Resulta imposible conocer toda la legislación aplicable en España

La exigencia del artículo 9.3 de la Constitución Española, relativa al principio de seguridad jurídica, implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa. 

No obstante, por desgracia, hoy es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas.

Desde el año 2015, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con la intención de analizar la profusa legislación que, a todos los niveles, afecta a los ciudadanos, viene elaborando un informe anual de la producción normativa en España. 

Según el informe publicado sobre el año 2022, el conjunto de las páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó 1.329.865 de páginas; siendo el sumatorio más alto de los últimos once años, y un 22% superior a lo publicado el año anterior.

Se aprobaron nada más y nada menos que 849 normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone más de dos novedades legislativas por cada día natural, entendiéndose por novedad legislativa tanto las nuevas normativas como las modificaciones de las ya existentes.

Esto posiciona al 2022 como el sexto año con mayor producción normativa desde las altas cifras alcanzadas durante la primera década del inicio del periodo democrático (1977 – 1986).

Atendiendo a la tipología de las normas, en el año 2022 se aprecia un aumento significativo del número de leyes aprobadas respecto al año 2021, con un incremento del 77,3%. En cuanto a las leyes orgánicas, aumentaron el 36,4%, y los Reales decretos, un 10,9%.

Es preciso mencionar que el número total de Reales Decretos-leyes sigue siendo el sexto más elevado de los últimos 40 años, lo que llama la atención por ser ésta una medida que se reserva a casos de extraordinaria y urgente necesidad, tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional. 

Otro aspecto que puede resultar de relevancia, por cuanto nos da información sobre el ritmo al que las normas ven la luz, es el análisis de la distribución temporal de las publicaciones de las normas con rango de ley (ley orgánica, Ley y Real Decreto-ley) a lo largo del año, observándose una clara acumulación en el mes de diciembre, donde se publica el 25% de este tipo de normas.

En lo que respecta a las páginas del BOE, en 2022 se editaron un total de 254.757 páginas, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a 2021, año en el que el número alcanzó la cifra de 241.803. 

Para poner en perspectiva la magnitud de esta cifra, cabría indicar que para que una persona pudiera estar completamente actualizada sobre las novedades legislativas publicadas en el BOE en el año 2022, tendría que leer cerca de 698 páginas al día.

Si consideramos el conjunto de la producción normativa en España, es decir, la estatal más la de las Comunidades Autónomas, las normas aprobadas en 2022 ascendieron a 1.189, lo que equivale a más de 3 novedades legislativas por día natural. En la misma línea, los distintos boletines oficiales de las Comunidades Autónomas registraron en sus publicaciones un total de 1.075.108 páginas en 2022, lo que supone un 15% más que las páginas editadas el año anterior (934.229 páginas), tratándose de la cifra más alta de los últimos once años.

Cabe añadir aquí que las Comunidades Autónomas son responsables del 80,8% de las páginas publicadas en los boletines oficiales.

Con todo ello, como se ha venido señalando a lo largo de los siete años de elaboración de este informe, surgen serias dudas del seguimiento que se está realizando de estos principios en la práctica legislativa en nuestro país, ya que el impacto de la superposición de las disposiciones normativas en los diferentes niveles administrativos (europeo, nacional, autonómico y local) sobre los ciudadanos es, cuando menos, abrumador.

Si resulta difícil a los expertos en la materia orientarse en el mare magnum normativo que es hoy nuestro ordenamiento jurídico, más dificultad todavía encontrarán los administrados para conocer el exacto, preciso y puntual cumplimiento de sus obligaciones sustantivas y formales con las diferentes Administraciones. 

Confiemos en que las próxima reformas cuente con el consenso social y político suficiente para dotar de mayor seguridad jurídica a los inversores nacionales e internacionales, a las empresas y a los ciudadanos, y disfrutemos así de una regulación clara, simple, fácil de interpretar, que no conlleve cargas adicionales innecesarias y permita fortalecer la competitividad de nuestra economía.