Delgado carga contra Villanueva por repartir el “melón” del sector eólico

Rafael Delgado, en calidad de investigado, ha abierto hoy el calendario de testificales de una veintena de personas, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, previsto, en principio, hasta el próximo día 27 de septiembre, dentro de la investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.

El que fuera viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011 ha acusado al entonces máximo responsable de dicho departamento, Tomás Villanueva, de dar la orden expresa para que las grandes eléctricas repartieran el "melón" del sector eólico con los empresarios locales, lo que, según Fiscalía Anticorrupción, degeneró en el pago de comisiones por importe de 80 millones de euros que están siendo objeto de investigación judicial.

En su declaración, a lo largo de cinco horas, entre las 10.30 y las 15.30 horas, el segundo de abordo de la Consejería de Economía en la época investigada ha respondido, fundamentalmente, a las preguntas del Fiscal Anticorrupción Tomás Herranz, desplazado al efecto desde Madrid--ha acaparado cerca de cuatro horas del interrogatorio--y de la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Estatal Tributaria.

A lo largo de la testifical, y como a posteriori ha explicado Emilio Martínez, abogado de Ecologistas en Acción, colectivo que ha logrado personarse finalmente en la causa como acusación popular tras abonar una fianza de 3.000 euros, Delgado ha puesto de relieve que en 2004 Castilla y León asistió a un 'boom' del sector eólico que llevó al consejero de Economía--no le ha nombrado por su nombre y apellidos en momento alguno--a dar la orden expresa para que aquellas eléctricas que fueran a ser beneficiarias de los parques eólicos dieran cabida en su accionariado a empresarios locales.

"Se trata de una cuestión que no se compadece con las normas vigentes de contratación, pues en el sector eléctrico se habla específicamente de que eso corresponde a la iniciativa privada, con lo que no se entiende qué hace el consejero diciendo que tiene que estar fulanito, zutanito, gente de aquí...", ha apuntado el letrado de EA, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este punto, y a preguntas sobre la polémica figura de la 'avocación' puesta en marcha en 2004 y que suponía que la Consejería se arrogaba la postestad de autorizar o denegar las licencias, algo que desde un decreto de 1997 era competencia de los distintos servicios territoriales, Delgado, como así explica el letrado de EA, ha responsabilidad de ello al propio consejero en su intento de poner un cierto orden en el sector, "aunque ha dejado en una nebulosa quién dio la orden" y, sobre todo, ha alegado que no tuvo participación directa alguna en esa avocación de competencias.

La acusación popular entiende que la línea de defensa realizada por el exalto cargo de la Junta, figura clave para Fiscalía Anticorrupción de la supuesta 'trama eólica', ha consistido en "tirar balones fuera" y "tirar del manual del cargo público investigado", hasta el punto de "dar un cursillo de cómo cruzar a nado el Pisuerga desnudo sin mojarse", en referencia a que en su versión exculpatoria mantiene que estaba enterado de las negociaciones y trámites entre las grandes eléctricas y los empresarios locales pero que seguía las indicaciones del consejero, "y lo ha reiterado con claridad".

‘Disparar’ hacia arriba

Sobre su versión consistente en 'disparar' hacia arriba, Emilio Martínez entiende que "de ser cierta llevaría a abrir diferentes líneas de investigación, salvo que en realidad todo se haya ceñido al negocio privado de una persona rodeada de empresas, intereses y funcionarios y que todo se halla resuelto en ese ámbito".

En el caso de tomar cuerpo la primera de las versiones, el acusador popular ve "muy difícil" que el principal aludido, Tomás Villanueva, no termine por comparecer en sede judicial para dar las correspondientes explicaciones. "¡Visto lo visto, se tendrá que llegar a su testifical, va a ser muy difícil que no sea así, y aunque en este mundo hay que tocar para creer, creo que tocaremos!", ha espetado el letrado con perspectiva de futuro.

Aunque a Delgado se le considera uno de los grandes beneficiarios de esta supuesta trama, junto con el entonces director general de EXCAL, Alberto Esgueva, a quien Fiscalía Anticorrupción atribuye el cobro de 47,1 millones de euros, a lo largo de su maratoniana declaración ha llegado a asegurar que vive desde hace siete años de créditos, tanto personales como prestados por amigos, debido a que desde que se destaparon estos hechos está teniendo graves problemas para desarrollar una actividad profesional normal.