La Diputación de Pontevedra ha dado luz verde a través de la Junta de Gobierno a una dotación de 2,7 millones de euros destinados a los concellos de menos de 20.000 habitantes afectados por los temporales producidos entre el 24 de diciembre y el 1 de enero.

Este plan se aprueba tras el acuerdo plenario adoptado por unanimidad el pasado 28 de enero. En este caso, se remarcaba su carácter complementario a las ayudas que dispusiese la Xunta de Galicia, algo que, denuncian desde el Gobierno provincial, no ha ocurrido.

El diputado de Economía y Hacienda, Carlos Font, ha señalado la "inacción" de la Administración autonómica tras recibir una carta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la que respondía una primera misiva de la Diputación en la que le solicitaba que pusiese en marcha unas ayudas autonómicas, y que considera "intolerable" al encontrarse con la evidencia de que la Xunta "no hace su trabajo".

Nueva carta en respuesta a Rueda

Font ha remitido una nueva carta a Rueda en la que vuelve a insistir en la reclamación de que el Gobierno gallego apruebe un decreto con el reparto objetivo de ayudas entre los concellos afectados por las inundaciones.

En la respuesta, que firma el propio Carlos Font, les indica que están "dejando de cumplir con sus competencias y abandonando a las vecinas y vecinos de las zonas afectadas", además de considerar "sorprendente" e "inadmisible" que la Xunta alegue que su vicepresidente segundo "estaría dispuesto a desplazarse a la zona afectada por los temporales" si era acompañado por el delegado del Gobierno y la presidenta de la Diputación.

"¿Quieren ustedes decir que el vicepresidente segundo aún no visitó el territorio? ¿Les parece aceptable ese abandono de funciones?", responde Font, que también pone de manifiesto lo "sorprendente" de que la Xunta afirme que no es necesario activar la declaración de Emergencia de Interés Gallego para activar jurídicamente las ayudas. "A día de hoy no tenemos constancia de convocatoria alguna realizada por la Administración autonómica", por lo que urge a la Xunta a aclarar "la razón de por qué no lo hicieron", cuando han pasado tres meses desde las inundaciones.