Imagen de recurso para justicia.

Imagen de recurso para justicia. Pixabay

Pontevedra

Piden 37 años de cárcel para tres acusados de introducir droga en el puerto de Marín

La droga era transportada por uno de ellos, que viajaba como polizón en el buque y fue descubierto por el capitán

24 octubre, 2020 19:43

VIGO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Fiscalía solicita penas que suman 37 años de prisión y multas millonarias para tres acusados, dos gallegos y un ciudadano colombiano, por su presunta relación con una operación para introducir una partida de cocaína en Galicia en un buque mercante, y que serán juzgados este martes, miércoles y jueves, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según el escrito de acusación pública, R.P.R., vecino de Sanxenxo (Pontevedra), se concertó con el ciudadano colombiano H.C.P. para introducir una partida de cocaína en Galicia, a bordo de un buque mercante, que salió en abril de 2017 de un puerto colombiano, con destino a la terminal de Marín.

El barco mercante salió de su destino el 23 de abril de 2017 y H.C.P. viajaba a bordo como polizón, oculto en una grúa, y llevando consigo 52 ‘ladrillos’ de cocaína. Sin embargo, fue descubierto por el capitán del barco, que lo detuvo y comunicó con las autoridades españolas.

Agentes policiales y de Aduanas salieron al encuentro del mercante, al que llegaron el 4 de mayo. Una vez abordo se hicieron cargo del polizón, al que le intervinieron la droga, diversos documentos con anotaciones, tarjetas bancarias, tarjetas de teléfono, una emisora portátil, un móvil y un GPS con unas coordenadas que se correspondían con un punto en el mar, frente a la entrada de la ría de Pontevedra.

Los agentes continuaron la travesía en el mercante, para hacer ver que nada había pasado y simular la entrega de la droga. Para ello, se hicieron pasar por el investigado H.C.P., y respondieron a las llamadas que éste recibía al teléfono por parte de R.P.R.

Así, se citaron en un punto frente a las costas gallegas donde el polizón debía entregar la droga y, posteriormente, lanzarse al agua para ser recogido por R.P.R., que le saldría al encuentro en una embarcación. Cuando llegó el momento, los agentes lanzaron al agua unos bultos para hacerlos pasar por la droga, y cuando el gallego le envió un mensaje a su socio colombiano para que se tirase al agua, se procedió al abordaje de su nave.

Una vez detenido, se le intervinieron varias tarjetas, documentación del barco, dos teléfonos, una radio y un GPS. En su domicilio de Sanxenxo, la Policía encontró diversas cantidades de cocaína, MDMA, cannabis y otras drogas, varios teléfonos, tarjetas, anotaciones y dos pistolas.

Detención del tercer investigado

En el transcurso de las investigaciones, la Policía tuvo conocimiento de la existencia de otra persona, L.C.C., vecino de Valga (Pontevedra), que había estado en contacto con H.C.P. Este tercer procesado, pese a la detención del colombiano y de R.P.R., mantuvo su actividad delictiva, encaminada a introducir droga en Galicia.

La intervención de su teléfono permitió comprobar, según la Fiscalía, que había participado en una operación de narcotráfico en mayo de 2017 y que estaba preparando otra en ese momento (septiembre de 2018) por lo que fue detenido.

En el registro de su domicilio, se encontraron anotaciones sobre matrículas de coches, números de teléfono, un código de encriptado alfanumérico, instrucciones sobre cómo saber si un terminal está intervenido, y documentos relativos a vuelos con destino a Colombia (a donde había viajado al menos 5 veces en los últimos 6 años).

Asimismo, se encontraron anotaciones con nombres de usuarios de una aplicación de mensajería, entre los que estaba el nombre utilizado por H.C.P., y un papel con unas coordenadas anotadas, que se correspondían con el punto de entrega de la cocaína intervenida en el operativo de mayo del año anterior.

Petición de penas

Por estos hechos, la Fiscalía solicita que H.C.P. sea condenado a una pena de 10 años de prisión, y al pago de dos multas que suman casi 4 millones de euros.

Para R.P.R., que ya tenía antecedentes por narcotráfico, pide la pena de 13 años y medio de cárcel (al ser reincidente), y multas que suman 10 millones de euros; y para L.C.C., solicita la misma pena de prisión y las mismas multas.

El ministerio público considera a los tres procesados autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y con el subtipo agravado por el uso de embarcación; todo ello cometido en el seno de una organización criminal.