El Botánico sigue con su hoja de ruta lingüística y rechaza la enmienda de Cs para no exigirlo a médicos

Los tres partidos que componen el Gobierno Botánico de Ximo Puig, PSOE, Compromís y Podemos, rechazaron en bloque ayer la enmienda presentada por Ciudadanos (Cs) para la exención de las pruebas de valenciano para el personal sanitario. Con lo cual se deja abierta esa posibilidad en la Ley de Función Pública, aunque no se aplique por el momento.

Esta legislación se produce en plena pandemia de Covid-19, cuando la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, ha reconocido públicamente que no hay médicos suficientes en la Comunidad y que tiene serias dificultades para atraer a este tipo de profesionales.

La iniciativa de Cs, votada favor por PP y Vox, pretendía modificar el artículo 62.1, de la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana. En este documento el punto g dice lo siguiente: "Acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes".

Según explicó ayer el diputado de Cs Fernando Llopis a este diario, "estas dificultades para atraer personal se incrementarán ya que los profesionales quieren estabilidad laboral y no enfrentarse a futuros procesos como bolsas de trabajo, concursos u oposiciones en los que se les imponga una competencia en lengua valenciana".

Sin profesionales

Como informó el pasado mes de enero este diario España necesita 11.136 médicos para cubrir las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Una cifra que el Gobierno ya conocía antes de que se iniciase la pandemia, según el informe que el Ministerio de Sanidad encargó en 2018 y que fue revisado a principios de 2019.

Fue el pasado mes de julio, sin embargo, cuando Barceló aseguró que la bolsa de profesionales sanitarios, y en espacial médicos, estaba agotada. Otras comunidades autónomas habían sido más rápidas y eficaces a la hora de ofrecer contratos, mientras en la Comunidad se acababa de despedir a 3.000 de los sanitarios contratados para el refuerzo del Covid.

También el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM) ante el colapso de la Atención Primaria, afeó a Barceló que hubiese sido la última en implementar un plan de atracción de médicos. Sobre todo en provincias limítrofes como Murcia o Albacete.

Torrevieja

Especiales problemas tienen algunas comarcas de difícil comunicación con la Vega Baja alicantina, donde tras la reversión del Hospital Universitario de Torrevieja al sistema público de salud ha generado una huida de profesionales sin precedentes. Más aún, en la actual situación en la que la Conselleria pretende que los médicos sin MIR u homologación de títulos pierdan sus derechos laborales adquiridos antes de la subrogación.