba obligado a redactar en “un tiempo máximo de cinco días” posteriores a la denuncia del acoso escolar. Dicho dossier, que nunca se redactó, debería haber llegado a manos de la dirección del centro.

En las diligencias abiertas por el GRUME se refleja que el director del instituto no “entiende cómo no se le entregó aquella documentación por la jefa de estudios”. Ésta, durante su comparecencia ante la Policía Nacional, reconoció que “no tenía conocimiento de que se debía realizar ese documento” ni tampoco que disponía de un plazo máximo de cinco días.

Lucía García Menárguez se quitó la vida el martes 10 de enero en la habitación de su propia casa mientras su madre dormía la siesta. La menor comenzó a sufrir el acoso de varios compañeros (sobre todo, de dos) cuando dejó el colegio de la pedanía murciana en la que residía, Aljucer, y pasó a estudiar el primer curso de la Educación Secundaria en el Instituto Ingeniero de la Cierva. Fue en septiembre de 2015, cuando aún tenía 12 años.

Los padres de la niña denunciaron que durante ese curso su hija sufrió bullying. Tras mucho insistir, lograron que el gobierno murciano aceptara su traslado a otro centro cuando sólo restaban 20 días para que terminara el año lectivo.

En agosto de 2016, durante las vacaciones de verano, Lucía trató de quitarse la vida por primera vez ingiriendo un bote de medicamentos. Los médicos lograron salvarle la vida. Sólo medio año más tarde, matriculada ya en otro instituto, se suicidó en la habitación de su casa.

Ahora, la magistrada Reverte Villar ordena que se continúe con la investigación. En su auto, entre otras consideraciones, exige también que la orientadora del centro educativo que atendió a la menor entregue la agenda en la que, según ella misma, hizo varias anotaciones a mano sobre el caso de Lucía. En primera instancia la trabajadora del instituto tan sólo entregó varias fotocopias de algunas páginas y se negó a aportar su agenda “por ser muy personal”.

María Peligros, la madre de Lucía, se encuentra de baja tras la muerte de su hija. A.L.

También le reclama a la Consejería de Educación murciana la información reservada que la inspección educativa obtuvo sobre el paso de la niña por diferentes centros educativos de la región.

EL CÓMIC QUE NARRA SU SUFRIMIENTO

Pocos días después de enterrar a su hija, los padres de Lucía encontraron en la habitación un folio sin fechar en el que la niña había dibujado varias escenas de lo que parece ser un cómic que relata su sufrimiento.

En la primera viñeta, donde aparece sólo un personaje, dice: “Era una niña muy feliz”. En la siguiente señala que “un día, mientras jugaban (dos niñas),” un chico les insultó y se rió de ellas: “¡Feas, gordas, tontas!”.

Cómic dibujado por Lucía García, que se suicidó en Murcia a los 13 años. Cedido por la familia

En la tercera imagen, bajo el título de Esa noche aparecieron los monstruos, se ve a la protagonista con lágrimas en los ojos pidiendo a sus acosadores que se marchen “por favor”. En las viñetas posteriores aparecen los traumas de Lucía con su físico: un plato de comida tachado, una niña pesándose en una báscula y otra vomitando en un váter. La última imagen se ve a la protagonista despeñándose de espaldas por un precipicio.

Esos “monstruos” a los que aludía Lucía serían los dos compañeros de clase que por ese tiempo, cuando aún cursaba 1º de Educación Secundaria se metían con ella a diario. Lo único que hizo el instituto es echar a ambos menores durante varios días. Sin embargo, antes y después del fallecimiento de la niña defendió que Lucía sufrió un episodio puntual de acoso pero que no fue sometida a bullying de forma constante.

Durante la investigación, según publicaba este lunes El País, el centro envió dos informes a la Policía en los que recogen que se le hizo un test a los alumnos para detectar acoso. Dicho análisis dio negativo. Los dos menores sólo admitieron que la habían insultado y manifestaron que le querían pedir perdón. En cambio, Lucía les dijo a sus padres que también le pegaban y que no se trató de unos hechos puntuales. 

El GRUME abrió diligencias tras la muerte de Lucía. Hasta que se sobreseyó el caso tomaron declaración a 36 personas (16 de ellas, menores), entre los que se encuentran miembros docentes de su antiguo instituto, sus padres, sus amigas y los presuntos agresores. El Juzgado de Instrucción 9 de Murcia ha decidido ahora reabrir el caso tras sobreseerlo provisionalmente el mismo día que la niña se quitó la vida.

“Los centros no denuncian”

El abogado de los padres de Lucía, Antonio Casado, asegura que el caso de la niña fallecida demuestra que “los centros educativos no denuncian lo que está pasando en las aulas ni fuera de ellas”.

Lucía se quitó la vida el 10 de enero de 2017. Lo intentó por primera vez en agosto de 2016, poco después de cambiar de instituto. Cedida por la familia

El letrado, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL, reclama que el gobierno murciano “deje de aplicar el actual protocolo y haga uno bien hecho, en el que se formen a los profesores y alumnos en la prevención del acoso, en coordinación con el grupo de menores de la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores”.

Casado también reclama que “el Ministerio de Educación ponga en marcha las medidas del Plan Nacional para la Convivencia, al que se comprometió [en enero de 2015]”. De dicho compendio de medidas, lo único que se encuentra activo es un teléfono contra el acoso escolar.