La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública y otra pena de seis meses por otro delito contra la seguridad vial para Edgar G.G., en un juicio que, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León se va a celebrar el próximo lunes, 9 de octubre, en la Audiencia Provincial de Valladolid.

El acusado, había sido condenado antes por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas en dos sentencias del Juzgado de lo Penal Número 2 de Valladolid el 24 de septiembre de 2018 y el 31 de enero de 2022. En esta segura, se le privaba el derecho a conducir vehículos de motor por ocho meses en una condena que comenzaba el 8 de febrero de 2022 y finalizaba el 16 de octubre de 2022.

En un control policial para la erradicación del tráfico minorista de sustancias estupefacientes se tuvo conocimiento de que el acusado vendía estas sustancias en la ciudad del Pisuerga. La Policía confirmo, como apunta el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, apunta que el acusado realizó contactos con personas en las inmediaciones o en domicilio ubicado en la Cañada Real. También en diversos locales de ocio.

Se llevaron a cabo diferentes dispositivos policiales de vigilancia. El 28 de enero de 2022, a las 9 horas, los policías locales interceptaron el vehículo del acusado en la calle San Juan de Dios de Valladolid, realizando un control de alcoholemia al conductor Edgar G.G. al que intervinieron un blic con pastillas de Dorazapan, una bolsa con dos pastillas de éxtasis, bolsas con cocaína y demás sustancias.

En otro registro, el 9 de mayo de 2022, el acusado fue cazado también con speed hasta que el pasado 2 de junio de 2022, se autorizó judicialmente la entrada y registro del domicilio de Edgar que se acabaría llevando a cabo el 3 de junio de 2022.

En dicho registro de la vivienda se encontraron siete trozos de hongos, ketamina, varios fragmentos de sustancia granulada MDMA con un peso bruto de 1,2 gramos, hachís, y demás sustancias estupefacientes intervenidas.

El valor de la droga intervenida ascendería a los 4.815,56 euros en el mercado ilícito nacional y tras ser intervenidas fueron remitidas al Área de Sanidad para su análisis.

El acusado había sido condenado  a la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses, siendo la fecha de cumplimiento de 8 de febrero de 2022 y hasta el 6 de octubre de 2022.

Los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por el que el Ministerio Fiscal pide cuatro años y medio de cárcel y otro contra la seguridad vial, por el que le pide seis meses de cárcel. Un total de cinco años de prisión.