Esta semana ha sido decisiva para poner las cosas en su sitio sobre lo sucedido en la Dana de octubre en Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de Comunitat Valenciana ha sido tajante al inadmitir las querellas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al entender que no hay indicio ninguno de pudiese haber incurrido en un delito responsable en la gestión de la catástrofe. Por fin se empieza a poner algo de sensatez en el asunto después de todos los intentos de que asuma la culpa, cuando la Generalitat Valenciana no tiene competencias en el barranco "olvidado" por el Gobierno de Pedro Sánchez que provocó la nefasta riada.

Como afirma el Plan de Emergencias de la Generalitat, "El representante de la Generalitat Valenciana en el CECOPI será el conseller de Gobernación (...) El representante de la Administración del Estado será el Subdelegado del Gobierno de
la provincia afectada. El representante de la Generalitat Valenciana en el CECOPI actuará en calidad de director del Plan siempre y cuando no se declare el interés nacional, en cuyo caso pondrá a disposición del representante de la administración del estado en el CECOPI la dirección del presente plan y los recursos adscritos al mismo".

Más clara no puede ser la ley. En ningún caso habla del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Por eso, la Generalitat trasladó a la jueza el viernes que la decisión de enviar la alaerta fue del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), dirigido por la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas (PP) y compuesto por un comité de dirección en el que se integraba la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (PSOE).

De este modo, una semana después de escuchar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el socialista Miguel Polo -fue concejal del PSOE en su municipio, Titaguas-, decir que "lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo", ha venido la corroboración de que desde la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) también se le dio información errónea a Emergencias de la Generalitat. "En principio no vamos a marearos con más avisos", le dijo la meteoróloga de la AEMET a la técnico de Emergencias. Por cierto, también este viernes hemos sabido que la CHJ ha confirmado a la jueza  el apagón informativo.

Tras la publicación de estos dos audios, entre otros por EL ESPAÑOL, toda la izquierda valenciana y sus tentáculos mediáticos ha salido en tromba ha negarlos, interpretarlos o señalarlos como "fuera de contexto". De nuevo, "el relato". Cuando a la izquierda se le desmonta el relato, es el equipo de Mazón el responsable de "bulos" y "fakes". Solo hay que ver algunos informativos de televisiones nacionales, en los que antes de hablar de la resolución del TSJCV adoctrinan a sus televidentes sobre esos audios que han podido escuchar o leer en la prensa digital o en sus redes sociales.

Tampoco es verdad, para esa izquierda, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigiese tras la catástrofe a la Generalitat: "si quieren más recursos, que los pidan". Da igual que usted lo haya visto en vídeos y oído de boca del inquilino de La Moncloa. ¡No se deje engañar por sus sentidos! Son solo algunos medios los que pueden "poner en contexto" las palabras del líder.

Al final todos se sabrá porque los sucesos están judicializados y porque diferentes instituciones han abierto comisiones de investigación: el Ayuntamiento de Valencia, las Cortes Valencianas o el Senado. La diferencia entre unos y otros es que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya ha comparecido varias veces para abordar el asunto. El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, sigue "borrándose" y eludiendo dar explicaciones sobre su responsabilidad en la gestión de la emergencia y en la posterior reconstrucción.