Desde su renacimiento, existe el debate sobre la necesidad o no de tener unos medios de comunicación públicos, y sus continuas polémicas y las bajas audiencias no hacen más que alimentarlo.
Se podría decir que yo, como diputado de Ciudadanos, tuve la suerte o la desgracia -para mí, la suerte- de ser uno de los protagonistas de la existencia de esta versión 2.0 de Canal 9, formando parte de aquella comisión que discutió, peleó y aprobó la actual ley de radiodifusión valenciana.
No fue un camino fácil, pero sí apasionante para mí. Las presiones fueron muchas y la atención mediática, enorme. El Botànic no quería aprobar la ley en solitario y buscaban un socio que, como era normal, puso sus condiciones.
Aquí algunos ejemplos de lo que pude aportar en aquella negociación: el porcentaje máximo del presupuesto autonómico que se puede destinar a la radiotelevisión valenciana, el límite de un tercio de ese presupuesto a emplear en personal propio, que los programas de entretenimiento y las series fueran subcontratadas o la obligación de colaborar con las otras radios y televisiones valencianas.
Mi objetivo no era otro que evitar que, una vez más, tuviéramos unos medios de comunicación públicos que fueran un agujero negro de dinero público. Y no tuve que hacerlo tan mal, cuando todos y cada uno de los puntos anteriores han sido duramente criticados por aquellos que anhelan el retorno de un duplicado de Canal 9. No han sido pocos los esfuerzos que han realizado para incumplir esas obligaciones, retorciendo la interpretación de la ley que tanto esfuerzo nos costó consensuar.
Plató de À Punt Media. EE
À Punt es necesaria por dos motivos: para ser la locomotora que tire del relanzamiento del sector audiovisual valenciano y para ofrecer unos servicios informativos que no nos pueden dar las radios y televisiones privadas.
Estamos hablando de un servicio de información esencial para todos los valencianos y de la creación de muchos puestos de trabajos en el sector privado. Empeñarse en volver a tener un nuevo Canal 9 con más de mil empleados pseudofuncionarios es cargarse una parte esencial de la utilidad de À Punt.
Fueron muchos los expertos del sector audiovisual valenciano y nacional que pasaron por la comisión parlamentaria a darnos su opinión sobre cómo hacer las cosas, y todos, absolutamente todos, coincidieron en decirnos que estábamos ante una oportunidad única de crear una nueva televisión actual, sostenible y rentable. Pero la realidad es tozuda muchas veces, y aunque fue eso lo que intentamos plasmar en el papel, el inicio del proyecto ha sido bastante desastroso.
Esa oportunidad se perdió intentando revivir el modelo antiguo de la televisión y el resultado salta a la vista, con unas audiencias lamentables y un debate permanentemente abierto sobre si se debe o no volver a cerrar la televisión valenciana.
Yo creo que aún puede reconducirse el camino y no son tantos los cambios que hay que hacer en la ley, como los que sí hay que acometer en la interpretación de la misma. À Punt es importante, necesaria y puede ser hasta apreciada.
