El diputado de Unidas Podemos y exdirector de Greenpeace, Juan López de Uralde, se desmarca de las informaciones publicadas en el último mes por EL ESPAÑOL sobre el lobby ecologista español que recibe dinero de una multinacional noruega. El origen de estas redes de influencia, según ha desvelado este diario, se situaría en el papel de la cotizada Tomra, principal interesada en imponer el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España. Uralde redirige el debate.
Este tipo de reciclaje, impulsado por Unidas Podemos y la Alianza Residuo Cero a la que pertenece Greenpeace, consiste en que los consumidores paguen un sobrecoste por cada envase y, en el momento de terminar el producto, devolver el recipiente a cambio de ese precio extra que se pagó anteriormente. Para ello hacen falta unas máquinas determinadas, las de Tomra, que se impondrían en las tiendas en contra del criterio de los comercios y supermercados.
Preguntado acerca de este hecho y de las informaciones que vinculan a Tomra con la financiación del lobby ecologista, sobre todo a las asociaciones Retorna y Rezero, el diputado de Unidas Podemos es parco. Responde a este periódico por teléfono, y no rehúye ninguna pregunta. Da la cara, pero redirige los tiros.
Una mujer deposita una botella en una máquina de Tomra, la multinacional noruega que financia un lobby ecologista en España.
“Se trata de una maniobra para intentar desacreditar al SDDR. El debate de verdad es si el sistema SDDR es bueno o no, y en este caso es bueno”, deduce Uralde. A sus ojos, la financiación opaca de las asociaciones ecologistas obedece a “una estrategia de intoxicación de Ecoembes”, actual promotora del reciclaje en España, pero no aporta pruebas a esta denuncia.
—Que una empresa extranjera financie a miembros de la Alianza Residuo Cero no es ilegal, ¿pero no le parece poco transparente que no reconozcan el interés empresarial que hay detrás de sus políticas de reciclaje?
—Lo que pasa es que hay una guerra sucia en la que prefiero no participar. Todos los actores tienen que ser transparentes.
Los pagos de Tomra
A ojos del exdirector de Greenpeace, “el sistema actual del cubo amarillo no funciona, por lo que hay que explorar mejoras posibles”. Según él, esta sería la del SDDR que intenta promover el Gobierno por medio de la ley de Residuos y Suelos Contaminados, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica en junio de 2020, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Paralelamente a la tramitación de la ley, este diario ha tenido acceso a 21 operaciones de Tomra a diferentes entidades españolas desde el año 2015 hasta 2019. En total, la multinacional noruega habría inyectado un total de 3.065.400 euros a diferentes asociaciones ecologistas promotoras del SDDR, la mayoría al grupo Retorna. Ninguna ha admitido el cobro de este dinero.
Preguntado por este extremo, Uralde es precavido: “Lo único que sé es que Ecoembes financia campañas de ONG como la de la Basuraleza, y las financia generosamente. ¿Por qué nadie dice nada de eso? El criterio debería ser el mismo para todos”, elude.
Supermercados y comercios se oponen al tipo de reciclaje que Podemos quiere imponer
“Hasta donde yo sé, lo que mueve a Retorna es impulsar al SDDR; ese siempre ha sido su objetivo. Desde luego son coherentes con sus iniciativas, que es cambiar el modelo de reciclaje. Eso es lo verdaderamente importante”, resalta.
Comercios contra el SDDR
Una de las palabras que más se escucha entre supermercados y comercios cuando se habla de la implantación obligatoria del SDDR es la palabra “inviable”. Preguntadas por EL ESPAÑOL, diversas asociaciones del sector aseguran que los costes económicos de su implantación serían “desproporcionados para los resultados obtenidos”, provocando a su vez “grandes distorsiones e ineficacias en empresas de distribución y consumidores”.
Sobre el asunto, Uralde no se esconde. Reconoce que hay que escuchar “al pequeño comercio, al grande, y a todo el mundo”, pero da un matiz: “Quien realmente está teledirigiendo este tema son las grandes superficies y grandes embotelladoras, que son las que enturbian el debate”.
—Precisamente el pequeño comercio se ha opuesto frontalmente a este sistema porque entiende que es muy caro y que no tienen espacio en sus tiendas para poner las máquinas.
—Eso, por ejemplo, sí es entrar en el tema de fondo. Es un debate necesario: dónde ubicar las máquinas y dónde no. Por ejemplo, podrían ponerse en puntos donde sí hubiera espacio, que no son necesariamente las tiendas. Puede haber algún inconveniente, no lo dudo, pero el modelo en sí ofrece muchas ventajas.
Según ha podido saber este diario de boca de las asociaciones de comercios y supermercados, el proyecto contempla que las máquinas de Tomra deberían instalarse de forma obligatoria en sus superficies y, además, que fuese el empresario el que pagase por ellas.
Una máquina de reciclaje SDDR, que da dinero por envase introducido.
En 2016, Tomra elaboró un informe para sus inversores en el que se explicaba la intención de la empresa de implantar hasta 15.000 máquinas de SDDR en España. Aseguraban que iban a empezar por Baleares, Cataluña, Valencia y Navarra. Teniendo en cuenta que cada máquina cuesta entre 15.000 y 24.000 euros, el negocio en torno a ello podría rondar en torno a los 300 millones de euros.
“Eso no está contemplado en ningún sitio. No hay una normativa o un proyecto que obligue a ello. Lo que sí hay es un debate sobre la ley de residuos en el que pedimos que incluyan el SDDR”, matiza Uralde. “Una vez aceptemos el problema nos pondremos a hablar de cómo desarrollar el reglamento, a qué se obliga y a qué no, y a partir de ahí establecer esas cuestiones. Hoy por hoy, lo de la implantación obligatoria es falso”, sentencia.