La Junta denuncia en Bruselas que la "sobreprotección" del lobo ha provocado la pérdida de 5.000 cabezas de ganado en 2022

La Junta de Castilla y León ha denunciado este miércoles en el Comité de las Regiones de la Unión Europea la "sobreprotección" del lobo por parte del Gobierno de España. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha achacado a la regulación, a su juicio, excesivamente protectora del Ejecutivo que en 2022 "hayan aumentado un 20%" los daños y se hayan perdido "5.000 cabezas de ganado" por los ataques de este carnívoro en la Comunidad.

Quiñones ha denunciado que el Gobierno de España "ha endurecido la protección del lobo" en un momento en el que en Europa se aboga por "flexibilizar" la normativa. "Al norte del Río Duero nos hurtó esas competencias y he venido a denunciar esta situación", ha afirmado, confiando en que un cambio de Gobierno el próximo 23 de julio acabe con esa "sobreprotección del lobo". El consejero ha denunciado que existe "una falta de justicia" y que la ausencia de conflicto exige que se vuelva "a una situación de equilibrio".

"Si mantenemos cuatro años más este régimen va a ser la debacle para el medio rural y va a ser un empobrecimiento de nuestra capacidad de producir alimentos de calidad y un desastre para la economía y la sociedad española", ha afirmado, confiando en una victoria del Partido Popular en las elecciones generales que revierta esta situación.

Quiñones ha recordado que el deabte sobre los problemas que causan los grandes carnívoros a la agricultura y la ganadería se está produciendo "de forma muy intensa" en Europa y ha señalado que en septiembre de 2022 el Parlamento Europeo dictó una resolución en este sentido. "Por amplia mayoría se instó a los estados a que reflexionasen sobre lo que estaba pasando con las interacciones de los grandes carnívoros con la agricultura, la ganadería y la seguridad de las personas", ha afirmado. 

Además, ha añadido que el pasado 26 y 27 de junio, en el Consejo Europeo de Agricultura, se puso de manifiesto, a instancias de Rumanía, "la necesidad de avanzar y tomar decisiones en este problema". "Fue secundado por hasta 11 países pero el Gobierno español mantiene una posición distante y distinta a la defensa de la ganadería", ha recalcado, insistiendo en que ha acudido a Bruselas para poner de manifiesto el "total desacuerdo" de la Junta con la política del Gobierno de España. "Lamentablemente tenemos que apoyarnos en otros gobiernos que se alinearon en la defensa de la flexibilidad", ha zanjado.