Quiñones exige al Gobierno una "financiación adecuada" contra la despoblación, que valore "la dispersión y el envejecimiento"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado este lunes en las Cortes que el Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Demográfica y Desarrollo del Medio Rural de Castilla y León “está en fase elaboración”, en el marco de su tramitación, que abordará la regulación de ambas materias y que, ha defendido, “dado su carácter transversal, corresponden al ámbito competencial de todas o casi todas las consejerías”.

Así se ha pronunciado Suárez-Quiñones durante su comparecencia en las Cortes para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, en la que transmitió, igualmente, que este “enorme esfuerzo autonómico” se debe complementar “de una financiación estatal adecuada que valore la extensión, la dispersión y el envejecimiento de la población”. “Una financiación justa pendiente en nuestra democracia, que el Gobierno de España no ha acometido en seis años de gobierno”, ha reprochado al Ejecutivo estatal.

El consejero ha recordado que en esta legislatura se ha creado, por decreto, el Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León, cuya finalidad es “servir como cauce de participación y colaboración de las instituciones, personas y agentes sociales de Castilla y León en la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas que lleve a cabo la Administración”. Además, ha recordado que la Junta continúa con la participación en los órganos europeos, interautonómicos y nacionales al efecto.

Suárez-Quiñones ha señalado que el 15,82 por ciento de los Presupuestos de la Comunidad, es decir, 2.303,69 millones de euros, están destinados “específicamente” a 676 proyectos o actuaciones referentes a aspectos demográficos y territoriales.

“Las personas tienen derecho a vivir donde quieran. Estamos seguros de que muchos de los castellanos y leoneses que viven en otros territorios, y personas que no son castellanos ni leoneses, desean vivir en nuestro territorio, por su riqueza, patrimonio, y calidad de vida. Trabajamos en numerosas medidas de atracción”, apuntó durante la comparecencia.

A su juicio, una de las contribuciones “más importantes” para la atracción de población es la creación de empleo, especialmente en el medio rural. Para su promoción, ha dicho, es “esencial una adecuada política de suelo industrial”. Es por ello que, a través de los instrumentos de ordenación del territorio de los planes y proyectos regionales de ámbito territorial, en coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda, la Junta impulsa, a través de la empresa pública Somacyl, con una inversión de más de 180 millones de euros, la ampliación en más de 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial de Castilla y León, en las nueve provincias.

Quiñones denuncia que el Gobierno ha sustituido dos aviones en Zamora por un “pequeño helicóptero” 

Quiñones denunció hoy que el Gobierno central ha sustituido dos aviones de carga de agua en Zamora por un “pequeño helicóptero” de 900 litros, lo que ha reducido la potencia de litros de descarga para la extinción de incendios forestales. Por este motivo, y “ante la mucha preocupación” del departamento, el consejero envío el pasado viernes una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Teresa Ribera, para reclamar que “devuelva los medios que corresponden a Castilla y León”.

Durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, Suárez-Quiñones señaló que han disminuido estos medios que “afectan a toda España, pero sobre todo a Castilla y León”, y que supone una potencia de litros de descarga que ha pasado de 80.700 litros en 2018 a los 68.800 actuales de medios del Estado. “Llámense dificultades que tengan para contratar, llámense como sea, pero tenemos una disminución de medios”, reprochó.

En este sentido, instó al procurador socialista José Luis Vázquez a “”interceder” con la vicepresidenta “para que vuelva a darnos los medios”. “Como ve, no he dado una rueda de prensa para poner a escurrir al Gobierno, cuando ellos vinieron en 2022 a hacer responsable a la Junta de la situación de los incendios. La política de incendios no debe estar en el debate político. Nosotros somos diferentes. El camino es la concertación y una carta discreta”, concluyó.

La Junta adoptará medidas normativas sobre las viviendas de uso turístico

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio adoptará “alguna medida normativa” en materia de viviendas de uso turístico “porque su proliferación tiene efectos directos sobre el mercado local habitual y permanente”, ya que “está reduciendo la oferta de viviendas con el consiguiente encarecimiento de la misma”.

Suárez-Quiñones mencionó además los “negativos efectos secundarios que provocan” estas viviendas “en el corazón de las ciudades”, como el “deterioro de la convivencia vecinal, la proliferación de actividades turísticas y de ocio, que rompen el equilibrio del entorno urbano, la transformación social de las zonas afectadas por la pérdida de residentes y la saturación de las infraestructuras y servicios de la ciudad, entre otros”.

Por ello, avanzó que “se sujetarán a previa licencia los cambios de uso de viviendas existentes” y se establecerá el carácter temporal de esas licencias, para el que su departamento propone un plazo de cinco años. También habló de “habilitar” al planeamiento urbanístico municipal para que pueda identificar las áreas donde la alta concentración de estas VUT “genere problemas de acceso a la vivienda o ponga en riesgo el equilibrio del entorno urbano”; y defendió la incorporación al régimen legal de infracciones y sanciones el supuesto de cambio de uso de vivienda a VUT sin licencia urbanística municipal.

Otra de las medidas será una moratoria para la concesión de licencias a nuevas VUT (en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, durante el tiempo necesario para que un estudio elaborado por la consejería pueda delimitar los ámbitos donde se produzca una saturación de VUT con los consiguientes perjuicios para el acceso a la vivienda permanente).

Las viviendas de uso turístico tomaron protagonismo en una comparecencia que el consejero desgranó en varias materias, dada la amplitud del departamento. Así, además, sostuvo que mientras la Junta “avanza en una reforma de la Ley del Derecho a la Vivienda”, en cuyo anteproyecto sigue trabajando, se han realizado “importantes modificaciones normativas dirigidas a facilitar el incremento de la oferta de vivienda en la Comunidad, así como su acceso a los jóvenes y grupos vulnerables y aprovechar al máximo los fondos europeos.

Entre algunas de ellas, destacó las viviendas colaborativas o ‘cohousing’ como nueva modalidad de VPP y posibilitar su edificación en suelos dotacionales, entre las que informó que hoy se ha licitado en la Plataforma de Contratación del Estado las 100 previstas en León, con las que se termina el proceso de licitación. También subrayó que ha posibilitado la promoción de VPP para el uso de terceros en el medio rural y no sólo para la autopromoción o uso propio.

Suárez-Quiñones se refirió, igualmente, a los beneficios fiscales y las “mejoras” introducidas en las ayudas al alquiler, marco en el que hay 318 beneficiarios en el programa de ayuda para arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida

Entre otras medidas, puso énfasis en la puesta en marcha del Plan de Acceso a la Vivienda Para Jóvenes (Tuya), integrado por medidas de ayuda a la compra y al alquiler, para incrementar el parque público de alquiler y beneficios fiscales. Para la compra, de la que se pueden beneficiar jóvenes de hasta 36 años, se estima una reducción en un 20 por ciento del precio de las viviendas de promoción pública, en municipios del medio rural. La previsión de la legislatura es alcanzar las 500 viviendas, con una inversión de 53 millones de euros y un coste de la reducción de 24.000 euros por inmueble.

Actualmente, dijo, Somacyl está promoviendo 377 viviendas en 21 municipios. En 2023 han terminado las de Aguilar de Campoo (19) y Guijuelo (16) y en 2024 terminarán 92 viviendas en seis promociones. El resto se licitarán en 2024.

Sobre la línea de garantías ‘Mi Primera Vivienda’, que incluye avales del 17,5 por ciento del préstamo hipotecario para facilitar la compra de vivienda libre o protegida, en cualquier municipio, la previsión de legislatura es de 5.000 avales, con ocho millones de euros y un precio de la vivienda de hasta 240.000 euros. Hasta ahora se han tramitado 2.809 solicitudes y se han formalizado más de 609 hipotecas bajo esta fórmula.

El consejero se refirió también al “impulso” del programa Rehabitare. En estos dos años se han intervenido en 450 de ellas (por un importe de 20,8 millones) previéndose hasta el final de la Legislatura intervenir en otras 294 (por un importe de 26,1 millones).

En cuanto a la mejora de las condiciones de las ayudas al alquiler cuando sus destinatarios sean jóvenes, Suárez-Quiñones expuso que la previsión de esta legislatura es alcanzar los 20.000 jóvenes, por importe de 50 millones de euros. Además, se suma la gestión de la convocatoria del Bono Alquiler Joven, una ayuda de hasta 250 euros al mes durante dos años para jóvenes con ingresos hasta tres veces el IPREM, con un balance hasta ahora de 3.827 jóvenes y un desembolso de 21,6 millones.

Parque público de alquiler

El consejero también detalló que su departamento está incrementando el parque público en alquiler mediante varias políticas. La primera de ellas es la construcción de viviendas, con 1.088 en cohousing, por 150 millones (54,4 de ellos de fondos UE); la segunda, la compra de un centenar de viviendas por 10 millones de euros cofinanciados; la tercera, la rehabilitación de 560 inmuebles por 50 millones; las mencionadas de Rehabitare; la rehabilitación -con criterios de eficiencia energética- de viviendas titularidad de la Junta para su incorporación y destino al parque público de alquiler social; 133 de los camineros, por 18,8 millones (Fondos REACT-UE) y otras 137 viviendas en Villalón de Campos, Ólvega, San Pedro Manrique y en Valladolid-Puente Colgante.

Por último, el consejero anunció la puesta en marcha del nuevo programa de vivienda para localidades en zonas del medio rural con dinámica industrial o de servicios en alquiler, que anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Debate de Política General celebrado el pasado mes de junio. Se trata de zonas del medio rural con dinámica industrial o de servicios que “pueda verse frenada por falta de vivienda, lo que afecta no sólo a la actividad económica en el medio rural sino a la fijación de población”.

En ejecución de este programa, que está ultimando la documentación jurídica correspondiente, se prevén construir inicialmente unas 250 viviendas sostenibles de promoción y titularidad pública para alquilarlas a empresas y grupos de empresas que se adhieran al programa, a fin de que se las faciliten a sus trabajadores. Se trata de viviendas levantadas sobre terrenos preferentemente de titularidad municipal. “Es un sistema sin esfuerzo presupuestario, sino con un modelo financiero que permita su sostenibilidad al margen del presupuesto de la Comunidad”, defendió.

De inicio, la Junta plantea lugares como Aguilar de Campoo, Guijuelo, Ólvega o la Ribera del Duero, y otras zonas a determinar en función de la demanda de las empresas, con una inversión estimada de 32 millones de euros hasta 2030.

Los grupos Socialista y Mixto reprochan los “incumplimientos” de Quiñones

Los grupos Socialista y Mixto reprocharon hoy al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, los “incumplimientos” de su departamento, y le afearon principalmente la “nula” política en materia demográfica. “En una comparecencia de 46 folios, solo uno y medio para el principal problema de Castilla y León”, sentenció el procurador socialista José Luis Vázquez; mientras que el ex de Ciudadanos, Francisco Igea, criticó que la Junta “anuncia para cada enero” la “prometida” ley de dinamización demográfica.

En esta materia, Igea profundizó que el consejero “ha llegado a decir que hay que tomar esto en serio en Europa” y urgió la creación de una vicepresidencia en la Comisión, sobre lo que el procurador ironizó que “ya existe” y que incluso en la anterior legislatura visitó Castilla y León.

Asimismo, Vázquez, que empezó su discurso con un ‘Bonjour a tous’ por el resultado de las legislativas francesas, ironizó “qué vaya dos años ha llevado esta Consejería y qué mal para la Comunidad”. “Sus incumplimientos de leyes y sentencias han bendecido el negacionismo de la ultraderecha del cambio climático. Este fanatismo no está de moda”, apuntó el procurador socialista, quien aseguró que “tendría que haber defendido a Castilla y León del cambio climático, favorecer el acceso a la vivienda y la creación de empleo sostenible, competencias de la Junta” que, prosiguió, “ha contado en cinco años con más de 16.000 millones de euros que los siete años del PP de Rajoy”.

Sobre la política forestal, achacó a la “negligente gestión el agravamiento de los incendios” y pidió una operativo “público”. También recordó que la Junta “tiene contabilizada más del 60 por ciento de aguas subterráneas como contaminado”.

Vázquez explicó que los propios funcionarios ambientales de la Junta “requieren que se aumente el personal para cumplir la ley” y recordó que el Consejo de Cuentas “ha reprochado a la Consejería la irrelevancia de la estrategia de cambio climático”. También acusó a la Junta de “modificar la ley de ruido a escondidas de los ayuntamientos”; y de no contar con “políticas de vivienda propia”.

Por su parte, Igea ironizó que “mañana acaban las comparecencias con la traca final”, en referencia al vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el “anuncio de fin de Gobierno”. Sobre la comparecencia, señaló que es “difícil aunar tantos fracasos en una sola consejería” y que es la legislatura “más catastrófica de los últimos lustros y décadas, no solo por la magnitud de la destrucción forestal, sino por las aguas, los acuíferos, la política contra la contaminación ambiental, ruido, reciclaje, etc, y no hay ningún aspecto de políticas medioambientales que no pueda destacar porque no sea un fracaso”.

Sobre vivienda, Igea consideró que Suárez-Quiñones “ha intentando enmascarar con atropelladas cifras que estamos muy lejos de las políticas de vivienda de Europa, que no llega al uno por ciento de vivienda de alquiler público, cuando otros países están por encima del diez por ciento”. “Son cifras misérrimas. Llevamos años sin construir vivienda pública en la Comunidad y hoy se presenta un intento de disimular un fracaso”, expuso.

Por su parte, la procuradora Vanessa García, del Grupo UPL-Soria Ya, centró su intervención en “lo que la Consejería ha dejado de hacer en la provincia de Soria”. Así, denunció la “contaminación hídrica en Ágreda y Ólvega” y urgió la “modernización de las infraestructuras para garantizar la depuración de aguas”.

También lanzó una petición en materia de polígonos logísticos, con una propuesta para un “polo” en el Moncayo, que recordó que en otras ocasiones “fue rechazada por PP y Vox”. García solicitó una “avioneta” para la extinción de incendios en El Amogable, para la que la inversión de la Junta “sería menor en medios aéreos que la restauración de la superficie calcinada”. “Se lo piden los profesionales sorianos”, trasladó.

José Antonio Palomo, de Vox, realizó una “valoración positiva” del balance de la Consejería “porque se cumplen los compromisos adquiridos marcados en el acuerdo con el PP”, como ocurre con la prevención y extinción de incendios, “con uno de los operativos más importante de España, duplicando el presupuesto”, si bien matizó que su grupo parlamentario “no se relaja”.

Otro de los compromisos, prosiguió, es “dotar de un suministro de cantidad y calidad de agua suficiente para los 2.248 municipios”; y sobre vivienda, destacó el “ascenso continuo en el presupuesto”, y que permite al Gobierno de coalición “cumplir con las ayudas al alquiler”.

Palomo sí mostró su preocupación por los macroparques eólicos y solares, para lo que apeló que “se deben proteger las zonas que históricamente han sido agrícolas y ganaderas”. “Creemos que se deben limitar sus instalaciones. El oasis de nuestra región protege a los castellanos y leoneses”, remachó.

Por último, Mércedes Cófreces, del PP, también mostró su “satisfacción” porque las actuaciones “ponen de relevancia el cumplimiento de unos objetivos que se marcaron al inicio de legislatura y que están colgados en la web de la Junta”. “Este trabajo responde a la palabra dada por este grupo parlamentario”, dijo, y resumió en cuatro aspectos esta política: “Esfuerzo importante para la vivienda y del parque público; el ciclo del agua y abastecimientos colectivos para dar soluciones a problemas y depuración de aguas residuales; el avance de la Comunidad hacia la neutralidad climática y descarbonización, con el impulso de las redes de calor; y el operativo de incendios, que cumple el compromiso con los trabajadores y con los 126 millones de euros para final de legislatura”.

Además, animó al consejero a defender el reto demográfico en Bruselas, con una “organización que defienda más a Castilla y León y con una estructura económica con programas más adecuados a lo que la Comunidad necesita, más transversal”.