Aragón lanza su primera Ley de Vivienda para facilitar la construcción y las ayudas públicas

Nuevo paso en el diseño de la primera Ley de Vivienda en la historia de Aragón. Después de superar los primeros trámites de información y participación pública, el Ejecutivo autonómico ha llevado al Parlamento el texto de la norma, con el que quiere tejer las claves y principios para afrontar uno de los grandes problemas sociales del siglo XXI. El objetivo es construir en torno a 15.000 viviendas “necesarias” en la próxima década.

Una ley que, como asegura el consejero de Fomento y Vivienda, Octavio López, “no es un capricho”, sino una “necesidad” para dotar de un marco normativo a las acciones y programas que se están llevando a cabo en el territorio para aumentar el parque de vivienda. Así, ya están en proceso de licitación un millar de pisos en barrios de la capital aragonesa, y se han lanzado ayudas por 10 millones de euros para rehabilitar 184 viviendas en 73 municipios de menos de 3.000 habitantes.

Paralelamente, el Departamento también está diseñando un nuevo programa con el que acompasar la llegada de nuevos proyectos empresariales con la promoción de vivienda para trabajadores, como es el caso de las localidades de la Ribera Alta tras la confirmación de la nueva gigafactoría de Stellantis. “Buscamos alguna fórmula que establezca la necesidad de que un PIGA vaya acompañado en actuaciones residenciales en el entorno de la actividad. Estamos estudiándolo”, ha subrayado.

[La falta de vivienda, el gran reto detrás de la gigafactoría de baterías de Stellantis: “Me quita el sueño”]

De esta forma, una de las claves en las que se basa la nueva ley es la colaboración pública-privada, que, según el consejero López, permite a las arcas autonómicas ahorrarse un 90% del coste. “Construir mil viviendas nos costaría 70 millones. Con colaboración público-privada, 5 millones. Si tuviéramos que hacer esas 10.000 o 14.000, nos iríamos a 1500 millones que no tenemos. Es el elemento imprescindible y esencial para la puesta en marcha”, ha apuntado.

Asimismo, otra de las patas fundamentales es la disposición de suelos públicos, destinados inicialmente a equipamientos que no se vayan a llevar a cabo, para construir vivienda. Esta medida ya está en marcha gracias a una directriz aprobada en este mismo año, siguiendo la línea del artículo 15 de la Ley nacional de Vivienda, a juicio del consejero, el único que se “salva” de una ley “bastante mala”, y “por eso lo hemos aplicado”.

Igualmente, esta norma pretende “garantizar” recursos económicos en forma de ayudas a los demandantes de vivienda, de forma que “no tengan que destinar a ella más del 30% de sus ingresos”.

La tramitación en las Cortes

Así, esta norma ya ha sido registrada en el Parlamento aragonés para iniciar su tramitación, con el objetivo de que sea aprobada a lo largo de 2025. El consejero López pretende reunirse en el mes de enero con los grupos para testear su valoración sobre la norma, buscando “ojalá” la unanimidad del hemiciclo. “Vamos a las Cortes con el proyecto abierto para conseguir ojalá la unanimidad de la Cámara”, ha afirmado.

Además, López también ha trasladado los pormenores de esta Ley al Ministerio de Vivienda, consciente de que uno de los puntos se basa en la colaboración con el resto de administraciones públicas. “Se parece a las leyes más modernas de comunidades que han tomado la decisión. Tenemos la suerte o desventaja de ser el primero en 40 años en Aragón. Queremos transparencia, colaboración y diálogo”, ha señalado.