El portavoz del PSOE en las Cortes valencianas y mano derecha de Ximo Puig, el abogado Manolo Mata, dejará su cargo el próximo viernes como cabeza visible del grupo parlamentario socialista para centrarse en la defensa penal de Jaime Febrer, el presunto cabecilla de la trama de corrupción Azud. Mata no solo abandonará su condición de síndic, sino también el escaño que ocupa desde hace siete años.
El ejercicio profesional de Mata había levantado malestar en las filas socialistas, algo que se había acentuado tras el levantamiento del secreto de sumario y el goteo continuo de informaciones sobre escándalos de corrupción que afectan a políticos de todo signo político en Valencia.
Hasta el momento hay tres socialistas imputados en la trama: el que fuera jefe de finanzas del PSOE en la Comunidad Valenciana durante décadas, Pepe Cataluña; el ex concejal en la oposición en Valencia y ex delegado del Gobierno de España en la región, Rafael Rubio; y José Luis Vera, ex alto cargo del PSOE valenciano y jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra -dependiente de la Diputación de Valencia que gobiernan los socialistas-.
Defensa cerrada
A pesar de la decisión de Mata, lo cierto es que tanto Puig como la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) habían defendido la autonomía del portavoz socialista para ejercer la defensa de Azud mientras lo compaginaba con la Portavocía de los socialistas valencianos.
Este mismo viernes Puig afirmó que "la legislación permite claramente atender a una complementariedad entre el espacio público y el privado". "Otra cosa es que cada uno ha de tomar sus decisiones", indicó, aunque consideró que quien se tenía que pronunciar sobre esta cuestión era Mata.
Respecto al caso Azud, el presidente destacó que es "una cuestión residenciada en un tiempo determinado, y ese tiempo ha pasado a la historia". Así, defendió que desde 2015 hay "un alzamiento de la reputación" de la Comunidad, que ha llevado a cabo el conjunto de la sociedad, y ha expresado su "confianza absoluta" en la justicia.
"Quienes hayan actuado de manera ilícita o incluso reprobables desde la perspectiva ética habrán de asumir sus consecuencias", destacó Puig, quien aseguró que el PSOE está "muy interesado en saber exactamente qué pasó" y tomará "las decisiones que corresponda".
Público y privado
Oltra, por su parte, instó a separar "la proyección pública" de una persona del ejercicio de una actividad privada, e incluso sostuvo que el derecho a la defensa recogido en el artículo 24 de la Constitución Española "incluye la defensa de letrado de tu elección".
En este sentido, matizó "no se trata de si es ético o estético" que Mata ejerza de abogado defensor del considerado como uno de los cabecillas de la trama, el empresario Jaime Febrer, sino que es "una cuestión de derecho, y el derecho no se mide en estos parámetros".
Oltra afirmó que el Consell "no valora la idoneidad de esta cuestión ni cuestiona el derecho a la defensa", y ha considerado "que se debe separar lo que es la proyección pública de lo que es una actividad privada".
Dudas desde el PP
La condición de Mata de abogado del cabecilla de la trama había dado también munición a la oposición. Este mismo viernes el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, instó a Puig a decir si es "compatible, decente y digno" el papel de Mata.
El dirigente popular criticó que Mata "defiende al PSOE por la mañanas" y "defiende a una posible trama corrupta por las tardes, utilizando recursos públicos", ya que fue a la cárcel a ver a su defendido "en el coche oficial".
Además, señaló que Puig tendrá que explicar "cómo es posible que el jefe de las finanzas durante casi 30 años" del PSOE, en referencia a Pepe Cataluña, esté imputado en el caso Azud, e inisitió en la necesidad de que se den explicaciones, pues más allá de las decisiones judiciales hay "una serie de responsabilidades políticas".
A juicio de Mazón, hay que "ser transparente" y "dar la cara", como a su juicio ha hecho el vicepresidente segundo de las Cortes, Jorge Bellver (PP), tras conocerse que el juzgado había pedido al Parlamento que certificara si es diputado como paso previo a una posible imputación.
"No dudo de su honorabilidad bajo ningún concepto, tiene todo mi apoyo y yo le agradezco mucho que haya dado la cara, no como otros", inisistió el presidente del PPCV, quien precisó que Bellver está sometido a los estatutos del partido, como cualquier afiliado del PP.
Mazón insistió en la necesidad de "saber la verdad" en las Cortes sobre el caso Azud, sobre Ximo Puig "y su familia", sobre Mónica Oltra y sobre la veintena de cargos "imputados en el Gobierno del Botànic", y consideró que a lo mejor habría que preguntar también al fundador del Bloc.
"No vamos señalando con el dedo a nadie, yo hoy no ha venido aquí con una camiseta que ponga 'se busca' con respecto a nadie", destacó el dirigente popular, quien añadió: "Yo lo único que digo es que por qué antes existían dimisiones y comisiones de investigación y ahora no se hace".
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