"España va a estar a la altura del reto industrial y vamos a liderar la movilidad sostenible en Europa". Así se ha pronunciado el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, respecto al segundo Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Tras las numerosas críticas recibidas en el primer proyecto, el Gobierno ha publicado hoy las bases reguladoras del Perte VEC II, para la concesión de ayudas a proyectos para el impulso a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado así como la convocatoria de ayudas a proyectos de producción de baterías del vehículo eléctrico del año 2023, dotada esta última con 850 millones de euros.

Desde el Ministerio se ha destacado el trabajo de adaptación del programa en esta segunda edición "atendiendo a las oportunidades de mejora detectadas tras la convocatoria de 2022, a las demandas del sector canalizadas a través de las asociaciones profesionales y a las nuevas condiciones financieras y regulatorias".

Entre los principales cambios, se ha sustituido el esquema de la agrupación de empresas en torno a un proyecto tractor por uno basado en proyectos individuales para empresas del sector más ágil y dinámico. Además, se ha establecido un sistema de concurrencia simple que va a permitir resolver los proyectos por orden de llegada. También se extienden los plazos de ejecución de los proyectos e inversiones que se presenten.

Dos secciones diferenciadas

La segunda convocatoria de este Perte cuenta con dos secciones claramente diferenciadas. Por un lado, la sección A, que está dirigida a incentivar la inversión en capacidad de producción industrial de baterías destinadas al vehículo eléctrico, sus componentes esenciales y la producción o recuperación de materias primas fundamentales necesarias, beneficiándose de las condiciones aprobadas en el Marco Temporal de Crisis y Transición.

La convocatoria para la presentación de proyectos en esta área se abrirá el 17 de julio (y hasta el 15 de septiembre) y estará dotada de 850 millones de euros y el importe máximo de la ayuda por beneficiario oscilará entre 150 y 300 millones de euros para la inversión en el ámbito de las baterías, según se realice en zona asistida o no. Además, no superará los 100 millones de euros para inversiones en componentes esenciales ni los 25 millones de euros para inversiones en materias primas.

Por su parte, la sección B, cuya convocatoria se publicará en los próximos días, tiene por objetivo apoyar planes de inversión orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y ciertos sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue.