SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) –

Un total de siete personas, la mayoría familiares entre sí, se enfrentan a penas de dos a cinco años de cárcel por tráfico de drogas en Vigo, lo que supone un delito contra la salud pública. El caso se juzgará a las 10:00 horas del martes en la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Tal y como recoge el escrito de calificación de la Fiscalía, en 2016 y a raíz de diversas denuncias vecinales anónimas, se tuvo conocimiento de que en una determinada vivienda de Vigo se vendía al menudeo cocaína y heroína por parte de la acusada, que tenía además antecedentes por tráfico de drogas.

Destacan que el "trasiego" de toxicómanos que acudían al domicilio a abastecerse de sustancias era "constante", motivo por el que se desplegó un dispositivo de vigilancia. Gracias a él observaron como el 10 de agosto de 2016, sobre las 20:45 horas, otro de los acusados llegó a la vivienda, donde lo esperaba la acusada.

Al salir, al otro investigado se le incautó una bolsita termosellada que contenía 0,238 gramos de heroína, con un valor en el mercado ilícito de 26 euros en venta por dosis.

Además de a estos dos, se investiga a un tercero, "en estrecha colaboración" con los anteriores que, según detallan, acudía al domicilio varias veces al día a comprar droga para distribuirla, acompañando además a la acusada en sus desplazamientos para proveerse de sustancias y ejerciendo además de probador de las muestras.

Detenidos en 2016

Ambos fueron detenidos el 23 de agosto cuando circulaban entre la
rotonda de Travesía de Vigo y Genero de la Fuente, en un Citröen C4, donde se incautó de una bolsa con 99,9 gramos de cocaína en roca con un valor de 12.202 euros en venta por gramos.

Se intervinieron también, a la acusada, 25 euros, un pendrive y un teléfono móvil; y al otro investigado, 15 euros, tres teléfonos móviles y una papelina con 0,193 grs de cocaína en roca con un valor de 49 euros en venta por dosis.

A raíz de esto se acordó la intervención judicial del móvil de la acusada, mediante lo cual se constató su continuidad en el tráfico, aunque cambiando el modus operandi. Ahora era su hijo el responsable de contactar con los clientes y realizar las entregas, que efectuaba a altas horas de la noche y en ciclomotor, "colaborando activamente con su progenitora en los pagos y tratos con los proveedores".

Señalan además que las escuchas telefónicas evidenciaron las "singulares dificultades económicas" que atravesaba la acusada por deudas con sus proveedores, "decreciendo paulatinamente su actividad de tráfico de cocaína y heroína ante la imposibilidad de encontrar nuevos suministradores que le abasteciesen sustancias fiadas".

Su sobrino y su mujer

Optó entonces por traficar con pequeñas cantidades de hachís, para lo que contó con la ayuda de diferentes miembros de su familia. Entre ellos, su sobrino, que en ese momento permanecía recluido en el Centro Penitenciario de A Lama y quien facilitaba la sustancia para que la vendiese entre el resto de reclusos.

También la mujer del sobrino contactó con la acusada para que le facilitase dos bellotas de hachís para pasárselas a su marido en la cárcel, que le entregó en un bis a bis. Los Servicios Penitenciarios interceptaron el envío y decomisaron finalmente cuatro trozos de hachís con un peso total de 19,244 gramos que había escondido en el interior de su organismo, en la hebilla de su cinturón y en un paquete de tabaco, ascendiendo el valor de la droga incautada a 117 euros.

Ya en 2017, la esposa volvió a contactar con la acusada, quien le suministró otras cinco bellotas de hachís que le facilitó su hijo, pagándole la mujer 175 euros, encargándose el marido de la acusada, también investigado, de efectuar el cobro de la sustancia y preparar las bellotas, así como de entregárselas a su sobrino en la cárcel.

Como resultado de este hecho, la autoridad judicial acordó la detención de los acusados y el registro de los domicilios de la acusada y su hijo, incautándose de dinero, tres móviles, una báscula de precisión, tres bolsas con un total de 0,994 gramos de marihuana, una máquina picadora de tabaco, un sello judicial, una defensa eléctrica, una catana y dos pistolas detonadoras con cinco cartuchos.

En la vivienda del hijo, también acusado, se encontraron siete
teléfonos móviles, dos balanzas electrónicas, una cámara fotográfica. una hoja manuscrita con anotaciones de nombres y cantidades y tres bolsitas que contenían 5,60 gramos de una sustancia blanca cuya naturaleza no pudo ser determinada "por un error policial en su custodia" –la sustancia desapareció–, así como uno de los móviles, una de las balanzas y la hoja manuscrita, "al olvidar los agentes una caja con los efectos intervenidos en el rellano de la vivienda, no encontrándola a su vuelta cuando se percataron de su falta".

Penas

Por todo ello, la Fiscalía pide para la acusada cinco años de cárcel y una multa de 36.000 euros; lo mismo para su hijo; y para el otro acusado colaborador, cuatro años de prisión y una multa de 20.000 euros. Estos se enfrentan a una acusación de delito contra la salud pública en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud.

Los restantes investigados están acusados de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud. Así, a la mujer del sobrino de la acusada le piden tres años de cárcel y una multa de 860 euros; lo mismo para el sobrino; y para el marido de la acusada y otro de los acusados, dos años de prisión y una multa de 630 euros.

Todos los acusados deberán además de entregar las sustancias, dinero, instrumentos y efectos intervenidos, así como abonar el pago de las costas del procedimiento a partes iguales.