Pollán denuncia la "injerencia" del Gobierno en la tramitación de la Ley de Concordia y le acusa de "vulnerar la separación de poderes"

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha rechazado este martes la "intromisión" del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la tramitación de la proposición de Ley de Concordia.

Las Cortes han informado de que, a través de una carta remitida este lunes al presidente de las Cortes, el ministro hacía referencia al informe elaborado por relatores de la ONU, en el que estos solicitan al Gobierno y a las autoridades legislativas de España a adoptar las medidas necesarias para preservar "la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos". Además, el ministro pedía al presidente que diese traslado de la comunicación a los grupos parlamentarios.

Ante estas exigencias, Pollán ha denunciado el "uso partidista" del Gobierno central, al que ha acusado de vulnerar "el principio de la separación de poderes". El presidente ha considerado que el Ejecutivo está tratando de influir en un procedimiento legislativo en curso, "despreciando la autonomía legislativa" de las Cortes de Castilla y León.

Pollán ha calificado estos hechos como "muy graves y sin precedentes". En contra de las insinuaciones del ministro Torres, el presidente ha afirmado que la actuación legislativa de la cámara "se ajusta siempre al ordenamiento jurídico vigente, incluyendo la normativa internacional que sea de aplicación".

También ha recordado que el espíritu de los proponentes de la Ley de Concordia es el "reconocimiento de todas las víctimas, la no discriminación de nadie por expresar sus ideas y la protección del patrimonio artístico y cultural".

El Gobierno se muestra "abierto al diálogo y a la negociación"

El Gobierno de España, por su parte, se ha mostrado este martes "abierto al diálogo y a la negociación" con la Comunidad Valenciana y con Castilla y León tras el anuncio de la apertura de un procedimiento de diálogo con Aragón, donde la norma ya se ha aprobado, para buscar un acuerdo en materia de memoria democrática. El objetivo del Ejecutivo es que "las dificultades de constitucionalidad que ahora se aprecian puedan ser corregidas y garantizar así el cumplimiento de los principios internacionales de derechos humanos".

El Gobierno ha advertido que, de mantenerse las proposiciones de Ley de Castilla y León y la Comunidad Valenciana "en el sentido actual", y llegar a aprobarse como leyes, el Gobierno "procederá del mismo modo" que en el caso aragonés y solicitaría la apertura del procedimiento del artículo 33.2 de la LOTC para "reclamar las adaptaciones necesarias".