El juzgado rechaza dejar libres a los tres investigados del Colegio de Enfermería de Pontevedra

VIGO, 15 May. (EUROPA PRESS) –

El juzgado de instrucción nº 2 de Vigo ha denegado la solicitud de libertad formulada por la defensa del presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COEPO), Carlos F.G., su mujer y su hija, que se encuentran en prisión por presuntas irregularidades en la gestión del organismo. En el mes de abril, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso interpuesto por los investigados contra el auto que determinó su ingreso en prisión, al entender de que existía riesgo de que pudiesen influir en testigos que todavía no habían prestado declaración en el juzgado de Instrucción 2 de Vigo, que coordina la investigación.

La Audiencia advirtió, en dicha resolución, que los testigos son personas vinculadas a Carlos y su familia por "contratos privados o dependencia económica" y recomendó su comparecencia "a la mayor brevedad posible", además de constatar indicios de que se cometieron delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Posteriormente, la defensa solicitó de nuevo su puesta en libertad al entender que dichas comparecencias ya habían concluido, cuestión que niega el juzgado en este nuevo auto emitido el jueves. El auto indica que se han señalado dos declaraciones más, la secretaria administrativa de Gestión Jurídica Gallega y una empleada del IGAF, junto a otros tres miembros de empresas que daban cobertura contable a las mercantiles.

Opacidad e interferencia

A ello ha unido las circunstancias en las que se está desarrollando el proceso y que justifican todavía más su permanencia en prisión: los investigados controlaban el Colegio y las empresas investigadas, y con ello, a las personas que trabajaban allí. En este sentido, el juzgado advierte de que todos los investigados salvo dos "se acogieron a su derecho a no declarar" y en los escritos remitidos por los administradores judiciales "queda acreditado que por parte de los trabajadores del colegio, como de las mercantiles a las que se les ha requerido información, ésta o no ha sido facilitada o lo es de forma opaca".

"Es más, se ha requerido nuevamente a los investigados para que aporten la documentación que pudiese acreditar las relaciones comerciales o de servicio entre el Colegio y las mercantiles investigadas, y no la han facilitado -se han limitado a decir que colaborarán cuando estén en libertad-", añade. Por tanto, se desestimó la petición de libertad, sobre todo al tener en cuenta que las diligencias de investigación se centran actualmente en saber la razón de que el Colegio Profesional de Enfermería de Pontevedra, con cerca de 4.000 colegiados y que venía ingresando aproximadamente un millón de euros, "actualmente se encuentra sin patrimonio con el que poder hacer frente a las deudas que tiene".

Por el contrario, las mercantiles investigadas, a través de la acción directa de los investigados -que son los dueños de las mismas-, han venido recibiendo sus ingresos directamente del Colegio, "pagando los servicios o sueldos de las personas que actualmente están declarando como testigos", pero sin poder acreditar documentalmente aún los organigramas, los servicios concretos, o las formas de pago que fueron
utilizados".

Investigación

En el marco de este procedimiento, están siendo investigados el presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, su mujer y su hija (los únicos que están en prisión provisional); la tesorera y el exasesor jurídico de la entidad; y tres personas que harían el papel de testaferros del presidente, figurando al frente de varias empresas. La investigación se inició tras la denuncia del secretario del Colegio, José Faustino Portela, y destapó supuestas irregularidades en la gestión de las cuotas que cobraba el organismo a los colegiados.

De hecho, el Colegio fue condenado en dos ocasiones por el impago del porcentaje correspondiente de esas cuotas al Consejo General de Enfermería de España. Además de esa situación, también se produjeron supuestamente irregularidades vinculadas con el pago de servicios a empresas ‘fantasma’, tras las cuales estarían el presidente del organismo y sus familiares.