Edificio Centro de Soluciones Empresariales (edificio ADE), en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ICAL
El juicio de la Perla Negra sienta en el banquillo desde este lunes a la excúpula de la Consejería de Economía
Este edificio que compró en Arroyo de la Encomienda tenía una previsión de coste de 50 millones y finalmente se pagaron casi 70 millones entre 2005 y 2011
13 marzo, 2022 19:38A partir de mañana, lunes 14 de marzo, la Audiencia Provincial de Valladolid celebrará el macrojuicio por el caso ‘Perla Negra’, que se prolongará durante 23 días (hasta el 29 de abril) y por el que irán pasando casi 70 testigos, entre ellos, el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo
Un juicio por la compra del edificio de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y donde se intuyen delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, delitos que se habrían cometido entre 2005 y 2011. Un edificio que tenía una previsión de coste de 50 millones y por el que finalmente se pagó casi 70 millones de euros.
Además, se solicitará la colaboración de más de 20 peritos para desgranar lo que muchos han considerado, sobre todo desde el PSOE, que se presenta como acusación, “trama”.
Tras la polémica suscitada, finalmente, la Audiencia Provincia de Valladolid sí permitirá grabar las imágenes de los testigos y peritos que declaren en el caso denominado Perla Negra.
Delitos investigados
En la 'Perla Negra' se investigan delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. Los hechos vienen referidos al arrendamiento y posterior compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.
Según fiscalía, estas operaciones fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez. Así, fueron varias las mercantiles que se vieron favorecidas como URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L., a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
Juicio
El juicio del Procedimiento Abreviado tendrá lugar en la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial del Palacio de Justicia de Valladolid los días 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de marzo, y 4, 5, 6, 7, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 de abril a las 10:00 horas. Pocos juicios se recuerdan que se hayan extendido tanto en el tiempo.
Además, la previsión es que las declaraciones de los acusados comiencen el día 14 y concluyan el día 17 de marzo. Posteriormente, comparecerán los 92 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas. Tras ellos, tendrán lugar las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.
Penas
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.
Por su parte, en el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.
