El agua como bien común está en serio peligro. Castilla y León no es ajena a esta realidad con los graves problemas de los recursos hídricos. Según datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero, los embalses de la Comunidad se encuentran en el 30% de su capacidad máxima. Esta dificultad se suma a la demolición de las 180 presas en los últimos 15 años que comprometen seriamente el abastecimiento a corto plazo en un contexto de escasas precipitaciones.

Pilar Esquinas Rodrigo (Madrid, 1973) es una de las mayores expertas de España en derecho de aguas. La abogada, que lleva desde el año 2011 en su despacho ubicado en Aranjuez, ha defendido numerosas causas referentes a los recursos hídricos y en la actualidad se encuentra inmersa en el recurso del vaciado de la presa de Ricobayo, acontecido en agosto de 2021 en Zamora.

En el apartado jurídico, ¿a quién pertenece el agua?

Al Estado, que somos todos. La realidad es que la gestión y la deuda fraudulenta desde que entramos en la Unión Europea le está dando derecho de acción de forma indirecta a los fondos de inversión, que son los que están operando y controlando el agua de abastecimiento industrial y agrícola. Motivo por el que los ciudadanos hemos perdido ese control y libertad de hacer uso de la misma.

¿Qué se prevé desde las instituciones y organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)?

Estos organismos, como ha pasado con la OMS, tienen un mundo ideal para que pueda encajar el comercializar el agua. No hay ninguna institución ahora que realmente esté luchando para que sea un bien común, no sea una mercancía y que tengamos un acceso libre. Además, quieren que les demos las gracias por su gestión cuando esto nunca había sido así. En España llevamos 2.000 años gestionándola y nunca ha habido ningún problema hasta que se ha convertido en un motivo de lucha e, incluso, detonante para meter a la gente en la cárcel.

¿Qué sucede con las gotas de agua que caen del cielo?

Está prohibido cogerlas. En la actualidad, están metiendo en la cárcel a personas que las recogen de la lluvia como ocurre en Doñana. Esto es algo que nunca había ocurrido y está promovido por determinadas confederaciones hidrográficas junto con 'Ecologistas en Acción', que van al Seprona y denuncian estos hechos. Solo se puede coger el agua que se está suministrando mediante un contador. Lo que hacían antaño nuestras abuelas está prohibido. Todo esto es la mayor aberración que se está haciendo en España en connivencia con los fondos de inversión.

¿En qué punto se encuentra el Plan Hidrológico Nacional?

En los ríos, por ejemplo, nunca se había cuantificado el agua que tenían. Los datos que se han hecho son fraudulentos al realizarse en función de números que no son reales, ya que no sabes cuánta agua hay ni superficial ni subterránea. Con todo, están haciendo sus cuentas para justificar el 'banco del agua' que es lo que están activando. En dichos planes hidrológicos se han ido modificando los números cada cuatro años para que les cuadre su gran negocio y desde 'Aguaiuris' -junto con otras asociaciones- estamos intentando que se bloqueen o haya unas revisiones más honestas. Estos planes hidrológicos, una vez se consoliden, el agua se podrá negociar, mercadear y salir a bolsa.

Según 'Epdata' el riesgo de desertificación en España es de un 74% con Castilla y León como la quinta con menor riesgo de sufrir este fenómeno, ¿se están haciendo esfuerzos para evitarlo?

El término sequía es la única fórmula que hay para poder intervenir en tus derechos históricos del agua. Toda esta declaración la inició Cristina Narbona en el Gobierno de Zapatero. Lo que no cuentan a la gente es que el artículo 3 de la Ley de Aguas permite al Estado modificar el clima para generar agua con yoduro de plata o reventar las nubes para que no llueva; así están publicándose estas autorizaciones en los diferentes boletines de las Comunidades Autónomas. Atacan al agricultor, pero no nos cuentan que esos cañones de yoduro de plata tienen unas patentes y únicamente unas empresas pueden comercializarlo siendo los presidentes de las confederaciones quienes dan los permisos para su utilización. Incluso está la paradoja de que se está financiando con dinero público. Estos últimos años se han estado vaciando los pantanos para intervenir con una supuesta sequía para otorgar caudales, concesiones e, incluso, generación de energía.

¿Cuál es la 'trampa' del agua?

Estamos pagando por el abastecimiento, distribución y saneamiento de un agua que utilizamos, pero que no gastamos tal como nos hacen creer. A su vez, las empresas gestoras que la recogen están haciendo un negocio con ese agua 'sucia'. Realmente ese contador se mueve, pero no usas el agua en su totalidad. En el campo, cuando se está regando a manta no se pierde agua, porque recargas el acuífero y se produce otra vez la evaporación. Lo que no se puede hacer es romper el ciclo de la lluvia a propósito y prohibir utilizar un agua subterránea que, hoy en día, no está cuantificada en su totalidad. En el caso Doñana han declarado masa sobreexplotada y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no está dando traslado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid los informes de esa declaración alegando que es mucha documentación.

¿Qué papel juegan los grupos ecologistas?

Están dentro del Consejo Asesor de Medio Ambiente 'Cama'. Grupos como 'Ecologistas en Acción', 'SEO BirdLife' o 'Greenpeace' han diseñado todas estas políticas ecologistas. No están actuando para llegar y controlar que el agua no sea una mercancía. Vemos cómo el Fondo Mundial para la Naturaleza y Coca-Cola llevan desde los años '70 financiados por ellos.

Usted también denunció el caso de la presa de Ricobayo en Zamora, ¿qué sucedió?

Se vació la presa en agosto del año pasado. El exsenador constituyente Luis Rodríguez Sanleón junto con su abogada zamorana Pilar Calvo interpusieron una denuncia en el Juzgado de Guardia de Zamora tras pasar dicha presa de un nivel del 65% a un 12%, dejando a los pueblos de la zona, agricultores y puerto deportivo sin agua. Se interpuso la denuncia ese mes en el Juzgado de Zamora donde había una jueza sustituta que abrió diligencias. Cuando se investigó, llamó a declarar a Iberdrola, pero nunca acudieron. Además, esta jueza sustituta fue relevada sorprendemente ya que la jueza titular, que era concejal de Ciudadanos en León, solicitó el reingreso a su plaza, dándose el triste momento que a las pocas semanas se cerró el expediente.

Ahora mismo hemos tenido que elevar el caso a la Audiencia Provincial para que sigan investigando, ya que dicen que no ven indicios de daño medioambiental, pero tampoco su señoría se ha pronunciado sobre el dato de que Iberdrola tenía caducada la concesión. Se pidió acceso a la comisión de desembalse y no permitieron que se accediese a esas actas. El Ministerio de Medio Ambiente en contra de la normativa hizo un expediente exculpatorio y lo aportó, hecho que denunciamos como irregular. Pedimos que se llevara a declarar a los funcionarios por prevaricación y se archivó la petición.

Castilla y León destaca por su sector primario. Sin agua, ¿qué les espera a agricultores y demás trabajadores que dependen de los recursos hídricos?

Las políticas ecologistas están exterminando a los agricultores y haciendo todo lo posible para que abandonen el campo y generar una gran hambruna. También se busca que haya control sobre esa producción por parte de las grandes empresas ya predeterminadas. Por ello necesitan que 'nuestros guardianes del territorio' que son los agricultores de la España rural desaparezcan de allí. El objetivo es echarlos, aburrirlos y desplazarlos a ciudades donde es más fácil controlarlos y volverlos consumidores sometiéndolos a la presión de estos últimos años.

En los últimos 15 años se han demolido 180 presas en Castilla y León. ¿Qué se persigue con esta medida?

Se busca que exista el agua que ellos ya tienen aprobada en las concesiones de los planes hidrológicos. No te pueden consentir que tengas derechos históricos. Buscan dejar lo que ellos ya tienen previamente pactado por parte de las confederaciones hidrográficas y en connivencia con los fondos de inversión que van a gestionar ese agua en alta, que tienen aprobadas tanto en planificación y comisaría de aguas. Por eso necesitan eliminar las presas antiguas y azudes para que solamente queden las que están controladas por ellos.