Un incendio desvela su alijo de armas y 21.000 cartuchos

La Guardia Civil ha detenido en Valladolid a un individuo de 51 años en posesión de numerosas armas, muchas de ellas sin autorización, piezas ilegales de taxidermia (una avutarda, cabezas de lobo y cráneos) y más de 21.000 cartuchos, además de otro tipo de munición; después de una larga investigación en la que fue clave la pista dada por la Policía Municipal de Valladolid durante la intervención en una vivienda por un incendio.

Al individuo, con iniciales J.A.B.T. y vecino de Valladolid, se le atribuyen delitos de desobediencia a la autoridad, tenencia y depósito de armas y munición, entre otros, después de que hiciera caso omiso e intentara evitar la presentación de seis armas registradas a su nombre y para las que tenía licencia desde 1990. Esta se iba a revisar por antecedentes penales e infracciones administrativas, varias de ellas relacionadas con la caza en varias provincias en Valladolid, Soria, Palencia o León.

Así lo han detallado el teniente coronel y jefe de Operaciones de la Comandancia de Valladolid, Javier Peña, y la subdelegada del Gobierno, Helena Caballero, acompañados por el coronel Juan Miguel Recio, tras una operación que ha culminado con tres registros los días 23 y 24 de noviembre en viviendas en Valladolid (dos) y Cabezón de Pisuerga y la detención del individuo.

Peña y Caballero han destacado el éxito de esta operación, denominada 'Choquer', que demuestra tanto la colaboración con otras fuerzas y cuerpos --Policía Nacional y Municipal de Valladolid-- como el control y seguimiento que se ejerce sobre las armas en España.

Las investigaciones se remontan a principios de 2017, cuando se inicia un procedimiento de revocación de licencia de armas tipo 'D' (el detenido, puesto a disposición judicial, tenía también otra de tipo 'E'), dado que, como establece el Plan de Control de Armas de Fuego, se habían observado elementos que indicaban una conducta incompatible con la tenencia de armas.

En este caso, J.A.B.T. tenía licencia desde 1990 pero el Seprona, en su labor de vigilancia de la actividad cinegética, había comprobado que contaba con denuncias en diferentes provincias de Castilla y León como Valladolid, Soria, Palencia y León, por lo que le sometió a cierto "seguimiento".

Hallazgo casual

Además, la Policía Municipal de Valladolid, en una intervención con motivo de un incendio, observó en una vivienda "a la vista" munición y armas --las largas como las encontradas deberían estar guardadas en el armero correspondiente que marca la legislación vigente-- y advirtió también de que había visto cabezas de animales posiblemente procedentes de actividad cinegética, algo que puso en conocimiento de la Guardia Civil y el Seprona valoró una posible actuación.

De la misma forma, a principios de 2017 también se tuvo conocimiento por el Cuerpo Nacional de Policía que esta persona había cometido un presunto delito de estafa.

Ante estos antecedentes y otras infracciones administrativas entre las que se encuentra una alcoholemia positiva, se inició el proceso de revisión de su licencia y se iniciaron los trámites por una posible incompatible con la tenencia de armas, algo que puede ocurrir ante situaciones como ésta, en la que se acumulan varias circunstancias, o casos de personas investigadas por violencia de género, amenazas o coacciones.

Así, se empezó un proceso que "no fue sencillo", ha destacado Peña, para intentar que el individuo presentara sus armas ante la Guardia Civil, lo que primero se lleva a cabo por vía administrativa con el fin de que colabore, ante lo que puso numerosas dificultades incluso el cambio de domicilio en tres ocasiones, aunque se le logró localizar en una cacería para hacerle llegar la notificación (acudía desarmado, como acompañante).

El plazo formal para que hiciera caso al requerimiento terminó en agosto de 2017 y no se había atendido el mismo, pero además se tuvo conocimiento de que el individuo había repartido entre amigos y familiares las armas. Por ello, se consideró en ese momento que ya cometía una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana de carácter grave por desobediencia y se inició otro trámite "tedioso" que llevaba a la imposición de una sanción.

La Guardia Civil llegó a la conclusión de que el individuo intentaba eludir la acción de la Administración y no iba a entregar voluntariamente las armas, lo que se consideró un riesgo de seguridad ciudadana ante la posibilidad de que las armas pudieran estar en cualquier sitio y accesibles a otras personas, por lo que la información se puso en conocimiento de los juzgados.

Tres registros

Por ello, finalmente se registraron las tres viviendas y en Cabezón se encontraron armas y una munición mucho más elevada de lo permitido, además de las piezas de caza, entre las que se encuentran una avutarda, especie en peligro de extinción y cuya caza, captura, persecución o cualquier venta o tenencia están prohibidas desde 1981, tres cabezas completas de lobo y dos cráneos de este cánido. Respecto a estas piezas, Peña ha reconocido que es difícil saber cuándo se han cazado y la procedencia.

En concreto, se han localizado las seis armas legalizadas, cuatro rifles con su respectiva documentación, para los cuales tenía licencia y otros dos que fueron entregados durante la instrucción del expediente de revocación en un caso por un civil que tuvo conocimiento de la situación y otra por una mujer que no quería "saber nada" y se la entregó a Policía Nacional antes de la detención.

Además, se han incautado dos escopetas calibre 12 y una 28 sin documentación; una pistola de dos cañones (también sin documentación); otra pistola de "avancarga" inutilizada; tres rifles inutilizados sin documentación alguna; un rifle con la numeración borrada; 4.650 cartuchos metálicos de distinto calibre, entre ellos más de 1.000 para "armas de guerra"; 17.000 piezas de cartuchería semi-metálica del calibre 12; 200 cartuchos para impulsión; 40 detonadores para pistola de avancarga; y un proyectil de artillería calibre 30 milímetros.

Peña ha explicado que todo lo que se refiere a las especies protegidas (lobo y avutarda) se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y, en cuanto a las armas, la investigación tendrá una segunda parte, gracias a la "trazabilidad" y la información que se recoge en todo lo referente a la venta y tenencia de armas y munición, que será de rastreo de todo el material.

Así, ha detallado que hay rifles inutilizados que deberían tener un certificado en el que se refleja la persona titular de estas armas, que puede conservarlas como elemento decorativo; otro con el número de serie borrado sobre el que habrá que realizar pruebas forenses; y también se estudiará la munición, dado que las licencias habilitan para comprar un determinado número de piezas, por lo que o bien ha adquirido y ha acumulado, sobre lo que hay un control, o ha utilizado determinadas piezas para recargar. Además, hay munición considerada "de guerra", prohibida y que podría utilizar precisamente para este último fin.

La munición probablemente se destruirá y las armas en función de las circunstancias de cada una, si se comprueba que están inutilizadas con sus certificados e incluso alguna de ellas podría acabar en un museo si tiene algún valor, ya que alguna es de 1800.

El teniente coronel ha explicado que se puede enfrentar a diversas penas que recoge el Código Penal, ya que conllevan cárcel tanto el depósito de armas y munición, como su tenencia o delitos contra el medio ambiente, aunque en diferentes grados, algunos de los cuales pueden llegar a los cuatro años.

En cuanto al detenido, Javier Peña ha explicado que se tiene conocimiento que tenía una actividad laboral que no tenía que ver con la caza, aunque podría obtener algún tipo de beneficio económico de la misma, ya que tenía muchos cartuchos y precintos que podría comprar o vender, además de participar en la organización de algunas actividades cinegéticas.