Un juzgado desestima la demanda de Kiko da Silva contra el portavoz del PP de Pontevedra

PONTEVEDRA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pontevedra ha desestimado la demanda interpuesta por el autor del cartel del Entroido pontevedrés, el ilustrador Kiko da Silva, contra el portavoz del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, por ofender su derecho al honor al denunciar que este se había adjudicado "a dedo".

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado descarta constituyan una intromisión ilegítima del derecho al honor las afirmaciones efectuadas en febrero de 2020 respecto a que, durante 13 años seguidos, el Ayuntamiento adjudicase el cartel del Entroido al mismo ilustrador, que fue número 4 en la lista del BNG por Pontevedra en las últimas elecciones generales.

Dentro de la libertad de expresión

En la sentencia, contra la que cabe presentar recurso, explica que las manifestaciones del portavoz del PP están "dentro de la legítima libertad de expresión en el ámbito político y de fiscalización de la gestión municipal". La magistrada entiende que "se trata de una crítica a la actuación del Ayuntamiento en el ámbito de la contratación, siendo esta perfectamente legítima si se circunscribe a ese ámbito y no va acompañada de expresiones claramente injuriosas, que excedan de lo razonable y sobrepasen la propia actividad pública".

"Puede que algunas de las expresiones no sean correctas, puede que fueran excesivas o desafortunadas al afirmar que ‘el amiguismo que impera en el Ayuntamiento hace que el ilustrador, del BNG, sea el elegido a dedo para realizar el cartel del Entroido y lo cobre al momento’, (circunstancia esta última no ajustada a la realidad), pero se efectúan en el marco de la crítica política", destaca la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pontevedra.

Además, indica que hay que tener en cuenta que, tanto de sentencias del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, se deduce que "cuando la persona presuntamente atacada tiene proyección pública política, social o económica, su protección al derecho al honor disminuye, su derecho a la intimidad se diluye y su derecho a la imagen se excluye".

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, según la jueza, "el único límite en estos casos es el uso de expresiones vejatorias o injuriosas, que se revelen como innecesarias para exteriorizar la idea u opinión crítica, las cuales no han sido empleadas".