El Pleno de la Corporación Municipal de Salceda de Caselas acaba de aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles (IBI) marcando el tipo en un 0,40%, en el lugar del 0,50% existente hasta ahora. La propuesta de la alcaldía se presentó para tratar de compensar de alguna manera el impacto que pueda tener en la economía del vecindario la revisión que catastro está llevando a cabo en los Ayuntamientos de Salceda de Caselas, Bueu, O Porriño y Mos.

El Equipo de Gobierno apoyó la modificación de la ordenanza a pesar de los informes desfavorables de intervención y tesorería, consciente de que la revisión de la Dirección General de Catastro llega en uno de los peores momentos, en medio de la crisis sanitaria más importante de las últimas décadas, que está suponiendo también una importante crisis económica. "A pesar de que tanto el vecindario como toda la corporación sabíamos que la revisión catastral llegaría en cualquier momento, lo cierto es que sucede en el peor momento posible, por lo que desde el Ayuntamiento intentamos hacer un esfuerzo por minimizar ese impacto económico con esta bajada del tipo al mínimo que nos permite la ley", destacó la alcaldesa, Loli Castiñeira.

El Equipo de Gobierno trabaja también en la línea de poder realizar bonificaciones a las personas y familias más desfavorecidas, coincidiendo en que, lo más justo ante estos cambios es ofrecer beneficios fiscales a aquellas personas que más lo necesitan, basándose en la situación socioeconómica del vecindario para lo cual el departamento de servicios sociales ya emitió el informe que está sirviendo como base del trabajo de esta nueva modificación de la ordenanza.

Proceso de regularización

Esta medida llega para completar las demás iniciativas que se llevaron a cabo desde el Ayuntamiento de Salceda de Caselas para ayudar a los vecinos a afrontar el proceso de regularización que inició el Ministerio de Hacienda, y que supuso la emisión de más de 15.500 notificaciones a los vecinos.

El gobierno municipal estudia también con el departamento jurídico la forma de solucionar uno de los mayores problemas que, afirman, plantea esta revisión, que es el de las parcelas que se consideran urbanas en los núcleos rurales desde 1997 con la aprobación de las normas subsidiarias vigentes, y que en la realidad no reúnen los requisitos para edificar. En estos casos desde el catastro se aplica un coeficiente reductor que va desde el 0,6 hasta el 0,8 dependiendo de las parcelas, pero el equipo de gobierno considera que las parcelas están mal definidas en las normas subsidiarias y que deberían quedar fuera de esta regularización.